Anticorrupción pide cuatro años de cárcel para Rato por la concesión de campañas publicitarias de Bankia
El exvicepresidente del Gobierno está actualmente en prisión por el caso de las tarjetas black
La Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de cárcel y una multa de 2,5 millones de euros para el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y la misma sanción económica con tres años de cárcel para el exsecretario de Estado de Comercio y exconsejero de la entidad José Manuel Fernández Norniella por las presuntas comisiones irregulares en los contratos de publicidad que firmó Bankia.
Se trata del escrito de acusación provisional que ha dirigido la Fiscalía al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que el pasado 21 de febrero ordenó el procesamiento de Rato, Noriella y otras 15 personas así como dos mercantiles en relación a los contratos firmados por Bankia en los ejercicios 2011 y 2012 con las empresas Publicis y Zenith Media en los que habría mediado una comisión de 2,02 millones de euros.
La Fiscalía destaca que Rato aprovechó su llegada a la Presidencia de Caja Madrid en enero de 2010 para colocar dentro de la entidad a "varias personas de su máxima confianza a fin de permitirle un férreo control de la misma" y, particularmente, en todo lo relacionado con los contratos de publicidad sobre la expansión de la marca Bankia y de su salida a Bolsa, que ahora mismo está siendo juzgada en la Audiencia Nacional.
Según precisa el Ministerio Público, para sacar "provecho económico personal" de los elevados costes que sabía que iban a suponer la contratación de publicidad, Rato se sirvió de tres personas con quienes mantenía "lazos personales y profesionales" desde hacía años. A través de ellos canalizaba el cobro de comisiones, coloquialmente denominadas como "astillas", que desde las empresas contratadas por Caja Madrid abonaban, para posteriormente ser ingresadas en Kradonara, una sociedad de Rato, que presuntamente recibió 835.024 euros.
Esas personas de confianza eran: su secretaria Teresa Arellano, el administrador de las empresas familiares del expresidente de Caja Madrid, Miguel Ángel Montero, así como Norniella. La fiscal también identifica a un "grupo de presión" dentro de la Dirección General de Comunicación y Marca, que se encargaba de dicha contratación, a los acusados Alberto Portuondo (su presunto testaferro), Beatriz Colomer y Miguel Robledo.
Precisamente, el Ministerio Público reclama tres años de cárcel para Portuondo, Arellano, el abogado Domingo Plazas, y otras diez personas, entre ellas directivos de las agencias de publicidad en esas fechas. Según el relato, Portuondo, "introducido en el estricto círculo de confianza de Rato contactó a mediados de 2010" con los representantes de Zenith y Publicis para que ambas firmas "accedieran en condiciones ventajosas y preferentes a los concursos de publicidad que se iban a orquestar".
Actualmente, Rodrigo Rato se encuentra la madrileña prisión de Soto del Real cumpliendo una pena de cuatro años y medio por el caso de las “tarjetas black” y a la espera de la sentencia de la Audiencia Nacional por el juicio de la salida a Bolsa de Bankia, en el que la Fiscalía le acusa de presunta estafa a inversores y pide para él cinco años de cárcel. Igualmente, la Fiscalía acusa al expresidente de Bankia de blanquear presuntamente 8 millones de euros en cuentas de Suiza e Irlanda. En el conocido como “Caso Rato” varias piezas han sido archivadas pero otras permanecen abiertas a la espera de saber si el juzgado 35 de Madrid le envía a juicio o archiva el caso.