Las empresas públicas caminan hacia el libre mercado
Entre 1997 y 1998 tuvo lugar el mayor proceso de privatizaciones
En plena dictadura, el Instituto Nacional de Industria (INI) vio la luz en 1941 inspirado en el Instituto per la Ricostruzione Industriale (IRI), fundado por Mussolini en 1938. Su objetivo fue la creación de empresas industriales y promocionar el desarrollo económico del país, asolado por la guerra, dentro de una concepción autárquica de la economía.
Durante los primeros años de democracia, el INI constituyó el principal holding industrial del país. En 1980, cuando el Instituto ocupaba a 250.000 trabajadores, se inició la política de privatizaciones. Desde entonces, España ha recaudado en torno a 70.700 millones de euros por la venta de empresas, el 7% del PIB, según los informes anuales del Consejo Consultivo de Privatizaciones. Para cumplir con los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht, España enajenó buena parte de sus empresas (Repsol, Telefónica, Enagás, Iberia, Endesa, Argentaria, Transmediterránea…) gracias a que la mayoría eran sociedades anónimas. El sector energético aportó el 42% del total de los ingresos, seguido de telecomunicaciones y transportes, con un 17% cada uno. El resto se repartió entre el 13% del sector industrial, el 8% del financiero y el 3% de otros.
Entre 1997 y 1998 tuvieron lugar los mayores procesos de privatización. En este periodo se desarrollaron las OPV de Telefónica, Endesa, Repsol, Tabacalera o Argentaria. A partir de 1999, la intensidad privatizadora, en términos de ingresos, fue reduciéndose, debido al menor tamaño de las compañías privatizadas y, a partir del año 2000, al menor número de operaciones realizadas, según el Consejo Consultivo de Privatizaciones.
El Ejecutivo de Felipe González creó en 1995
la SEPI, un entramado empresarial que sustituía al INI
En 1995, el Ejecutivo de Felipe González creó la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), un entramado que sustituía al INI y cuya intención era paliar los errores cometidos por el mismo. La SEPI participa hoy en 15 empresas de manera mayoritaria y en otras 9 de forma minoritaria. Otras compañías están adscritas al Ministerio de Fomento, como Aena, o al de Hacienda, en el caso de Loterías del Estado.
“En estos 40 años, España ha entrado en una economía de mercado. Y hoy, el Estado está presente en algunos sectores estratégicos de los que no puede retirarse del todo”, asegura Ricardo Palomo, catedrático de la Universidad CEU San Pablo.
“El impacto del Estado sobre la economía a través de las empresas públicas se ha reducido, pero si consideramos el sector público globalmente, se ha ampliado extraordinariamente”, apunta Francisco Longo, director de ESADEgov.
El presidente de la SEPI, Vicente Fernández, ha dicho en un acto del 40 aniversario de la Constitución que las empresas públicas deben ser eficientes.
Renfe Operadora y Adif, dos empresas complementarias
Ferrocarriles. La división de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe) se hizo efectiva en 2005 entre dos empresas: Renfe Operadora, adscrita al Ministerio de Fomento, es propietaria de los trenes y encargada de su circulación, y trabaja en competencia con otras compañías ferroviarias; y Adif, entidad pública empresarial, también dependiente del Ministerio de Fomento, propietaria de la infraestructura y responsable de su gestión. Proporciona sus servicios a cualquier operador ferroviario que los solicite. Adif heredó la infraestructura de las extintas Renfe y Feve, por lo que es dueña de la mayoría de líneas de ferrocarril de España.
Aena, con capacidad de gestión pública y privada
Aeropuertos. La creación de Aena está asociada al proceso de liberalización y acceso al mercado que se llevó a cabo a finales de los años ochenta en el transporte aéreo internacional europeo. El objetivo fue dotar a los aeropuertos españoles de un modelo organizativo que permitiera actuaciones más ágiles que las que ofrecía el marco en el que se encontraba el gestor público aeroportuario. Desde sus orígenes, cuenta con personalidad jurídica propia y capacidad pública y privada para su gestión. Esta simbiosis hace que para sus funciones públicas se rija por la legislación pública y, por la privada, en los ámbitos patrimoniales y de contratación.
Correos, la encargada del servicio postal universal
Participado al 100% por la SEPI, el grupo Correos está integrado por Correos y las filiales Correos Express, Nexea y Correos Telecom.
Es la compañía designada para prestar el servicio postal universal en España. Con una plantilla de más de 50.000 empleados, distribuye diariamente 11 millones de envíos. La empresa opera en el sector de las comunicaciones físicas y digitales y en el mercado de la paquetería, y es puntera en el segmento de transporte no urgente y referente para el sector del comercio electrónico. Por dimensiones, capilaridad y capital humano, la compañía pública, fundada en 1716, es una de las principales empresas españolas.
