España rebaja su déficit fiscal por debajo del 3% por primera vez en 10 años
El Gobierno anuncia que no aprobará más decretos sociales antes del 28A y que someterá los últimos al voto de la Diputación Permanente el próximo miércoles
Los llamados "viernes sociales" han llegado a su fin. La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá ha admitido este viernes a preguntas de la prensa, que el Ejecutivo no prevé impulsar nuevos decretos ley de este tipo antes de las elecciones generales convocadas para el próximo 28 de abril.
Los decretos leyes aprobados en las últimas semanas, con las Cortes ya disueltas, serán votados por la Diputación Permanente del Parlamento el próximo miércoles cuando se decidirá si se mantienen en vigor, se tumban o son tramitados como proyecto de ley.
Las medidas incluyen la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas, como primer paso para acabar equiparándolas a las de maternidad con 12 semanas; la regularización de las cotizaciones de los cuidadores de dependientes; un paquete de medidas sobre el alquiler; la igualdad de género en las empresas o la regularización del horario de las compañías.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha detallado este viernes que las medidas sociales aprobadas suman un coste de unos 1.100 millones de euros para la Seguridad Social que se habrían visto compensados por el incremento 3.300 millones de euros en los ingresos del sistema gracias al alza del 22% de las cotizaciones mínimas (por la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros) y del 7% en las máximas.
“Los datos de déficit de 2018 muestran que España camina en la buena dirección y que cada medida de gasto que aprueba este Gobierno tiene su contrapartida en ingresos. Y ahí están los datos que lo corroboran”, ha dicho Montero, celebrando que el déficit de España acabara 2018 en el 2,63% frente al 2,7% que se venía barajando y el 3,03% de 2017.
De hecho, Montero ha aseverado que el Ejecutivo está trabajando para que el déficit culmine 2019 “no en la horquilla del 2,2% al 2,4%” que se viene barajando por parte de servicios de estudio y organismos internacionales, sino “en el 2%” del PIB pese a la dificultad de lograrlo sin Presupuestos.
Montero ha explicado que España sigue creciendo con más fuerza que el resto de la UE y prevé elevar su PIB un 2,2% este año. La cifra, ha aseverado en todo caso, puede alterarse si no hubiera nuevos Presupuestos Generales por lo que ha considerado importante que las urnas del 28A arrojen un Gobierno sólido que pueda sacar adelante las cuentas. “No es solo por estabilidad política, sino que se trata de que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado pueda producir un efecto de reducción del déficit”. Pese a ello, ha remachado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya trabaja para tratar de rebajarlo al 2% incluso si no hay nuevas cuentas para 2018 o estas tardan en aprobarse.
Precisamente, ante la falta de cuentas públicas, Montero ha aseverado que trabaja en lograr realizar el pago de las actualizaciones a cuenta de las comunidades autónomas, por valor de unos 7.000 millones de euros, si bien ha admitido que será complicado lograrlo.
Ejecución presupuestaria
El 2,63% de déficit con que acaba el año supone una reducción del agujero contable español de 4.098 millones de euros en el año y la bajar del 3% por primera vez en 10 años. El paso permitirá la salida en las próximas semanas de España del procedimiento de déficit excesivo, un club de incumplidores comunitarios del que es el último miembro.
Según la ejecución pre suputaría presentada este viernes, a cierre de 2018, la administración central cierra con un agujero de 18.121 millones (frente a los 21.528 de 2017), lo que equivale al 1,5% del PIB; mientras que las comunidades autónomas con 2.810 millones de euros en negativo (-4.12º en 2017) suman un 0,23% de déficit; y la Seguridad Social otro 1,41% con 17.088 millones de agujero (frente a 16.775 millones de 2017).
Solo las corporaciones locales logran superávit, de 6.292 millones (frente a 7.139 del ejercicio anterior), que equivalen al 0,52% del PIB. Ante esta tesitura, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy que los ayuntamientos y comunidades autónomas que cumplan los compromisos fiscales puedan reinvertir el superávit en inversión sostenible, lo que incluye sanidad, educación y otras partidas sociales.
En el campo de los ingresos tributarios de 2018, Hacienda ha recaudado 208.685 millones de euros, un 7,6% más que el año previo. En concreto, obtuvo 82.859 millones de IRPF (7,6% más); 24.838 millones de Sociedades (7,3% más); 70.177 millones de IVA (10,3% extra); 20.528 millones de impuestos especiales (1,1% adicional) y 10.283 millones de otros ingresos (4,8% superior).
De otra parte, los ingresos por cotizaciones sociales subieron un 5,4% por la mejora del empleo y la labor de inspección laboral que llevó a regularizar 100.000 empleos irregulares como indefinidos.
