La central de Almaraz, al borde del cierre por el cisma entre Endesa, Iberdrola y Naturgy

Enroque: Endesa quiere funcionar hasta los 50 años y sus socios, solo hasta los 40 Iberdrola y Naturgy promueven un encuentro con el Gobierno en solitaio

Central nuclear de Almaraz, en Cáceres.

En una asamblea celebrada en la primera semana de noviembre, los propietarios de la central nuclear de Almaraz, las tres grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Naturgy), volvieron a poner de manifiesto sus discrepancias respecto al futuro de la central extremeña. Las empresas tienen de plazo hasta el 31 de marzo de 2019 para solicitar una prórroga del permiso de explotación del primer grupo, Almaraz I, que caduca un año después, en 2020. Ya en 2023, el reactor cumplirá los 40 años de vida útil.

 Al igual que en juntas precedentes, las empresas siguen enrocadas: Iberdrola y Naturgy solo quieren pedir autorización para otros cuatro años, hasta cumplir los 40, mientras que Endesa es partidaria de mantener la central en funcionamiento 10 años más tras el fin de la vida útil, hasta 2033. Aunque entre Iberdrola, con una participación del 53%, y Naturgy, con un 11%, tienen una mayoría más que holgada, al estar constituidas las nucleares españolas como Agrupaciones de Interés Económico (AIE) y no como sociedades anónimas, cualquier decisión debe adoptarse por unanimidad.

Este requisito complica la situación porque, de no alcanzarse un acuerdo entre los socios antes de que acabe el mes de marzo para solicitar cualquier tipo de prórroga, Almaraz se vería abocada al cierre, no ya en 2023, sino en 2020, esto es, a los 37 años desde su puesta en operación en 1983.

En las empresas reconocen que es necesario negociar y, en el caso de Iberdrola, esta considera que con el nuevo Gobierno “las posiciones están más abiertas que antes”.

La energética que preside Ignacio Sánchez Galán y Naturgy han querido sondear la posición de un Gobierno que se ha movido entre la ambigüedad del cierre a los 40 años, tal como figura en el programa electoral de PSOE y, más recientemente, la defensa de la garantía del suministro y el equilibrio financiero de un sistema que debe resolver el déficit del fondo de Enresa para el desmantelamiento de las plantas. Para ello, las dos empresas han promovido un encuentro con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, sin la presencia de Endesa. La reunión, que estaba prevista para ayer, fue finalmente desconvocada sine die por el alto cargo del ministerio.

La unidad entre Iberdrola y Naturgy es solo a corto plazo: mientras la primera sigue manteniendo prácticamente inamovible su plan de cierre a los 40 años (año arriba o año abajo), la compañía que preside Francisco Reynés, estaría dispuesta a ir más allá de los 40 si el Gobierno fija un marco regulatorio a partir de ese límite, según fuentes próximas al grupo. En otras palabras, Naturgy solo abordaría las inversiones necesarias para funcionar 10 años más si se le garantiza un precio regulado que permita recuperar las nuevas inversiones. Y más tratándose de una tecnología que ya está “excesivamente gravada con tasas e impuestos”. De ahí la necesidad que tienen algunos de los socios de sentarse a la mesa con el Gobierno, añaden las mismas fuentes.

Endesa, que es el único de los tres socios de Almaraz que no ha actualizado el valor contable de sus activos nucleares y mantiene su amortización a los 50 años, sigue ganando dinero con estas instalaciones, por lo que no necesitaría un precio regulado.

Precisamente, su consejero delegado, José Bogas, defendió ayer que en España las nucleares “siguen siendo necesarias, hoy por hoy”, ya que “no hay ninguna alternativa real, al menos, hasta 2030”. Si bien, el ejecutivo de Endesa consideró que para el año 2050 la energía nuclear “no existirá”.

La ecotasa extremeña es legal

Tras un largo pleito, la Junta de Extremadura ha logrado que el Tribunal Constitucional declare legal su polémica ecotasa. En una reciente sentencia, el Constitucional ha fallado que el tributo autonómico creado en 1997 no supone una doble imposición. Aquella grava, entre otros, la producción, almacenamiento y transporte de electricidad,

Aunque las afectadas sostienen do que no se trata de un impuesto medioambiental, al año que viene las generadoras (excepto las renovables) pagarán buena parte de un tributo que rondará los 100 millones de euros.

Pero lo que ha sido un triunfo para el Gobierno de Guillermo Fernández Vara, se va a convertir en un arma de doble filo en el caso de Almaraz, ya que la ecotasa será otro motivo más para las eléctricas defensoras del cierre de la nuclear cacereña.

Vara ha defendido a capa y espada la continuidad de la planta, y así se lo hizo saber ayer al presidente de Endesa, Borja Prado, con quien coincidió ayer en el acto de colocación de la primera piedra de la fotovoltaica que la eléctrica levantará en Logrosán En este caso, Endesa y la Junta son aliados.