Las eléctricas reclaman un calendario para el cierre ordenado del parque nuclear

El Gobierno plantea una reducción progresiva de la producción atómica, pero no la clausura por plantas

Central nuclear de Trillo (Guadalajara).

A la vista del desacuerdo (a todas luces insalvable), sobre el futuro de la central de Almaraz, las tres grandes eléctricas titulares de la planta cacereña y del resto del parque nuclear, Iberdrola, Endesa y Naturgy, creen que solo el Gobierno puede resolver la situación. Para ello reclaman un calendario para el cierre ordenado de las ocho centrales que aún funcionan en España y sobre las que las mantienen posiciones encontradas: mientras Iberdrola y Naturgy no quieren que funcionen más allá de 40 años (Almaraz alcanzará esa edad en cuatro años), Endesa prefiere que se amplíe la vida útil de las instalaciones hasta los 50.

Aunque el sector confiaba en el arbitraje del Gobierno y que este incluyese en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNEC), el citado calendario progresivo, en el que se tendría en cuenta la situación de los fondos de Enresa para la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las instalaciones, finalmente, el Ministerio para la Transición Ecológica se ha puesto de perfil.

Así, según fuentes empresariales, el plan solo incluirá un objetivo de reducción de la producción nuclear por bloques de energía y periodos. Esto es, se fijarán plazos (de dos o tres años) al final de los cuales quedarán determinados TWh nucleares en funcionamiento. Por tanto, no se impondrá el cierre con nombres y apellidos de las centrales en un calendario abierto, sino la retirada de producción. Esto deja a las empresas al albur de sus actuales disidencias. El mensaje es que se pongan de acuerdo entre ellas.

La primera prueba de fuego es precisamente Almaraz, para la que sus propietarias, que la gestionan a través de una Agrupación de Interés Económico (AIE) en la que cualquier decisión debe adoptarse por unanimidad, deben solicitar la prórroga de explotación antes del 31 de marzo. El próximo día 29 se celebrará una junta extraordinaria de la que debería salir l posición final.

Reuniones por separado

Del cisma interno da idea lo ocurrido la semana pasada: el miércoles, día 9, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, se reunió con Ángeles Santamaría, consejera delegada de Iberdrola España, y Vicente Gil, responsable de Energía Convencional de Naturgy. Los responsables de Endesa, ausentes de esa reunión, fueron convocados por el secretario a otro encuentro al día siguiente. A él acudió el consejero delegado, José Bogas.

Distintas fuentes coinciden en que Domínguez se limitó a escuchar la opinion de las empresas: las dos primeras reiteraron su petición de que el Gobierno cambie el reglamento de instalaciones nucleares que les permita, en resumen, solicitar la renovación de la autorización de explotación de Almaraz por cuatro años y no por diez, tal como exige la norma. Ninguna de estas compañías quiere asumir las inversiones que, en su opinión, les exigiría el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) más allá de esos cuatro años.También se planteó la necesidad del cierre ordenado del parque.

Endesa amortiza sus nucleares a 50 años y su matriz, Enel, a 60 años. Los rivales le piden “coherencia”

En el caso de Endesa, esta reiteró la necesidad de mantener en funcionamiento las centrales mas allá de la próxima década, por razones de suministro y de precio. La eléctrica filial de Enel, que ha negociado infuctuosamente con Iberdrola un intercambio de activos, también aboga por un calendario reglado y tutelado por el Gobierno.

Las diversas posiciones entre las empresas están relacionadas con los plazos de amortización de los activos nucleares: mientras Iberdrola y Naturgy los amortizan contablemnte a 40 años, Endesa lo hace a 50. Es más, en el caso su matriz, Enel, el plazo es de 60 años. Una “incoherencia” que, según critican sus competidores, “debería subsanar”.

Los próximos días serán clave para determinar lo que puede ocurrir. Amén del resultado de la asamblea de Almaraz, el Gobierno dará a conocer en breve el contenido del Plan Nacional de Energía y Clima y el del proyecto de Ley de Cambio Climático que, en un paquete, aprobará el Consejo de Ministros este viernes o el próximo. Después, cada documento seguirá su camino: el PNEC se remitirá a Bruselas para su discusión y visto bueno de la CE y la ley iniciará su tramitación parlamentaria.

Aunque el Gobierno pretendía incluir algunas de las medidas más urgentes de la Ley de Cambio Climático en el real decreto-ley sobre las competencias de la CNMC, que aprobó el viernes pasado, finalmente optó por limitar esta norma a la nueva regulación del organismo que preseide José María Marín. De esta manera, se garantiza la convalidación de este RDL, sobre el que hay consenso político, sin ningún problema. Un respaldo que no cree asegurado de haber incluido en ella otras medida medioambientales. Amén de las reticencias en el propio Gobierno (léase Ministerio de Hacienda) sobre dichas inlcusiones.

Por tanto, al menos en lo referente al sector energético, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido no gobernar más a golpe de decreto-ley.

¿Un plan no muy concreto?

El Plan Nacional de Energía y Clima (PNEC) está mucho menos verde de lo que el Ministerio para la Transición Ecológica ha pretendido hacer creer a quienes se han interesado por él. Y es que la responsable de este departaento, Teresa Ribera, no quiere ninguna filtración a la vista del revuelo suscitado por la publicación en diciembre del borrador de un proyecto de real decreto ley sobre las competencias de la CNMC.

El documento incluía otras medidas mediambientales que, finalmente, se han caído de la norma aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros. Todas ellas, como la subasta de 3.000 MW de renovables anuales, irán en la Ley de Cambio Climático que tiene por delante un largo trámite.

A Bruselas. El PNEC no es una norma, pero su trámite es el equivalente al de un anteproyecto de ley: debe verlo la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y el Consejo de Ministros. Este lo remitirá a la Comisión Europea y una vez que reciba luz verde de esta, el Gobierno le dará su aprobación definitiva.

Posteriormente, se regularán en las corresponsidentes normas las medidas del plan que requieran ser reguladas. En principio, este debe recoger medidas concretas para lograr los objetivos de cambio climático del Gobierno, de lo contrario Bruselas lo rechazará. Varias fuentes indican, sin embargo, que quizás no sean tan concretas.