Perú contraataca y reclama más de 600 millones a ACS y FCC por el metro de Lima

El Estado peruano ha presentado una contrademanda ante el CIADI por daños económicos y ambientales

Línea del metro de Lima
Línea del metro de Lima

La que iba a ser una de las grandes obras de ACS y FCC en Perú, la Línea 2 del metro de Lima, entra en proceso judicial más severo. El Estado peruano reclama al consorcio adjudicatario del proyecto -integrado por las constructoras españolas más otras empresas italianas y peruana-, más de 700 millones de dólares (unos 615 millones de euros) por el retraso en la obra que, a su juicio, ha provocado daños económicos y ambientales. ACS estima que el laudo arbitral podría emitirse en diciembre de 2019.

Según explica en sus cuentas la constructora presidida por Florentino Pérez, el contencioso, que afecta a su filial Iridium, dura ya dos años. La sociedad concesionaria integrada por Iridium (que cuenta con un 25% del consorcio), las italianas Salini Impregilo, Ansaldo Breda y Ansaldo STS, la peruana Cosapi y la española Vialia (FCC) ) presentó en 2017 una solicitud de arbitraje contra la República de Perú ante el Centro Internacional de arbitraje (CIADI) por incumplimiento grave del contrato. En concreto, por "falta de entrega del área de la concesión en los plazos y condiciones establecidos en el contrato de concesión" además de la aprobación "tardía" de los estudios de ingeniería. Tres años antes, en 2014, el consorcio  se había adjudicado las obras y operación de la línea 2 del metro de Lima, un proyecto valorado entonces en 3.900 millones de euros.

En su reclamación de 2017, la sociedad concesionaria solicitó ante el CIADI una ampliación de plazo de ejecución de las obras del proyecto, y una indemnización por daños y perjuicios superior a 700 millones de dólares (615 millones de euros). Esa reclamación incluye los daños que afectan a distintas partes intervinientes en el proyecto, ente ellas, la concesionaria, el grupo constructor, proveedor de material rodante, etc. 

En su memorial de contestación a la demanda, el Estado peruano rechaza estas reclamaciones basándose en la falta de fundamentación y legitimación. Asimismo, según explica ACS, ha incluido una demanda reconvencional (contrademanda) contra la sociedad concesionaria reclamando un importe superior a 700 millones.

Perú argumenta "daños socio-económicos y ambientales causados por la demora en poner el proyecto en operación" así como el pago de las "penalidades impuestas por el regulador (OSITRAN) a la sociedad  concesionaria y no pagadas".

ACS se sitúa al frente del capital del consorcio adjudicatario, ya que a través de Iridium y de Dragados, cuenta con un 25% del capital. FCC (a través de su filial Vialia) tiene el 19%; la italiana Impregilo tiene otro 19%; Ansaldo STS, el 15%, Ansaldo Breda, el 12% y la local Cosapi, con el 10%.

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