La Operación Chamartín se la juega a un pleno extraordinario en mayo

Carmena está a la espera del informe ambiental del Gobierno regional

Vista de las Cuatro Torres y la Estación de Chamartín en Madrid.
Vista de las Cuatro Torres y la Estación de Chamartín en Madrid.

Tras más de 25 años sin concretar la Operación Chamartín, el Ayuntamiento de Madrid y la empresa Distrito Castellana Norte —propietaria de gran parte de los terrenos— ven cómo se agota una nueva legislatura sin una aprobación del macropoyecto urbanístico. Hoy se celebrará la última Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible municipal antes de las elecciones locales sin que aparezca en el orden del día la ratificación del plan, lo que conlleva a que únicamente se podría aprobar en mayo en un pleno extraordinario, una situación a la que se abre ahora el equipo de la alcaldesa Manuela Carmena. En medio, una campaña electoral que puede trastocar lo que hasta la fecha era un consenso político.

La operación, conocida ahora como Madrid Nuevo Norte, está pendiente únicamente del informe ambiental que debe remitir la Comunidad de Madrid al Ayuntamiento, un documento que se esperaba que pudiese llegar antes de la última comisión de urbanismo pero que no ha sido enviado y que ha provocado una nueva guerra entre el Gobierno regional (PP) y el municipal (Ahora Madrid).

El Ejecutivo regional, encabezado desde el 11 de abril por Pedro Rollán, culpa a Carmena de haber remitido muy tarde, el 21 de marzo, la documentación sobre Madrid Nuevo Norte después de meses de tramitación, lo que hace prácticamente imposible que el informe medioambiental se elabore a tiempo, ya que es un trámite que puede durar hasta cuatro meses.

Desde el Ayuntamiento se ve con recelo la demora del informe, en un periodo de guerra electoral que podría bloquear hasta la siguiente legislatura la ratificación municipal del proyecto. Aunque Carmena apuntó a que no habría pleno extraordinario en mayo para aprobar la operación, finalmente es ya la única posibilidad. “No descartamos convocar un pleno extraordinario si llega el informe a tiempo para aprobarlo antes de que finalice el mandato”, reconoce José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, en declaraciones a Telemadrid.

Las fuentes consultadas indican que el informe medioambiental de la Comunidad de Madrid está prácticamente concluido a falta de una parte encargada al Canal de Isabel II, que previsiblemente estará lista en los próximos días. Si es así, Carmena podrá convocar el pleno extraordinario antes de las elecciones locales del 26 de mayo.

Ese pleno tiene ciertos riesgos políticos. La exalcaldesa Ana Botella también preveía ratificar la operación en mayo de 2015 en otro extraordinario, aunque finalmente se echó atrás por la negativa de la entonces candidata popular Esperanza Aguirre. Para Carmena supondría el rechazo de parte de su propio equipo y ver cómo los concejales que se presentarán en la candidatura de Madrid en Pie (IU y Anticapitalistas) hacen del debate un casus belli en plena campaña electoral. Sin embargo, contaría con el apoyo de PP, Ciudadanos y PSOE. Una vez obtenida la luz verde municipal, el proyecto regresaría a la Comunidad de Madrid para la ratificación definitiva, que en todo caso llegará la próxima legislatura.

Los datos del macroproyecto

Operación. El último plan fue impulsado por Carmena a partir de 2016 tras rechazar el anterior ideado por el PP. En verano de 2018 presentó la última propuesta, vigente, tras un pacto con la empresa Distrito Castellana Norte (DCN) y el Ministerio de Fomento,

Cifras. En ese nuevo barrio serán construidas 10.485 viviendas, además de alrededor de 1,5 millones de metros cuadrados de oficinas y otros 103.119 metros cuadrados de uso comercial, con una inversión en desarrollos de alrededor de 6.000 millones de euros en los 20 años en los que se alargará el proyecto.
Implicados. DCN es propiedad al 75% de BBVA y al 25% de Grupo San José. Esta empresa dispone de los derechos de los terrenos del administrador ferroviario Adif, en las inmediaciones de la Estación de Chamartín, por los que pagará más de 1.200 millones cuando se ratifique la operación.

Si no se aprueba por el pleno, el proyecto vuelve a quedar en el aire a la espera del siguiente Consistorio, en el que los candidatos de Ciudadanos, Begoña Villacís, y de PSOE, Pepu Hernández, han proclamado que harían cambios al plan, de nuevo, después de 25 años.

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