La nueva oficina de protección del consumidor financiero debía haberse impulsado en julio
La medida llega con meses de retraso Su objetivo es mejorar la defensa del cliente ante abusos bancarios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó ayer desde el Palacio de La Moncloa de que además de impulsar un decreto ley para establecer que sea la banca quien paga el impuesto hipotecario creará una oficina en defensa del consumidor bancario.
En concreto, informó, el Consejo de Ministros remitirá a las Cortes Generales la propuesta de creación de la Autoridad Independiente de Protección del Cliente de Productos Financieros, que tendrá como objetivo reforzar la protección ante abusos, mejorar la capacidad de resolver conflictos, y garantizar la seguridad jurídica.
Aunque el anuncio se enmarcó en la respuesta del Gobierno a la decisión del Tribunal Supremo contra los intereses de la clientela, lo cierto es que esta medida ya estaba contemplada y lleva meses de retraso.
Su creación es una exigencia de la directiva europea 2013/11 que fue traspuesta hace un año con la Ley 7/2017 de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo, que a su vez daba ocho meses (hasta el pasado julio) para regular la protección del cliente financiero.
Entre otras cuestiones, está por ver si la atención a las quejas de la clientela bancaria sigue estando en manos del Banco de España, o pasa a esta nueva oficina, o si las recomendaciones del supervisor a la banca pasan a ser vinculantes.
El texto está en manos del Ministerio de Economía, en el que la ministra Nadia Calviño heredó el compromiso que, a su vez, su antecesor Román Escolano recibió de Luis de Guindos. Hasta la fecha no había habido avances en su desarrollo.
