La OCDE alerta de que las “disparidades autonómicas” limitan el crecimiento empresarial

Insta a homogeneizar las regulaciones para fortalecer la economía española y un mercado común

Recomienda reformar las deducciones por Sociedades y el IVA reducido e incentivar la prolongación de la vida laboral

El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría.
El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha advertido este jueves que las “disparidades autonómicas” suponen una barrera para el mercado único y un freno para el crecimiento empresarial y económico de España.

Así lo recoge el informe anual del organismo sobre España, que han presentado el secretario general del organismo, José Ángel Gurría, y la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, y en el que también se sugiere la necesidad de acometer reformas fiscales, sanear las cuentas públicas y afrontar el reto de financiar las pensiones.

“Las diferencias de regulación entre comunidades autónomas obstaculizan la consecución de un auténtico mercado único y lastran el crecimiento empresarial, propiciando diferencias de productividad entre las comunidades autónomas”, subraya el documento.

La aplicación de ciertas regulaciones depende del tamaño de las empresas, ya sea del número de trabajadores y/o de su volumen de negocio. Éstas pueden limitar el crecimiento de las empresas tras el inicio de sus actividades por lo que deberían suprimirse cuando sea preciso”, apunta, asumiendo que estas trabas pueden “impedir a las empresas beneficiarse de economías de escala y de la exportación”.

En este punto, la OCDE sugiere “intensificar la aplicación” de la Ley de Unidad de Mercado, que asegura que las empresas no sean sometidas a requisitos adicionales en comunidades autónomas distintas de la suya propia, e incluirla en la regulación regional.

La OCDE asume además que “hay margen para perfeccionar el marco fiscal”, ya reforzado en 2012 con las reglas de deuda, gasto y déficit, al entender que “en la práctica, las comunidades autónomas únicamente aplican” esta última, lo que “no les ayuda a converger hacia sus objetivos de deuda”. “Es preciso reforzar esa normativa haciendo que la regla de gasto sea el instrumento principal para alcanzar la sostenibilidad de las finanzas públicas” haciendo que el aumento de gasto se fije con una reducción constante del ratio de deuda.

Más allá, la institución considera que “la reducción de las disparidades autonómicas propiciaría un crecimiento más inclusivo” en vista de que “las tasas de desigualdad de ingresos y de pobreza son altas”. “Habida cuenta de la intensa descentralización, las políticas e instituciones autonómicas son decisivas para la aplicación efectiva de las políticas nacionales en materia de educación y mercado de trabajo, que pueden coadyuvar a mitigar las desigualdades”, expone, reclamando más coordinación y homogeneizar las mejores prácticas.

En paralelo, la OCDE expone que un “un uso más eficiente de los impuestos y las transferencias reduciría las desigualdades” dado que “la fiscalidad sigue orientada hacia las rentas del trabajo, lo que penaliza el crecimiento y el empleo”. “Hay margen para recurrir a los impuestos ambientales y al impuesto sobre el valor añadido (IVA), que son menos distorsionadores”, aduce, en línea con las recomendaciones que viene haciendo el Fondo Monetario Internacional. Además, considera que las exenciones sobre Sociedades y los tipos de IVA reducido erosionan la recaudación y resta eficacia a los impuestos

Crecimiento, deuda y pensiones

El informe asevera que, aunque a menor ritmo que en los últimos trimestres, “el crecimiento, apoyado en unos tipos de interés bajos y una vigorosa creación de empleo, seguirá teniendo fundamentos sólidos” permitiendo rebajar la tasa de paro al 12,5% para 2020, regresando a niveles precrisis.

Sin embargo, el organismo advierte que hay “riesgos” considerables por la “la desaceleración del comercio internacional” que podría perjudicar las exportaciones, “las turbulencias en los mercados internacionales y las incertidumbres políticas” que “podrían socavar la confianza del sector privado, y debilitar así la demanda interna”, aunque esta podría demostrar una mayor resistencia si la ralentización en la creación de empleo se modera.

Ante esta coyuntura, la OCDE asevera que “las finanzas públicas deberían afianzarse para afrontar mejor los desafíos a medio plazo”, reduciendo la deuda del actual entorno del 98% y rebajando el déficit público.

Una de las prioridades es sanear las maltrechas cuentas de la Seguridad Social que financian las pensiones habida cuenta de que la tasa de dependencia de los mayores se duplicará en 2050, según la OCDE, que considera que la tasa de sustitución de la pensión respecto al sueldo sigue siendo alta y que el sistema actual desincentiva prolongar la vida laboral una vez cotizados los años necesarios para cobrar la mejor prestación.

El coste de las reformas

La OCDE detalla una serie de propuestas concretas cuyo impacto cuantifica. Del lado del gasto adicional para las arcas públicas, incluye una reducción de las cotizaciones empresariales (que rebajaría los ingresos en el 0,1% del PIB, unos 1.200 millones al año); incrementar las políticas activas de empleo para mejorar la formación y eliminar barreras regionales (0,05%) o aumentar el gasto en educación (0,80%).

Para compensar este esfuerzo, propone suprimir algunos tipos de IVA reducido (para ingresar el equivalente a un 0,4%más de PIB) o elevar el peso de los impuestos ambientales hasta la media de la OCDE (otro 0,4%). La mejora de la economía, apunta, compensaría el anterior incremento del gasto público al aportar otro 0,4% más de recursos al Estado, estima.

Otras recomendaciones

Además la OCE realiza otra serie de recomendaciones al país que incluyen: crear una autoridad macroprudencial nacional de supervisión, lo que el Gobierno ya estudia; revisar las desgravaciones en el impuesto sobre Sucesiones para las rentas altas; vincular la edad de jubilación obligatoria a la esperanza de vida en el momento de la jubilación; ampliar la educación pública para niños de 0 a 3 años, como incluye el plan presupuestario del Ejecutivo; y facilitar el acceso a bonificaciones por inversión en investigación, desarrollo e innovación.

Normas