El número de beneficiarios del bono social de la luz se reduce a la mitad

Los usuarios con derecho a descuentos en la factura pasan de 2,3 millones a 1,1 millones

Belén Trincado / Cinco Días

En estos días, el Ministerio para la Transición Ecológica ha reforzado la campaña de publicidad por la que invita a los potenciales beneficiarios del bono social de la luz, que a su vez disfrutaban del antiguo, a renovarlo antes del 31 de diciembre. Este es el último día para que quien estuviese recibiendo el descuento del mecanismo anterior y reúna los requisitos para recibir el nuevo bono lo solicite a su comercializadora de referencia.

Aunque el que no lo haya solicitado antes del 1 de octubre ya no lo disfruta, si lo pide antes de que termine el año recuperará el beneficio con carácter retroactivo. En todo caso, esta tarifa social se puede solicitar en cualquier momento, ya que el citado plazo es solo para quien reúna los requisitos de los dos sistemas.

Según datos oficiales a 22 de diciembre a los que ha tenido acceso Cinco Días, el número de beneficiarios ha descendido en casi un 50%, al pasar de los 2,3 millones que había en 2017 a 1,058 millones. A estos hay que añadir las solicitudes en trámite que finalmente resulten aceptados, que sumaban 94.664 en dicha fecha.

El nuevo bono social de la tarifa se aprobó en enero de 2017 en el marco de la Ley de Pobreza Energética del Gobierno del PP. Y, aunque hasta octubre de ese año no se aprobó el decreto que lo desarrollaba, el Ministerio de Energía acordó un periodo transitorio de siete meses (hasta mayo de 2018) para su aplicación definitiva. Sin embargo, ante el evidente derrumbre del numero de beneficiarios, decidió prorrogarlo de nuevo hasta octubre pasado.

Los beneficiarios del viejo bono con derecho al nuevo pueden subrogarse a este antes del 31

Ese mes, en un real decreto ley de medidas urgentes para paliar la subida de los precios de la luz, el Gobierno de Pedro Sánchez optó por mantener el complicado mecanismo (ligado solo en parte a la renta del consumidor) diseñado por su antecesor pero ampliando los colectivos con derecho al mismo. Un sistema provisional, según palabras de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha prometido poner en marcha el próximo año una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética en la que la renta será la base de la prestación.

Del viejo bono, un descuento del 25% que se aplicaba a cuatro colectivos en la factura, han sobrevivido las familias numerosas (sea cual sea su renta) y los pensionistas (en este caso, con límites de renta) y ha desaparecido el más numeroso: el que contaba con una potencia contratada inferior a 3 kW y se le daba de forma automática.

Aunque ahora hay más categorías (como los discapacitados o las víctimas de género o terrorismo), la eliminación del grupo de 3 kW ha impedido compensar la caída. Y es que solo este colectivo superaba los 1,6 millones, casi el equivalente al descenso ahora registrado.

Por empresas

Los datos por compañías hablan por sí solos: frente a los 945.000 bonistas que tenía Endesa en 2017, ahora solo cuenta con 392.481 (la eléctrica tiene otros 8.812 en trámite). Iberdrola, que sumaba 860.000 clientes con la anterior tarifa social, tiene ahora acogidos a la nueva 440.864, además de otros 91.287 en fase de tramitación. Por su parte, Gas % Power (filial de Naturgy) tiene 153.835 s y algo más de 3.000 tramitándose (ver gráfico).

El resto de COR (comercializadoras de referencia o reguladas que están obligadas por ley a ofrecerlo) tienen una cartera mucho menor: EDP, 36.854 bonistas; CHC, 18.250; Viesgo, casi 15.000 y las pequeñas eléctricas de Ceuta y Melilla, 1.143 y 23, respectivamente.

El nuevo mecanismo de ayuda (que finacian todas las comercializadoras, libres y reguladas) se ha complicado sobremanera. En él se cruzan los distintos colectivos con tres categorías de consumidores en función de la renta: los vulnerables, los vulnerables severos y los que se encuentran en riesgo de exclusión social. A cada grupo se aplican descuentos en el recibo del 25%, el 40% y el 100%, respectivamente.

Según los datos del Gobierno, acogidos al bono social se encuentran 553.131 usuarios vulnerables; 502.472 vulnerables severos y apenas 2.742 en riesgo de exclusión social.

Llama la atención que de los más de dos millones de solicitudes, solo han resultado favorables la mitad. En gran medida, las rechazadas son del colectivo de 3 kW de potencia que se ha quedado fuera. Falta por ver cómo se resuelven las más de 94.000 en trámite (la mayoría de Iberdrola) y cuántos rezagados lo piden en estos últimos días de diciembre.

Pese al fuerte descenso, que ya se esperaba, en el sector coinciden en que la situación podía haber sido peor sin la campaña de publicidad del Gobierno y la información que han ido facilitando las empresas a sus clientes. No en vano, el pasado mes de marzo, apenas 400.000 usuarios habían pedido el nuevo bono, de los cuales, habían recibido el visto bueno 170.000.

Esta situación llevó al anterior Ministerio de Energía dirigido por Álvaro Nadal a aprobar una segunda prórroga, de mayo a octubre, meses durante los cuales, todos los beneficiarios, tanto los del nuevo bono como los del antiguo (tuvieran o no derecho a aquel), disfrutaron de sus descuentos.