Liberales contra el libre mercado y progresistas contra el progreso

La educación seguirá siendo un arma electoral, tras el enésimo fracaso de pacto

Uno de los derechos fundamentales que la Constitución española reconoce para todos sus ciudadanos es el de la educación (artículo 27). Para que su cumplimiento sea efectivo, los poderes públicos han de emplear los fondos necesarios de cara a garantizar que esta sea accesible y gratuita para toda la población que así lo demande. Pero también tendrían que buscar la fórmula para su mejora permanente a través de cuatro cuestiones fundamentales que, a mi juicio, deberían ser los ejes de la política educativa de un país democrático, avanzado y moderno como España. Y que son: equidad, calidad, libertad y eficiencia.

Desgraciadamente, garantizado el derecho, los partidos políticos han llegado a hacer de la educación un arma electoral mediante la que tratan de atraer el favor del ciudadano en las urnas, lo que les hace perder de manera estrepitosa su esencia ideológica e incluso su razón política de ser.

Así, quienes dicen basar su ideología en una concepción liberal de la sociedad se han convertido en proteccionistas impenitentes, en impertérritos subsidiadores y en legisladores infinitos. Y aquellos que otrora fueron amantes del progreso basado en la protección de la cultura y en la defensa de la libertad intelectual se vuelven condescendientes e incluso cómplices de quienes tratan de imponer a sus ciudadanos un único pensamiento apoyándose en la obligación del uso, casi exclusivo, de sus lenguas autóctonas. Incluso aprovechando esta circunstancia para generar el desprecio por la cultura, la lengua y la historia comunes a todos los españoles. Una práctica infalible para el desarrollo de un odio que nada tiene que ver con una educación para la convivencia.

Con estas estrategias políticas, que traicionan de manera absoluta sus propios principios ideológicos, será muy difícil encontrar fórmulas con las que mejorar ni equidad ni calidad ni libertad ni eficiencia.

Una parte importante del espectro político está en permanente campaña por el derecho a la libertad de enseñanza, como si este derecho estuviera puesto en cuestión. También están obsesionados con la libertad de elección de centro educativo por parte de las familias y, sin embargo, solamente la defienden para uno de los modelos educativos, el modelo concertado, que además dispone de una doble financiación; los fondos públicos y las aportaciones de las familias. Priorizan así una más que discutible eficiencia económica a costa de poner en peligro la equidad. Y traicionan sus teóricos principios liberales entorpeciendo la libre competencia y como consecuencia su principal virtud: la mejora de la calidad.

Otros grupos políticos apuestan por priorizar la mejora de la enseñanza pública y gratuita. Lógica opción para el progreso de cualquier país y la postura más consecuente de cara a la equidad. Sin embargo, su obsesión por la igualdad desata la peligrosa tendencia de querer lograrlo con un modelo educativo único, poco flexible y excesivamente dirigido por los poderes públicos. Y que parte de la falsa premisa de que la calidad en educación depende únicamente del gasto público invertido. Está demostrado que la calidad de cualquier sistema educativo depende, fundamentalmente, de la calidad de su profesorado. Y eso tiene más que ver con la eficiencia en la gestión de las personas que con cualquier otra cosa.

Tras el enésimo fracaso de cara a lograr un pacto educativo de carácter nacional, estamos comprobando cómo, sin ningún pudor, se utiliza la educación como arma electoral tanto a nivel autonómico como nacional.

Desde el proteccionismo del partido que gobierna la Comunidad de Madrid a su modelo educativo favorito, al que ha llegado a conceder suelo público para instalar cerca de un centenar de colegios concertados en los últimos diez años (cuestión a la que, sorprendentemente para muchos, también se apunta su previsible socio político); hasta los cobros más altos de España permitidos en Cataluña a colegios concertados de élite de marcado carácter nacionalista convergente.

Desde la permisividad progresista a un proteccionismo sindical que antepone las condiciones económicas, de calendarios y de horarios del profesorado, a las necesidades de los alumnos y de sus familias; hasta la claudicación a la permanente presión nacionalista en el ámbito lingüístico, que dejará a millones de alumnos españoles sin saber usar apropiadamente la segunda lengua más importante y hablada del mundo.

La utilización partidista de la educación va desgraciadamente a más y se corrobora con decisiones recientes como dar carpetazo en Madrid a todos los expedientes por cobros indebidos abiertos en muchos centros concertados de reciente creación; o incrementando de manera continuada el número de plazas de la enseñanza concertada mientras el de la pública permanece estancado; o proponiendo, como última ocurrencia, la concesión de becas de bachillerato para alumnos exclusivamente de centros concertados, circunstancia claramente discriminatoria.

La generalización del cobro de cuotas a las familias por la educación de sus hijos en centros sostenidos con fondos públicos se ha constatado en toda España a pesar de que la ley no lo permite. La famosa libertad de elección de las familias, tan defendida por algunos partidos, termina siendo solo para quienes tengan capacidad para pagarla. ¡Viva la equidad!

Cuando todo esto ocurre, la doble financiación público-privada, que genera importantes beneficios, altera sustancialmente el escenario de actuación de los colegios independientes y genera una competencia desleal que pone en riesgo su subsistencia. La propia CNMC (Comisión Nacional del Mercado y la Competencia), que dice “promover y defender el buen funcionamiento de todos los mercados en interés de los consumidores y de las empresas”, mira para otro lado sin mostrar interés alguno por abordar el asunto. O quizá sí tenga interés en no entrar en ello, quién sabe.

De esta manera los políticos que se dicen liberales, antes que mejorar la educación en general, optan por favorecer a empresarios que prefieren escapar de la libre competencia abrazados a un sistema de subvenciones que les enriquece. Y los políticos que se dicen progresistas acaban permitiendo que se prive del progreso a millones de ciudadanos, al no frenar a quienes tienen el anacrónico y enfermizo empeño de crear fronteras intelectuales a sus ciudadanos.

Gabriel Castellano es Coordinador de la Mesa de Educación de Madrid Foro Empresarial (MFE) y vicepresidente de Cicae (Asociación de Colegios Privados e Independientes-Círculo de Calidad Educativa)