José Domínguez Abascal: “Estoy seguro de que las eléctricas no pondrán en riesgo el protocolo nuclear”

Considera, frente a los críticos, que el Plan de Energía y Clima no es ambicioso, “dada la gravedad del problema”. Y que un nuevo Gobierno socialista cerrará muchos de los frentes energéticos abiertos

José Domínguez Abascal, secretario de Estado de Energía.Pablo Monge

 El responsable del área energética del Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Rivera, ha demostrado una gran coordinación para sacar adelante una batería de medidas en la frontera entre la energía y el medio ambiente. José Domínguez Abascal (Sevilla, 1953), es catedrático de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. Fue secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía y responsable del desarrollo de renovables en Abengoa, empresa que presidió durante unos meses. Un gran mérito del ministerio de Ribera ha sido el protocolo que ha auspiciado para el cierre ordenado del parque nuclear entre 2027 y 2035, que han firmado las grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP), con Enresa. Pero las espadas siguen en alto.

La paz nuclear ha durado solo unas horas. El martes, después de que Endesa firmase el protocolo, la asamblea para decidir la solicitud de prórroga de Almaraz hasta 2027, acabó como el rosario de la aurora.

R.  Hay que ponerlo en contexto. Por primera vez ha sucedido algo y debemos estar contentos. Esa era la primera reunión para ver la prórroga de Almaraz tras la firma del protocolo. Pero tienen de plazo hasta el día 31 y volverán a negociar. Me habría sorprendido que se hubiesen puesto de acuerdo a la primera.

R. Pero están enrocadas: Iberdrola y Naturgy quieren poner condiciones para solicitar la renovación y Endesa lo rechaza de plano. 

R. Yo creo que se pondrán de acuerdo, tienen que hacerlo y sé que van a actuar responsablemente. El cierre de las nucleares es un problema lo bastante relevante como para que unas compañías que llevan años trabajando en España, que son parte importante del sistema y quieren seguir trabajando aquí vayan a poner en riesgo el del sistema. Estoy seguro de que eso no va a ocurrir.

R. El problema es que las condiciones sobre  Almaraz van dirigidas el ministerio y al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). De darse el caso, ¿las aceptarían?

R. De llegarse a ese punto, ya se vería lo que hacer. De momento, se ha hecho lo más importante: definir cúal es la fecha de cierre en la que ellas se sienten cómodas y la tasa de gestión de los residuos. Ha surgido un escollo en una central concreta, pero se resolverá.

R. Hay quien opina que el incremento de la tasa de Enresa (hasta un máximo del 20%) es insuficiente para el desmantelamiento.

R. Los técnicos de Enresa han analizado cómo debe ser el proceso de custodia de los residuos y han determinado el coste. No creo que debamos cuestionar esos números, pues son fruto de un análisis que, por supuesto, han hecho de forma responsable.

Hay soluciones técnicas para más de un almacén de residuos radiactivos distintos de los ATI actuales y de un ATC

R. ¿En ese cálculo se ha tenido en cuenta la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos?

R. Se incluye un almacén temporal en tanto se llega al almacenamiento definitivo. Lo que no se hace es definir exactamente el ATC proyectado hace 15 o 20 años, porque la tecnología ha cambiado. Pero sí se define un almacenamiento temporal.

R. ¿Centralizado?

R. Un almacén temporal. La forma en que se haga no está decidida.

R. Pero es importante saber si es centralizado o se mantendrán los almacenes indidividuales de cada central o ATI.

R. Estos no son necesariamente la única solución. Hay soluciones técnicas que pudieran dar lugar a más de un almacén distinto de los ATI y de un único centralizado o ATC. En cualquier caso, Enresa ha hecho los cálculos teniendo esto en cuenta.

¿Para cuándo un nuevo Plan Nacional de Residuos Radiactivos que sustituya al de 2006?

R. Enresa lo está elaborando. Las noticias que tenemos es que está muy avanzado y que en poco tiempo estará listo. Si es antes o después de las elecciones, no lo sé. Es cuestión de muy pocos meses.

