Cuatro objetivos para la política tributaria
Transparencia, certeza, prevención y eficacia son las claves de cualquier sistema fiscal moderno y eficiente
En muchas ocasiones me he preguntado cuales deberían ser los objetivos de política fiscal de un país. Me estoy refiriendo ahora a la política tributaria y no a la presupuestaria. Con ánimo de sintetizar, creo que se podrían resumir en cuatro: transparencia, certeza, prevención y eficacia.
Transparencia significa visibilidad por parte del ciudadano del destino de los impuestos; ciudadano que no entiende, ni quiere entender, la letra pequeña de los Presupuestos públicos. Quiere saber algo más simple: cuánto le cuestan los diferentes servicios que directa o indirectamente el sector público le presta; es decir, cuánto paga de educación, sanidad, seguridad, justicia y un largo etcétera.
Pero ese ciudadano desea también conocer cuántos somos los que pagamos la fiesta y cómo se reparte entre todos el pastel, además de si ese coste se gestiona de forma eficiente, esto es, si su dinero no se destina a duplicidades, inversiones ociosas y otros muchos conceptos similares.
En definitiva, transparencia es informar del beneficio que para el ciudadano representa el Estado de bienestar, de su gestión eficiente y austera, y de la justa redistribución de su coste; interiorizar el valor y necesidad de lo público. Personalmente no me valen las vagas alusiones a la política y/o justicia social. Necesito que me lo concreten, individualicen, justifiquen y cuantifiquen. Pero hoy, por desgracia, transparencia es otra cosa muy distinta: es dar publicidad que transmita honestidad. Personalmente, la honestidad la presupongo. Y de no ser así, la respuesta tan solo es una: la judicial y la inhabilitación. Transparencia no es morbo por determinada información. Es lo que afecta a nuestro bolsillo. Pero no a un bolsillo genérico, sino al de cada uno de nosotros. Transparencia es conocer su importe y su gestión. Es ejemplaridad en lo público y exigencia en lo privado.
Certeza es un ordenamiento jurídico sencillo e inteligible. Que su aplicación no suscite conflictividad; que sea estable; previsible. Que huya de los conceptos jurídicamente indeterminados; que utilice el lenguaje del ciudadano medio. Que evite los privilegios y la picaresca. Y lo más importante, un ordenamiento que se perciba como justo. Certeza es minimizar los nocivos efectos de los criterios contradictorios y sus cambios judiciales. Es evitar la judicialización de los conflictos. Hoy, por desgracia, la inseguridad jurídica está en boca de todos, pero quien debe ponerle fin se olvida de ello: el legislador.
Prevención es centrar los esfuerzos en el cumplimiento voluntario y veraz. Es colaborar conjuntamente para evitar los conflictos; anticiparse a los problemas; resolverlos de forma conjunta. Es empatía y cercanía con el ciudadano. Es tenerle en cuenta; hacerle partícipe de los problemas que surgen en la aplicación de los impuestos; en las iniciativas legislativas. Hacerle sentir que es algo más que un mero obligado tributario. Que es una persona comprometida con la obligación de contribuir a la financiación de un Estado que nos beneficia a todos. Es pasar del marketing (Hacienda somos todos), a la realidad: la participación. Con derechos y obligaciones. Una colaboración en la que se discrimine positivamente a quienes cumplen. Hoy, desgraciadamente, la descripción más gráfica de lo que ocurre es la de una tensa guerra fría de confrontación, incomprensión y olvido. Auténticas vidas paralelas. Y eficacia es conseguir los objetivos de recaudación bajo la hipótesis del cumplimiento voluntario sin necesidad de que su cifra se complemente con la derivada de los conflictos propios de orientar la recaudación a objetivos cuantitativos. Estos se han de ceñir a la detección y reducción del fraude, entendido como el descubrimiento de ingresos que se han ocultado de forma intencionada a la Hacienda pública. Frente a estos, toda la crueldad del mundo. Ni pactos con la fiscalía ni ningún tipo de favor. Exclusión social y profesional. Pero ello exige certeza en las normas. Que las reglas de juego estén claras. Que no existan dudas.
Hoy, desgraciadamente, los Presupuestos se cubren por los incentivos a la recaudación cuyo origen no es imputable en su totalidad a un verdadero fraude. No se prima la reducción de lo que se denomina la brecha fiscal que ni se calcula. Apelamos, siempre, a nuestra baja presión fiscal con relación a Europa y al alto porcentaje de economía sumergida. El resultado de la lucha contra el fraude se ha de traducir en superávit presupuestario y el de la recaudación ordinaria en equilibrio presupuestario.
En definitiva, la política tributaria necesita de un cambio urgente que asiente sus bases en una nueva forma de entender la fiscalidad: empatía, cercanía, colaboración, diálogo y respecto. Los objetivos: transparencia, certeza, prevención y eficacia.
Antonio Durán-Sindreu es profesor de la UPF y socio director de DS