Eficacia y realismo para combatir los abusos en las jornadas de trabajo

La mayor parte del tejido empresarial español pertenece al sector servicios, en el que la flexibilidad juega un papel relevante

La intención del Gobierno de consagrar como derecho laboral el conocer la distribución y duración de la jornada de trabajo constituye una propuesta sencilla sobre el papel, pero compleja sobre el terreno. El Ejecutivo pretende modificar el Estatuto de los Trabajadores para acoger esta nueva garantía, que obligará a las empresas a llevar un registro diario de la hora de entrada y salida de sus empleados. Se trata de generalizar el tradicional deber de fichar en los centros de trabajo, bien conocido en algunas grandes empresas, pero fuertemente ajeno a la cultura y organización de las pequeñas. La intención del Gobierno es obligar a las compañías a racionalizar, pero también pagar y cotizar, por las horas extraordinarias realizadas por las plantillas y evitar los abusos que se producen en torno a esta cuestión. Un viejo catálogo de irregularidades que incluyen desde la implantación de jornadas excesivas de forma habitual y no remunerada hasta la atribución a trabajadores a tiempo parcial o con reducciones de jornada de un modelo de horario que excede la naturaleza de sus contratos. Según el borrador de la propuesta, los empresarios que incumplan la norma serán sancionados con una multa cuyo importe equivaldrá a una infracción por cada trabajador de la compañía.

La lucha contra las irregularidades laborales, las condiciones leoninas en las empresas y el fraude en los contratos constituyen frentes siempre abiertos y que deben estar presentes entre las prioridades de todo Gobierno. Sin embargo, una cosa es el fin y otra los medios con los que alcanzarlo, que siempre es necesario valorar en función de su eficacia real y de la relación entre coste y beneficio. La mayor parte del tejido empresarial español pertenece al sector servicios, en el que la flexibilidad de mano de obra y de horarios juega un papel relevante y que ofrece un perfil muy distinto al del sector industrial, caracterizado por turnos y jornadas mucho más planificadas. A esa realidad económica hay que sumar el avance del trabajo no presencial en las empresas, que supone una dificultad añadida a la hora de aplicar una normativa como la que pretende el Gobierno. Tampoco parece razonable apostar por un sistema de sanciones con capacidad para alcanzar importes desproporcionados respecto al bien que protegen y que, en el caso de las pymes, puede terminar destruyendo empleo. Es evidente que controlar los abusos en la realización y el pago de horas extras exige un sistema serio y eficiente, pero también lo suficientemente flexible como para evitar que se convierta en un lastre capaz de amenazar la supervivencia y competitividad de las empresas.

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