La justicia europea examina hoy el índice hipotecario IRPH

La banca se juega hasta 44.000 millones de euros, según Goldman, si el TJUE vuelve a contradecir el criterio del Supremo

Sede del TJUE, en Luxemburgo.
Sede del TJUE, en Luxemburgo.

El polémico índice hipotecario IRPH, una alternativa al euríbor utilizada por la banca española, llega hoy al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) después de que varios jueces de instancias inferiores cuestionaran el respaldo que el Tribunal Supremo español dio a esta práctica bancaria y decidieran elevar el asunto a la Corte de Luxemburgo.

En concreto, el tribunal comunitario celebrará este medio día la vista en torno a la cuestión prejudicial planteada hace un año por el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, en relación a un juicio contra Bankia.

Durante la instrucción del proceso, el TJUE ha recabado abundante documentación relativa al caso así como informes de las distintas partes. Especialmente relevante resulta una valoración emitida por la Comisión Europea que dio un espaldarazo a los miles de consumidores que confían en anular el IRPH. En concreto, su informe advertía que la regulación comunitaria solo permitiría el uso de este índice en el caso de que haya sido comercializado con total transparencia, lo que incluye explicar al cliente cómo se configura el cálculo y avanzarle posibles evoluciones a futuro, lo que la banca no cumplía habitualmente.

Por contra, la Corte de Luxemburgo tiene sobre la mesa la sentencia del Supremo que equiparaba el uso del IRPH al del euríbor, alegando que es un índice permitido por autoridades financieras como el Banco de España. En todo caso, no sería la primera vez que el TJUE enmienda la plana al alto tribunal español y contradice su criterio, como ya ocurrió con las cláusulas suelo.

La cuestión no es menor, pues según los analistas de Goldman Sachs la anulación masiva de las cláusulas de IRPH podría costar hasta 44.000 millones de euros a la banca española.

La vista de hoy, de cualquier modo, es solo el primer paso. El abogado general de la UE, una suerte de fiscal general, tendrá que fijar su postura en los próximos meses y es de esperar que la Corte de Luxemburgo no emita su sentencia sobre la materia hasta después del verano.

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