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En colaboración conLa Ley

No son solo los riesgos penales: los inversores también exigen planes eficaces de 'compliance'

Las empresas ya cuantifican cuánto les perjudica una crisis reputacional

De izquierda a derecha: César Campuzano, secretario general del Casino de Madrid y director general de Ecompliance Consultores & Abogados; Dolores Delgado, ministra de Justicia; y Carlos Sáiz, presidente de Cumplen y socio de Ecix Group.
De izquierda a derecha: César Campuzano, secretario general del Casino de Madrid y director general de Ecompliance Consultores & Abogados; Dolores Delgado, ministra de Justicia; y Carlos Sáiz, presidente de Cumplen y socio de Ecix Group.C.D.

En 2013 hicimos un informe de riesgos reputacionales. Y de los más de 200 que identificamos, aparecía uno especialmente importante: que un inversor se retire de tu capital por una mala práctica". Lo cuenta Antonio Fuertes, responsable global de Reputación y Sonstenibilidad de Naturgy. "Según nuestros datos, una decisión en este sentido de alguien que tiene un 1% del capital puede provocar una caída en la cotización del 5%. Por eso en nuestras reuniones con inversores de los distintos mercados les trasladamos que si invierten en Naturgy no solo pueden obtener beneficios económicos, sino que también verán buenas prácticas y buena conducta".

Las cifras confirman que, en efecto, el impacto sobre los resultados de las compañías que provoca verse envueltas en un proceso judicial es la gran palanca sobre a que se asienta el compliance penal. "Tenemos estudiado que entre el 10 y el 12% de nuestros inversores tienen en cuenta estos elementos", remató Fuertes, quien añadió, además, que cada vez son más quienes deciden apostar por entrar en el capital de una empresa teniendo en cuenta sus buenas prácticas.

El caso de Naturgy es uno de los que se expusieron en la mesa El valor del Compliance en el negocio y su efecto en la reputación de la empresa: casos de éxito, dentro del IV Encuentro Cumplen que se está celebrando este jueves y viernes en Madrid. Congreso que fue inaugurado por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena.

Lucio Fernández, corporate Responsability & Compliance Manager GLS, por su parte, defendió la alianza entre las políticas de cumplimiento penal y RSC (responsabilidad social corporativa). "Nosotros entendemos que el compliance debe ir más allá de cumplir con la ley, porque eso no es que sea responsable, es que es obligatorio; creemos que debe ocuparse también de proteger la reputación de la compañía. La RSC es algo que va más allá, por eso creo que debe estar unida al compliance", relató para explicar la fusión de ambas funciones que se dan en su departamento.

Fuertes, en esta línea agregó que desde el área de RSC de Naturgy han visto con "satisfacción" el crecimiento del compliance penal en las empresas. "La debilidad que provocaba el hecho de que la responsabilidad se percibiera como algo voluntario se está viendo reforzada por el cumplimiento penal. En temas como lo medioambiental, la salud de los trabajadores, el control de proveedores... en todos ellos lo voluntario está pasando a ser obligatorio".

Además, María Leonor Sánchez, directora de Protección de Clientes y Mercados de Bankia, subrayó como la función de compliance está evolucionando. "De ser stoppers, los que decimos a todo que no, estamos pasando a una actitud más activa: enseñar a los empleados a interpertar bien la norma y a adoptar la decisión correcta". Es decir, no se trata solo de detectar y frenar los comportamientos incorrectos, sino asesorar para que la actuación sea la adecuada desde el primer momento

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