La reforma hipotecaria y otras tres leyes serán aprobadas ‘in extremis’ en el Congreso

Antes de que se disuelvan las Cortes, la Cámara Baja dará luz verde a nueva regulación sobre violencia de género, educación y propiedad intelectual

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los diputados socialistas aplauden a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el debate de los Presupuestos, este miércoles.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los diputados socialistas aplauden a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el debate de los Presupuestos, este miércoles. EFE

La convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril, anunciada este viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, marca el fin de la legislatura y la disolución de las Cortes el próximo 5 de marzo. Hasta entonces, el Ejecutivo tiene dos semanas para tratar de sacar in extremis en la Cámara Baja las últimas medidas de su breve mandato.

El próximo jueves se aprobará finalmente en el Congreso la Ley Hipotecaria, con casi dos años de retraso. También se dará luz verde a otras tres leyes: la de pensiones de orfandad a hijos víctimas de la violencia de género, la de mejora de la educación no universitaria, y la de propiedad intelectual.

Según el calendario de sesiones del Congreso, el Pleno todavía se reunirá la semana que viene y la siguiente antes de que las Cortes se disuelvan. Ello pondrá fin al procedimiento legislativo ordinario, lo que supone que, a partir de entonces, ya no se podrán tramitar más proyectos de ley. Así, la gran mayoría de los 31 proyectos en marcha decaerán, pero algunos pocos todavía podrán salvarse.

Tras su paso por el Senado, la semana que viene finaliza la tramitación de las cuatro leyes antes mencionadas. El Congreso deberá debatir y votar este jueves 21 cuáles de las enmiendas introducidas por la Cámara Alta quedan finalmente incorporadas a los textos para proceder a su ratificación.

Una de las más importantes es la aprobación de la Ley Hipotecaria, que responde a la transposición de una directiva europea que tenía que haber entrado en vigor en marzo de 2016, hace casi tres años, y por la que España se enfrenta a una multa millonaria por parte de Bruselas (de 100.000 euros por cada día de retraso).

El texto, impulsado inicialmente por el exministro de Economía del PP, Luis de Guindos, busca dar una mayor protección a los consumidores a la hora de contratar un préstamo hipotecario. Entre otras modificaciones introducidas por los socialistas, la nueva regulación erradica las cláusulas suelo y hace recaer sobre los bancos la gran mayoría de los costes de constitución de una hipoteca excepto los de tasación, que seguirá sufragando el cliente.

Una de las enmiendas que salió adelante en el Senado, por la mayoría que sustenta el PP en esa cámara, es que se eliminara el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (el conocido como impuesto hipotecario) a los bancos en la compra de primera vivienda. El Congreso tendrá que decidir por mayoría simple si aprueba o no esa modificación, que contradice el real decreto sobre esta materia aprobada por el Gobierno y que ya está en vigor.

También vuelve al Congreso para su ratificación la Ley de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género, que elevará a 600 euros la pensión no contributiva a aquellos niños y jóvenes hasta 25 años cuyas madres hayan sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Los hijos tendrán derecho a esta prestación con independencia de que su progenitora haya cotizado o no a la Seguridad Social. Se calcula que la violencia machista ha dejado a 233 niños huérfanos desde 2013.

El Pleno también sacará adelante la Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, que busca revertir los recortes introducidos en 2012 por el exministro de Educación del PP, José Ignacio Wert. A principios de febrero, la mayoría del PP en el Senado introdujo una enmienda para que el horario lectivo de los profesores sea el mismo en todo el país, a diferencia del propuesto por la titular de la cartera de Educación, Isabel Celaá, que dejaba esa decisión a cada comunidad autónoma.

Por último, el Congreso dará luz verde a la Ley de Propiedad Intelectual, que también responde a la transposición de una directiva de la UE y que apenas ha sufrido modificaciones en el Senado. La regulación incorpora un mayor control de las entidades de gestión -SGAE, AIE o AGEDI-, más medidas contra la piratería y el cierre de páginas web.

Eso para el próximo jueves. Pero para el último pleno de la XII legislatura, previsto en principio para el 28 de febrero, todavía se desconocen los puntos que se tratarán, ya que según fuentes parlamentarias del PSOE, la mesa del Congreso aún tiene que confeccionar el orden del día.

Además del trámite parlamentario, el Ejecutivo también podrá durante los dos próximos Consejos de ministros aprobar por vía urgente aquellos reales decretos que estime necesarios. En ausencia del Congreso y para que no decaigan, estas medidas tendrán que ser convalidadas por la Diputación Permanente, el órgano que asumirá las competencias de la Cámara Baja una vez ésta se disuelva.

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