¿Seguirá creciendo la economía tras 2020?
España debe corregir su vulnerabilidad en financiación externa y la brecha salarial
La economía española ha vuelto a tener en 2018 un buen año, con un crecimiento estimado del 2,6%, una tasa muy por encima del promedio de los países de nuestro entorno. Las perspectivas para 2019 son buenas, a pesar de que se producirá una ligera desaceleración del PIB, hasta el 2,1%. Aun así, se crearán otros 360.000 puestos de trabajo, con lo que la tasa de paro se reducirá el año que viene hasta el entorno del 14% de la población activa.
Los números de la economía española, por tanto, son buenos. Ahora bien, su bondad no debe ocultar dos problemas fundamentales que no se han corregido, a pesar de la fortaleza y duración de la fase actual de expansión económica, que se inició en 2014. Por un lado, las desigualdades de renta no se están reduciendo al mismo ritmo en que lo hicieron en anteriores etapas de recuperación económica. Por otro, la vulnerabilidad de la economía española frente a problemas de financiación externa sigue siendo muy alta. De ahí que el tipo de decisiones de política económica que se vaya a adoptar en un futuro próximo resulte determinante.
Toda crisis económica implica un aumento de las desigualdades de renta como consecuencia del desempleo. Pero, en las fases de expansión, esas desigualdades se reducen a medida que la gente encuentra un puesto de trabajo y mejora sus ingresos. En esta ocasión, sin embargo, esa brecha salarial no se está cerrando al ritmo que sería deseable.
El problema reside en una combinación de factores. El 40% de las pequeñas y medianas empresas que han sobrevivido a la crisis todavía no ha salido de pérdidas, lo que condiciona sus políticas de contratación y remuneración. Además, la mayor parte de las personas que se quedaron en paro han tenido que buscar empleo en sectores distintos a aquel en el que trabajaban antes, en muchos casos con sueldos inferiores a los que percibían antes de la crisis y/o con contratos a tiempo parcial en vez de a jornada completa. A ello es preciso añadir la creciente polarización salarial entre trabajadores poco cualificados y muy cualificados que resulta del cambio tecnológico.
En este contexto, políticas como la reversión de las últimas reformas laborales o el aumento del salario mínimo perjudican, precisamente, a los trabajadores más vulnerables, frena la contratación a tiempo completo y aumenta el paro estructural de los jóvenes y de los desempleados con niveles más bajos de cualificación. De hecho, las estimaciones indican que la subida del salario mínimo que persigue el Gobierno puede suponer el despido de 190.000 trabajadores poco cualificados. La aplicación, en cambio, de políticas activas de empleo, que contribuyan a la recualificación de los trabajadores y a su adaptación al cambio tecnológico mejorarían su empleabilidad, así como las posibilidades de conseguir un empleo indefinido a tiempo completo.
La segunda cuestión es si la economía española es capaz de prolongar la expansión actual más allá de 2020. Los vientos que soplaban a favor están cambiando de dirección. China se desacelera. El petróleo ya no es tan barato como hace dos años y, además, el dólar, la moneda en que se paga, ha subido respecto del euro. Y las medidas extraordinarias para frenar la crisis que puso en marcha el Banco Central Europeo están llegando a su fin: en diciembre de 2018 concluye el programa de compra de bonos y se espera que, a partir de septiembre de 2019, con el relevo de Mario Draghi al frente de la institución, el BCE empiece poco a poco a normalizar la política monetaria. Dicho de otro modo, los tipos de interés van a subir.
Este cambio de escena le coge a la economía española con unos niveles muy altos de endeudamiento. La deuda pública supone el 97% del PIB, mientras que la deuda externa representa el 166%. Además, el BCE ha tenido que estar comprando el 80% de las nuevas emisiones de deuda pública española porque, a los tipos tan bajos a los que se ofrecía, el mercado solo adquiría el 20%. La economía española, por ello, se ve muy expuesta a cualquier problema de financiación externa que pudiera surgir. En este sentido, las propuestas de frenar el proceso de reducción del déficit presupuestario y de aumentar el gasto público no hacen sino elevar la vulnerabilidad de la economía española y su incapacidad para actuar por la vía fiscal, en caso de producirse una nueva crisis.
La acumulación de déficit y deuda genera, además, un problema de medio y largo plazo. El servicio de esa deuda, es decir, los intereses que hay que pagar por ella, se abren paso en el presupuesto a costa de otras partidas de gasto. Eso es incompatible con la necesidad que existe en estos momentos de abrir espacio en las cuentas públicas para financiar el gasto creciente en sanidad, pensiones y dependencia que genera el envejecimiento de la sociedad española, que es lo que debería constituir un objetivo prioritario de las políticas sociales.
Emilio J. González es Profesor de Economía de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-Icade