La Audiencia Nacional da un respiro a Ence por su fábrica de Pontevedra

Los jueces deciden seguir adelante con el proceso pese al allanamiento del Estado

Imagen de la planta de Ence en la ría de Pontevedra.
Imagen de la planta de Ence en la ría de Pontevedra.

La Audiencia Nacional ha decido seguir adelante con el procedimiento judicial abierto por la demanda presentada por el Concello de Pontevedra sobre la prórroga de la concesión de la fábrica de Ence en Pontevedra, pese al escrito de allanamiento presentado el día 8 de marzo por la Dirección General de Costas, según ha comunicado la propia compañía. En este sentido, la Audiencia Nacional mediante resolución judicial ha otorgado plazo a Ence y al comité de empresa de Ence, recientemente personado en el procedimiento, para que formulen contestación a la demanda del Concello.

La compañía considera que esta decisión de la Audiencia Nacional constituye "una buena noticia para las más de 5.000 familias de Galicia, muchas de ellas del ámbito rural, que dependen directamente de la actividad de la biofábrica de Pontevedra". Así mismo, Ence estima que la continuación del procedimiento es positivo para las miles de empresas que se podrían ver afectadas por el cambio de criterio de la Dirección General de Costas en relación a la validez del reglamento de la Ley de Costas.

El Gobierno central decidió que la Abogacía del Estado no defendiera la prórroga hata 2073 de la concesión de la planta, decidida en 2016 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que ha sido recurrida por plataformas vecinales, ecologistas y el Ayuntamiento de la ciudad. El riesgo más inminente era que los jueces decidieran no seguir adelante con el proceso y diesen la razón a los recurrentes, al haberse allanado el Estado. Ahora, pese a que el proceso sigue adelante, la diferencia es que Ence no cuenta ya con la defensa de la Administración General del Estado y, por lo tanto, su posición es menos sólida que hace unos meses.

Ence señaló recientemente que en caso de que las acciones judiciales llevadas a cabo por la empresa para defender al prórroga no tuviesen éxito y no se encontrara "una alternativa aceptable" que permitiera la continuidad de la planta, ésta debería cesar su actividad. El impacto de este escenario, que la empresa considera improbable, sería un coste extraordinario de 185 millones de euros. Ence obtuvo un Ebitda de 291 millones de euros en 2018, de los que 245 millones correspondieron al negocio de la celulosa, y 99 procedían de la planta pontevedresa.

Ence asegura que su actividad empresarial constituye "un ejemplo de contribución a la bioeconomía, la economía circular y la sostenibilidad". "La actividad industrial de Ence se rige por los más altos estándares de responsabilidad medioambiental y los parámetros de sus plantas mejoran ampliamente las más exigentes normas y autorizaciones ambientales europeas y españolas", añade.

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