R. El PP ha amenazado con denunciar la renovación del CSN.

R. El Partido Popular es libre de tomar las decisiones que estime oportunas. El Gobierno ha ejercido su responsabilidad. Tenemos en la puerta peticiones de prórroga de centrales y una modificación del plan de residuos radiactivos que requieren de un consejo en plena actividad, sin dificultades añadidas. En estos momentos, con un consejero que ya no puede asistir por haber cumplido la edad máxima y otros en prórroga, el organismo está en una situación de precariedad. En el ejercicio de sus atribuciones, la ministra pidió  al PP que propusiera algún candidato, pero este puso la extraña consideración de lo que tenían que hacer otros partidos. El Congreso ha debatido ya la propuesta de renovación del Gobierno [se prevé que este la apruebe el día 22].  

R. Las renovables les están exigiendo muchas  medidas urgentes, como si no hubiera un mañana. Por ejemplo, el decreto que desarrolla el autoconsumo.

R. Desde el primer día dejamos claro que creemos en el autoconsumo y que se dan las condiciones técnicas para que sea posible. Eliminamos el impuesto al sol y nos pusimos a trabajar en un real decreto para desarrollarlo. Este incluye no solo el autoconsumo individual, sino el compartido. El decreto está en trámite de audiencia y esperamos que pueda ser aprobado en el Consejo de Ministros antes de las elecciones.

R. También les reclaman un RDL que mantenga la actual rentabilidad de las renovables a partir 2020, a la vista de que el proyecto de ley no podrá aprobarese este año.

R. Lo hemos intentado. Hemos trabajado mucho sobre algunos textos, pese al poco tiempo del que hemos dispuesto. Pero Ciudadanos y el Partido Popular nos dijeron que no convalidarían ese real decreto-ley en el Congreso. Creemos que hay que hacerlo, por los inversores de las renovables, fundamentalmente, los de las fotovoltaicas nacionales, que no están sometidos a arbitrajes internacionales. Tenemos el compromiso de hacerlo, pero la modificación legal tiene un trámite largo, más largo que el de esta minilegislatura. No hemos llegado a tiempo para una ley y un RDL nos lo iban a bloquear. Tendremos que hacerlo en la próxima legislatura.

Pero las empresas dicen que ellas contaban con el apoyo del PP y C's

R. Nosotros hablamos directamente con los portavoces de los dos grupos y nos dijeron literalmente que no. Al parecer, a ellas les dijeron que sí. En ese caso, no tienen nada que temer, pues gobierne quien gobierne lo apoyarán, salvo que hayan dicho que sí con la boca pequeña. Las  asociaciones de las afectadas no se fían de que ese sí se mantenga en el caso de que el nuevo gobierno no sea  socialista. Si el gobierno es socialista, lo hará.

REE ha concluido ya que el cierre de las nueve centrales de carbón nacional no ponen en peligro el suministro

R. ¿Les han pedido también que convoquen  una subasta renovable para cumplir la promesa de adjudicar 3.000 MW anuales? 

R. Esta cuestión también requiere una elaboración. La producción eólica y solar son las más baratas. Y eso hay que repetirlo porque todavía hay quien cree que es muy cara. El problema es que las subastas están reguladas de una forma extrañísima, porque quien lo hizo no imaginaba que iban a ser más baratas que el precio del mercado. Hoy la cuestión es qué prima darles respecto a ese precio, porque al ser más baratas, lo más que puede salir es cero y, por tanto, el precio de mercado. Pero eso no es bueno para los consumidores. El proyecto del Gobierno es subastar el precio de la energía, logrando una compra pública para el sistema a un precio inferior al del mercado. Pero, desgraciadamente, esto requiere también de la modificación de una norma con rango de ley.

R. ¿Si repiten en el Gobierno la convocarían vía  RDL para que dé tiempo este año?

R. Claro. Mi percepción es que, dada la situación del clima, esto es urgente. Y por tanto justificaría una norma de carácter urgente.

R. ¿Qué le diría a quienes critican el PNIEC  por ser demasiado ambicioso?

R. Creemos que es un plan muy estable que, obviamente, habrá que corregir en interacción con la UE. Esta tiene unos objetivos muy alineado con los españoles, especialmente, el de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que es el más importante. Es un esfuerzo similar al de la media  de la UE.

