Una contrarreforma laboral ideológica, precipitada y sin el debido consenso

El Gobierno ya ha corregido con decisiones unilaterales una de las esencias de la reforma laboral: los costes laborales

El Gobierno tiene cerrado el núcleo de un gran acuerdo con los sindicatos para anular varios de los capítulos que ellos consideran más nocivos de la reforma laboral que Rajoy aprobó en 2012. Más allá del grado de compromiso, sobre el que discrepan los propios sindicatos, y que podría incorporar cuestiones adicionales los próximos días, así como de la fórmula aplicada para efectuar los cambios, hay consenso sobre al menos cinco cuestiones que, de ejecutarse, suponen una auténtica contrarreforma laboral. Se recupera la ultraactividad de los convenios colectivos; se devuelve la supremacía normativa a los pactos sectoriales sobre los de empresa; se convierte de nuevo en obligatoria la jubilación al cumplir la edad legal; se limita la utilización de las subcontratas; y se impone un mecanismo de control horario individualizado en las empresas, con el fin último y único de forzar el abono y la cotización de las horas extras.

El compromiso de esta especie de contrarreforma figuraba en el acuerdo que el presidente del Gobierno cerró hace unos meses con su socio parlamentario Podemos, que le apremiaba a hacerlo antes de fin de año, lo que le confiere un carácter marcadamente ideológico. Cierto es que los Gobiernos elegidos parlamentariamente tienen plena legitimidad para llevar adelante cuantas modificaciones estimen precisas; pero en este caso, habría sido más conveniente hacer una auditoría profesional sobre qué aspectos técnicos de la reforma de 2012 han funcionado y cuáles han sido contraproducentes, para corregir posteriormente estos últimos con consenso. En caso de hacer tabla rasa se corre el riesgo de eliminar uno de los instrumentos que más ha contribuido a la recuperación de la confianza, la actividad económica y el empleo en este ciclo postcrisis.

No hay que olvidar que en los últimos meses, en paralelo con este principio de acuerdo del que se han autoexcluido los empresarios por considerarlo pernicioso, el Gobierno ha corregido con decisiones unilaterales una de las esencias de la reforma laboral, cual era reducir los costes laborales para estimular la contratación. La fuerte subida del salario mínimo y de las cuotas de Seguridad Social supone un encarecimiento del factor trabajo cuyo efecto habrá que calibrar con el paso de los trimestres. Y junto a ello, la vuelta al convenio de sector y el rescate de la ultraactividad, dos demandas a las que los sindicatos se agarran engañosamente para recuperar supuestas cotas de poder en las relaciones industriales, estrechan el margen de las empresas para ajustar los costes a su situación particular. Además, la limitación de las subcontratas, seguramente más justificada, reduce los niveles de flexibilidad para los empleadores.