La potestad fiscal autonómica limitará la aplicación de las promesas electorales del 28A

A&G advierte que parte de las promesas electorales de todos los partidos dependerán de su aceptación entre las comunidades

Preparativos para una de las conferencias de presidentes autonómicos.
Preparativos para una de las conferencias de presidentes autonómicos.

Buena parte de las propuestas tributarias que los distintos partidos políticos han comenzado a presentar de cara a las elecciones generales del 28 de abril pasan por elevar, rebajar o abolir impuestos como Patrimonio, Sucesiones y Donaciones o Actos Jurídicos Documentados (AJD). Al tratarse de impuestos cedidos a las comunidades autónomas, sin embargo, dependerá en buena medida de ellas que las promesas electorales acaben teniendo algún efecto, según advirtieron ayer desde A&G Banca Privada.

Coordinar un movimiento generalizado con igual efecto en todas las regiones requeriría una reforma del actual sistema de financiación autonómica, que data de 2009. Solo el PSOE, de momento, lo ha propuesto. “Eso requiere consenso. Es complicado. Mi valoración es que no habrá reforma de la financiación autonómica salvo que haya una mayoría aplastante, algo que, mínimo, a tres o cuatro años vista es muy complicado”, expuso ayer Lucas Espada, socio del despacho Rousaud Costas Duran, al presentar el estudio Recetas fiscales para las elecciones de 2019 de la mano del director de asesoramiento patrimonial de A&G, Francisco González.

Así, está por ver, por ejemplo, que el PP pudiera suprimir los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y Actos Jurídicos Documentados, lista de la que Ciudadanos ya trató de eliminar el de Sucesiones y a la que VOX añade la plusvalía municipal. Desde A&G asumen que su objetivo no es abolir los impuestos sino imponer el modelo de Madrid, que bonifica con fuerza estos tributos, lo que deja la decisión en manos de las regiones.

Otro tanto ocurre con el intento frustrado que hizo el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez, tras pactarlo con Podemos, de incrementar el gravamen de Patrimonio cuyo objetivo de recaudación se deshinchaba un 40% solo por el hecho de que Madrid no lo aplica. También arroja dudas la intención de Podemos de coordinar una fiscalidad verde con las autonomías.

Más incidencia tendrán las urnas en la posibilidad de que IRPF o Sociedades se incrementen, como proponen el PSOE y Podemos, o se rebajen, como prometen PP, Cs y Vox, por ejemplo.

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