Seguridad jurídica para el sector financiero
La competencia con los nuevos agentes debe estar tutelada por las autoridades para proteger a los clientes
La sociedad cambia constantemente, se moderniza. Los valores que regían su comportamiento en el pasado han cambiado y lo seguirán haciendo en el futuro. Los bancos se adaptan a los nuevos tiempos y a las demandas de sus clientes para cumplir con su objetivo de prestar el mejor servicio a la sociedad.
En ese proceso de adaptación es imprescindible que los bancos operen en un entorno de seguridad jurídica de forma que los nuevos estándares legales vigentes no se puedan aplicar a situaciones de tiempos anteriores. Observar el pasado con ojos críticos y constructivos puede ser muy beneficioso, siempre que no se pretenda penalizar comportamientos o actividades normales en otros tiempos con los parámetros del presente. La retroactividad legal supone una revisión injusta y una amenaza para la estabilidad de un sector fundamental para el progreso de todos. Porque el bienestar de las personas y de las empresas requiere una adecuada provisión de bienes y servicios en la que el sector financiero tiene un innegable protagonismo y necesita operar conociendo las reglas del juego.
La actividad bancaria se basa en la confianza mutua entre el cliente y su banco. Este material precioso que sustenta la relación entre ambos es muy delicado: tarda mucho tiempo en afianzarse, pero puede perderse muy rápidamente por motivos muchas veces ajenos a ambos.
Los clientes en España tienen una percepción muy positiva de su banco, lo que contrasta con una imagen distorsionada del conjunto del sector. Según un reciente estudio de Deloitte, los bancos españoles ofrecen un mayor número de servicios financieros con un precio un 58% más bajo que sus competidores europeos. En nuestro país, las entidades ofrecen más servicios que sus pares del viejo continente. Y tres de cada cuatro servicios bancarios en España son gratis, algo que no sucede en Europa.
Pero las heridas de la crisis son aún tan profundas que dificultan procesar la realidad que reflejan algunos hechos, como que los bancos de la AEB se han fortalecido en los últimos años sin recibir ayudas públicas. Muy al contrario, han contribuido con sus propios recursos al rescate de las entidades con problemas.
Como no podía ser de otra forma, la sociedad es ahora mucho más exigente con los bancos. Las nuevas tecnologías refuerzan el poder del cliente en la relación con su entidad en un entorno marcado por una regulación bancaria muy estricta y una supervisión mucho más exigente que en el pasado. Los bancos no solo se adaptan a la nueva situación que les viene dada, sino que toman la iniciativa para mejorar, tal y como refleja la transformación en materia de cultura bancaria impulsada por dos motores, las prácticas responsables y las finanzas sostenibles.
Los cambios de calado que se han producido afectan tanto a la gobernanza de las entidades de crédito como a la política de retribuciones. Se han establecido una serie de principios generales entre los que destaca la necesidad de alinear la política de retribuciones con el perfil de riesgo de la entidad, y hacerla compatible tanto con sus obligaciones, valores e intereses a largo plazo, como con la consecución y el mantenimiento de una base sólida de capital. Por otro lado, la sostenibilidad se ha convertido en una de las prioridades en la actividad de los bancos, que ya han mostrado su compromiso de impulsar la respuesta común a los desafíos sociales y medioambientales, integrando los principios de banca responsable en su día a día.
Los bancos necesitan reglas claras y estables en el tiempo para realizar su labor de financiar el crecimiento y generar prosperidad, gestionar el ahorro de las familias y ofrecer los servicios financieros que el resto de los agentes precisan. Por el bien del consumidor, dan la bienvenida a la nueva competencia que utiliza la tecnología para mejorar la eficiencia en la prestación de servicios financieros. Una competencia que debe llevarse a cabo en igualdad de condiciones y bajo la tutela de unas autoridades capaces de valorar los riesgos que la nueva era digital puede suponer tanto para competencia, como para calidad de los servicios financieros y, muy especialmente, para la protección del consumidor. Nuestras entidades miran al futuro, como hacen sus clientes.
José Luis Martínez Campuzano es Portavoz de la Asociación Española de Banca