El impacto por alquileres reduce el patrimonio neto de IAG en 550 millones
El ebitda aumenta un 22% hasta los 5.481 millones y el beneficio de las operaciones aumenta en 255 millones, hasta los 3.485 millones de euros
El grupo AIG, matriz de las aerolíneas Iberia, British Airways y Vueling, publicó ayer el efecto que ha tenido en sus estados financieros del ejercicio 2018 la aplicación de la nueva normativa contable NIIF 16 por los alquileres de sus aeronaves, inmuebles y otros equipos.
De esta forma, el impacto más destacado se produce en la deuda neta, que incrementa en 5.130 millones de euros (hasta los 26.444 millones) respecto a la registrada al cierre de 2018, aunque se trata de una partida de gastos ya anunciada el pasado mes de febrero con la publicación de resultados. No obstante, hoy el grupo ha desglosado nuevos impactos, como el patrimonio neto, que se reduce en 550 millones (hasta 6.170 millones) y los préstamos a largo plazo con intereses que aumentan en 4.315 millones (hasta los 10.948).
La compañía de aerolíneas ha explicado en un documento, remitido a la CNMV, que estas estimaciones en las cuentas aún no están auditadas y destaca que los principales cambios en los resultados del ejercicio de 2018 en adopción de la NIIF 16 se han producido en los préstamos a largo plazo, en el gasto en operaciones y en los costes financieros, ya que “los costes de arrendamiento operativo se reemplazan con la depreciación y el gasto por intereses de arrendamiento”. Precisamente, la deuda neta se incrementa en 5.130 millones por el aumento de los intereses de los arrendamientos a largo plazo, que suman 4.315 millones de pasivos.
Por otro lado, el ebitda del grupo registra un impacto positivo del 22% al sumar 997 millones (pasa de 4.484 millones a 5.481) y el beneficio de operaciones aumenta en 255 millones hasta los 3.485 y se mantienen en línea con los 3.230 millones de euros registrados en 2018. Por su parte, el impacto en el beneficio neto apenas sufre modificaciones, y se reduce un 2,4%, en 59 millones de euros, desde los 2.481 millones contabilizados en el ejercicio 2018 hasta los 2.422 estimados tras la aplicación de la normativa de alquileres.
La IASB (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, por sus siglas en inglés) aprobó la NIIF 16 para que se comenzara a aplicar a partir de 2019. Anteriormente, los arrendamientos financieros se apuntaban como gasto en la cuenta de resultados, pero ahora las empresas cotizadas (y las que tienen deuda cotizada) deben incorporar el valor de los alquileres y el leasing de inmuebles, vehículos o equipos como deuda. La obligación financiera se apunta como pasivo, a la vez que el derecho de uso se trata como un activo.
Esto significa que si, por ejemplo, una compañía desembolsa 100 millones de euros al año por los alquileres de sus oficinas o vehículos (o aeronaves en el caso de IAG), en un contrato vigente por cinco años, deberá sumar 500 millones al pasivo. Sin embargo, la amortización de estos contratos se computa fuera del ebitda, por lo que en ese aspecto las compañías se pueden ver beneficiadas.
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