Cataluña recupera solo un tercio de los depósitos perdidos tras el 1-O
Han vuelto en seis meses 10.300 millones de los 32.000 millones perdidos
Las consecuencias negativas del desafío soberanista siguen muy presentes en la economía de Cataluña. La celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración fugaz de independencia por parte del Parlamento catalán provocaron que muchas empresas optaran por trasladar su sede social y que muchos ahorradores decidieran retirar sus depósitos de bancos situados en Cataluña. Más de un año después de aquellos hechos, solo un puñado de empresas ha vuelto y del dinero que salió solo ha regresado una pequeña parte.
De acuerdo con los últimos datos publicados por el Banco de España, al cierre del tercer trimestre de 2018 había 162.471 millones de euros de efectivo en sucursales bancarias situadas en Cataluña. La cifra está aún muy por debajo de los 184.734 millones de euros que había a finales de septiembre de 2017, cuando se aceleró la fuga de depósitos.
Ya en el trimestre previo al referéndum ilegal del 1-O la cifra de depósitos había caído en casi 5.000 millones, pero la retirada de ahorros se concentró en el cuarto trimestre del año pasado, coincidiendo con el momento más crítico de la crisis catalana. En ese periodo salieron 31.399 millones de euros de cuentas domiciliadas en Cataluña. La salida continuó en el primer trimestre de 2018, con otros 1.166 millones. En los últimos seis meses han regresado 10.302 millones de euros, lo que representa menos de un tercio del dinero que se retiró por la escalada del conflicto político y social con el referéndum ilegal del 1-O.
Así, el balance un año después del 1-O queda en una retirada de depósitos de 22.263 millones en 12 meses y de 27.194 millones si se cuenta desde los 189.665 millones que había a junio de 2017.
En términos relativos, los depósitos en Cataluña llegaron a representar históricamente más del 21% del total nacional, pero esa cuota fue descendiendo progresivamente a lo largo de las últimas tres décadas. En la salida de la crisis, la cuota catalana de depósitos se había estabilizado en torno al 16%. Para octubre de 2017 ya habían reducido su peso al 15% y al cierre del pasado año se desplomaron hasta el 12,7%. Con el lento regreso de parte de ese dinero, la proporción de los depósitos en Cataluña ha subido al 13,26%.
La Comunidad Valenciana y, en menor medida, Aragón, ambas colindantes con Cataluña, registraron entonces una subida del efectivo depositado en sus sucursales bancarias. En aquellos días fueron muchos los particulares que decidieron abrir cuentas corrientes en oficinas situadas en otras regiones ante el temor de que se pudiera producir algún tipo de corralito si triunfaban las tesis independentistas.
En los 12 meses transcurridos desde el referéndum ilegal del 1-O, los depósitos han aumentado en 7.896 millones en la Comunidad Valenciana, hasta los 107.282 millones. En Aragón han crecido en 1.774 millones (hasta 35.637 millones), pero también han aumentado con fuerza en un año los depósitos en Andalucía (4.181 millones más, hasta 120.431 millones), en País Vasco (4.255 millones, hasta 81.758) y en Galicia (3.145 millones más, hasta 63.393 millones).
La decisión del Gobierno de Carles Puigdemont de mantener su desafío soberanista, que ha acabado con el encarcelamiento y la huida de la mayor parte de los consejeros, provocó que muchas empresas catalanas decidieran trasladar su sede. Entre los bancos, CaixaBank optó por fijar su sede social en Valencia y Banco Social la estableció en Alicante. En total fueron más de 3.700 empresas las que optaron por cambiar de domicilio social ante la incertidumbre jurídica y política que se cernía sobre la comunidad autónoma.
En toda España se mantienen 1,22 billones de euros en depósitos bancarios de particulares, empresas y Administraciones Públicas, a pesar de que la rentabilidad que ofrecen los bancos es mínima. De acuerdo con los últimos datos facilitados por el Banco de España, el tipo de interés medio que se ofrece en cuentas a la vista es del 0,03%.
Consecuencias económicas
La salida de empresas y la retirada de depósitos no son las únicas consecuencias económicas provocadas por el desafío independentista en Cataluña. Varios indicadores han mostrado una desaceleración de la actividad empresarial, una caída del turismo y un parón en la compraventa de viviendas.
En el último trimestre del año pasado, la compra de casas en Cataluña cayó un 7,5% en tasa interanual, mientras que en el resto del país subió un 10,9%, de acuerdo con datos del Consejo General del Notariado.
En la creación de empresas también se ha dejado sentir el aumento de la inseguridad jurídica provocada por la deriva soberanista. Así, en el primer trimestre de 2018 se desplomó un 16% el número de sociedades constituidas en Cataluña, mientras que la caída media en el resto del país fue del 4%.
En términos macroeconómicos, el Producto Interior Bruto (PIB) de Cataluña crecía a mediados del año pasado a una tasa del 3,5%. Un año después esta había caído al 2,5%. Si habitualmente esta comunidad autónoma siempre crece por encima de la media del país, ahora lo está haciendo por debajo.
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