R. Pero el menos creíble es el de eficiencia.

R. Yo creo que no. La eficiencia es casi una consecuencia. El PNIEC es un esfuerzo  pero  también una oportunidad que no debemos desaprovechar. Somos todo lo ambiciosos que podemos y todo lo menos ambicioso  dada la gravedad del problema.

R. ¿Han analizado ya la petición para cerrar las nueve centrales de carbón nacional? 

R. Ante la cadena de peticiones de cierre de las plantas de carbón nacional que, desafortunadamente, son las más contaminantes, las de menor poder calorífico y en las que a las empresas no le salen las cuentas, el ministerio ha preguntado a REE.

R. ¿Y ya ha contestado?

R. Sí. Y su respuesta es que el sistema puede soportar el cierre de estas plantas y que el suministro está garantizado. Los propietarios quieren cerrarlas; el suministro está garantizado y además tiene sentido desde un punto de vista medioambiental. Además, la participación del carbón está bajando de una manera natural, está a la misma altura que el  gas. Esto nos lleva a la transición justa, que el Gobierno ha puesto en marcha para las comarcas afectadas por el cierre de las minas y de las centrales térmicas.

R. Los operadores energéticos, REE y Enagás, han cerrado dos importantes operaciones de compra, en Hispasat y en una firma de EE UU, respectivamente. ¿Le parece normal que estas operaciones  no tengan que pasar por la CNMC?

R. En la de Enagás el Gobierno ha podido opinar, la información ha fluido. El consejo de la SEPI, que participa en el accionariado de ambas, las ha aprobado. En la de Hispasat yo he estado en la lista de personas con acceso restringido a la información.

R. No me refiero a la información, sino a que el supervisor carezca de una herramienta legal para analizar las compras de estas sociedades reguladas.

R. Seguramente, en algun momento, un Gobierno hará alguna modificación legal conducente a eso. Enagás y REE son compañías peculiares, son operadores del sistema y compañías cotizadas, con fondos de inversión en su accionariado. Dos actividades que no siempre tienen fines del todo alineados. Por tanto, alguna restricción del tipo que comenta tiene sentido.

R. ¿También la potestad para fijar ratios a la deuda de las distribuidoras que ha pedido?  

R. En ese sentido va. La sugerencia de la CNMC tiene sentido, lo que ocurre es que el tiempo del que hemos dispuesto en esta minilegislatura ha sido muy limitado.

R. El PNIEC no ha satisfecho a los cogeneradores, pues prevé para 2030 una bajada de su capacidad de 4.000 a 3.000 MW.

R. En España hay cogeneradores que venden electricidad al sistema y compran electricidad al sistema. Están haciendo algo tan ineficiente como tener electricidad en su propia planta y mandarla a la red con las pérdidas que supone. Les salen los números porque se les paga un precio significativamente alto. Deben cogenerar las plantas que necesiten calor en su proceso productivo en cuantía significativa. Si no, son menos eficientes que los ciclos combinados. Ello nos hace suponer que el 25% acabará su vida antes de 2030.

 

José Domínguez Abascal, secretario de Estado de Energía.

Dos tipos de consumidores electrointensivos y una subasta

El secretario de Energía, José Dom´ñinguez Abascal, avanza que la propuesta conjunta de los ministerios de Transición Ecológica e Industria para crear un estatuto para ayudar a la gran industria a afrontar sus costes energéticos, contará con dos categorías de usuarios: el electrointensivo y el hiperelectrointensivo.

A punto de salir a consulta pública, el decreto fija estas categorías según la energía consumida por el valor añadido bruto de la producción. A dichos consumidores “se les imponen unos derechos y unas obligaciones”, según Domínguez. Los derechos dan lugar “a un coste aceptable de la electricidad, que les permita ser más competitivo en el contexto europeo y sus obligaciones lo son respecto a emisiones, innovación y eficiencia”.

El secretario de Estado reconoce que su ministerio convocará una subasta de interrumpibilidad para el segundo semestre a celebrar en mayo y “con un nuevo formato” que permita sortear las reticencias de la UE sobre unos incentivos bajo sospecha de ser ayudas de Estado encubiertas.

El alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica descarta la recuperación de los pagos por disponibilidad que hasta medidados del año pasado recibieron las centrales de generación: "Se suspendieron y este Gobierno no los va a reanudar".