Al fin un borrador de consenso para una cirugía de la caja de pensiones
Las recomendaciones de la comisión del Pacto de Toledo deberían aprobarse antes de la disolución de las Cortes
Tras más de dos años de tiras y aflojas, los grupos parlamentarios que integran la Comisión para el seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo ultiman contra reloj las recomendaciones para reformar el sistema de pensiones y hacerlo sostenible. Como en los míticos trabajos de Hércules, a la comisión le resta por superar solo la duodécima prueba: terminar el texto a tiempo para que pueda ser aprobado antes del 5 de marzo, fecha de disolución de las Cortes Generales. Se trata de un objetivo que, salvo cambios de última hora y sorpresas de corte electoralista, debería ser factible, tanto por la importancia de la materia como por la enorme dosis de voluntad política que ha hecho falta para poder llegar a un documento de consenso.
El conjunto de recomendaciones que ha redactado la comisión tiene como primer objetivo sanear un sistema de pensiones que arrastra un déficit que el año pasado ascendió a 19.000 millones de euros. Para ello el borrador propone separar las fuentes del financiación de la caja de las pensiones, de forma que las cotizaciones sociales se utilicen principalmente para el pago de las prestaciones y no sigan cubriendo, como hasta ahora, otros gastos no contributivos, que pasarían a ser financiados por el Estado a través de impuestos. La idea es reordenar por fin los gastos del sistema y sanear sus números rojos en el plazo de seis años, como también acabar con los préstamos que realiza el Tesoro –este año será el tercero– para cerrar las crecientes vías de agua. Se propone también revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC real, una polémica y espinosa medida que no debería cerrar la puerta al análisis de otros índices de revalorización que sean menos gravosos para el sistema y la economía. La reducción a dos grandes regímenes –asalariados y por cuenta a propia– y su equiparación constituye otro de los ejes de la reforma, al que hay que sumar la posibilidad de avanzar hacia futuras ampliaciones de los años empleados para calcular la base reguladora de la pensión y hacia la limitación de la jubilación anticipada.
No todas las recomendaciones del borrador son pacíficas ni todas están exentas de crítica, pero se trata de un borrador consensuado y que debe servir para comenzar a trabajar de forma efectiva, ya en la próxima legislatura, en una reforma que no puede retrasarse más. La falta de sostenibilidad del sistema de pensiones no es un problema cualquiera. Actúa al modo de una enfermedad silenciosa, lastrando la economía y cercenando su crecimiento. España lleva demasiado tiempo conviviendo con esta dolencia, que no se cura con parches, sino que exige una pronta y radical cirugía.