Una estrategia de alianzas políticas que respalde la consolidación fiscal

El programa de estabilidad fía el cumplimiento de los objetivos al crecimiento, así como al aumento de ingresos de la reforma fiscal

La revisión del Programa de Estabilidad que el Gobierno envió ayer a Bruselas fija una senda de ajuste presupuestario que puede calificarse de “ambiciosa”, como el documento reconoce expresamente. La hoja de ruta incluye la recuperación de la semirreforma fiscal que Pedro Sánchez trató de aprobar en su plan presupuestario de 2019, y que fue rechazada por el Parlamento, como una de las piezas para lograr que España alcance en 2022 el superávit en las cuentas públicas. Los números del Gobierno pasan por elevar la presión fiscal desde el 35,1% de 2018 hasta el 37,3% en 2022, lo que se traducirá en un incremento de impuestos por valor de 26.000 millones. El documento, que traslada a 2020 la aplicación de la reforma tributaria, fía el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal al buen desempeño de la economía, así como al aumento de recursos que traerá consigo el alza impositiva. El paquete de medidas tributarias incluye una subida del Impuesto sobre Sociedades, una rebaja del tipo para pymes, un aumento selectivo del IRPF, la denominada fiscalidad verde, la rebaja del IVA a los servicios veterinarios y al libro electrónico, un incremento en el Impuesto sobre Patrimonio y la creación de las tasas Google y Tobin, además de medidas de lucha contra el fraude.

Aunque Airef calificó ayer las previsiones que el Gobierno ha enviado a Bruselas de “prudentes”, en la coyuntura política que vive España y en el entorno macroeconómico global coexiste más de un elemento de incertidumbre que puede dificultar cumplir el plan de estabilidad. Pese al buen comportamiento de la actividad durante el primer trimestre del año, las posibilidades de que haya que afrontar una desaceleración más intensa de lo previsto para los próximos ejercicios no pueden descartarse todavía, como tampoco el efecto que acaben teniendo en el crecimiento europeo incógnitas geopolíticas todavía sin despejar, como la del Brexit. También hay que vigilar el efecto que pueda tener en la demanda interna, especialmente en el consumo, el importante aumento de presión fiscal que el Gobierno contempla para 2020, y que incluye impuestos de incierta eficacia recaudatoria, como el que gravará las transacciones financieras. El controlado margen de gasto público que exige una ruta de consolidación fiscal como la prevista requiere además que el Gobierno busque alianzas políticas con socios capaces de respaldar la tarea que el nuevo Ejecutivo tiene por delante: lograr completar el saneamiento financiero que España necesita no solo para cumplir con los compromisos de Bruselas, sino para alimentar un crecimiento económico sostenido y sostenible.

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