Aprender todas las lecciones que dejó la crisis para no repetir sus errores

El informe del Congreso culpa a entidades y reguladores, pero excluye a la clase política

Tras casi año y medio de trabajo y después haber escuchado a más de 80 altos cargos de organismos supervisores, reguladores, bancos, asociaciones de usuarios y responsables políticos, la Comisión del Congreso que ha investigado la crisis financiera y el rescate bancario ha realizado un dictamen en el que se identifican errores y culpas y se proponen medidas y recomendaciones, pero se omite la responsabilidad del poder político en el proceso, especialmente en la caída de las cajas de ahorros. El informe señala las principales grietas y boquetes que provocaron el colapso de una parte del sistema financiero y dañaron, con distintos grados de intensidad, al resto, además de desencadenar un rescate bancario por parte de Bruselas y un largo y profundo proceso de reordenación, saneamiento y recapitalización ulterior.

La lista de fallos y culpas incluye a los guardianes y vigilantes –los principales organismos reguladores–, en especial el Banco de España, que erraron en el diagnóstico sobre la gravedad e inminencia de la crisis y no adoptaron medidas adecuadas para atajarla, aunque tampoco habrían dispuesto de herramientas suficientes para hacerlo. Incluye, como no podía ser de otra forma, la mala gestión, las prácticas heterodoxas en materia de riesgos, los abusos en la comercialización de productos financieros y los casos de corrupción en algunas entidades. Pero omite, y es una omisión preocupante, el dañino proceso de politización que vivieron las cajas de ahorro, la desnaturalización de su modelo de negocio original y el papel que su pésima gestión jugó en la crisis y que llevó a la desaparición de estas entidades, acompañada de una larga lista de responsabilidades penales.

Más allá del amargo balance de la crisis, la Comisión ha propuesto un paquete de medidas para revisar la legislación con el fin de reforzar el papel de los supervisores y aumentar las sanciones. Pese a que la normativa bancaria europea se ha endurecido considerablemente, ha mejorado mucho la protección de los consumidores y se ha fortalecido el capital y la vigilancia sobre las entidades, todavía hay margen para avanzar. Es el caso de la independencia y competencias de los supervisores nacionales o del desarrollo de una Autoridad Macroprudencial de Supervisión que ejerza de despierto centinela frente a futuras amenazas. También es tiempo de interiorizar lecciones y de aprender de los errores, una tarea que compete a todos, entidades, consumidores y supervisores, pero también, y no en menor medida, al propio poder político.

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