El Congreso da un respiro a las VTC al tramitar la nueva normativa como proyecto de ley
La mayoría de la Cámara Baja ha respaldado que el real decreto sea tramitado como un proyecto de ley Las autonomías exigirán librarse de indemnizar a las VTC en caso de posibles indemnizaciones
Victoria inicial para el taxi, triunfo amargo para el Gobierno y un respiro, al menos temporal, para el sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), con Uber y Cabify a la cabeza. El texto del polémico real decreto ley aprobado por el Ejecutivo el pasado 28 de septiembre, que habilita a las comunidades autónomas y ayuntamientos a regular en materia de VTC, fue convalidado este jueves por el Congreso, tal y como quería el sector del taxi y el gobierno, pero se tramitará como proyecto ley, lo que abre la puerta a posibles enmiendas que puedan plantear los partidos políticos del arco parlamentario.
De nada sirvió que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, defendiera en el Congreso la "urgencia y extraordinaria necesidad" de solventar una situación de conflicto en la movilidad urbana, y pidiera a los grupos políticos no "dejar pudrir el tema". La convalidación de la norma obtuvo 179 votos favorables (PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Coalición Canaria, EH Bildu y Nueva Canarias); 166 votos en contra (PP, Cs y Foro Asturias) y dos abstenciones, pero la mayoría de la Cámara Baja ha respaldado que este real decreto de VTC sea tramitado como un proyecto de ley para permitir posibles modificaciones.
Tras conocer la decisión, la patronal Unuato ha celebrado la decisión de que se tramite como proyecto de ley. "Nos ha gustado porque significa que los grupos parlamentarios han valorado los 15.000 empleos directos que genera el sector y porque pone en evidencia la falta de diálogo existente en la elaboración del texto normativo", dijo un portavoz de la asociación. Su presidente, Eduardo Martín, añadió que se felicitan porque se tramite de esta manera, "porque Unauto siempre ha defendido el consenso y el diálogo, para que todos los actores del sector de la movilidad estén implicados, así como los órganos legisladores y, sobre todo, el ciudadano". Las empresas VTC aseguraron que confían en que la norma "evolucione" en el Congreso.
Del lado de los taxistas (unos 1.000 se concentraron a las puertas del Congreso mientras se votaba), la victoria tiene un sabor "agridulce". El presidente de Antaxi, Julio Sanz, y el presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, han pedido responsabilidad a las comunidades autónomas y ayuntamientos "para que trabajen en legislar cuanto antes en los apartados en los que se habilita esta norma. Es necesario que garanticen el equilibrio entre los dos sectores [taxi y VTC] que, a pesar de desarrollar su actividad en el mismo ámbito, hasta ahora atendían a legislaciones diferentes". En su opinión, la aplicación de la doble autorización recogida en el nuevo real decreto ley acabaría con la situación de asimetría normativa existente hasta el momento.
Leal avanzó que su patronal presentará hoy mismo en el Registro del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid un documento para que ambas administraciones "comiencen a actuar en virtud de las competencias que les da este real decreto". Por su parte, Sanz ha añadido que recurrirán el plazo de cuatro años que establece el texto como medida indemnizatoria para las licencias VTC, "puesto que es un período de tiempo excesivo e innecesario". "Desde Antaxi vamos a seguir defendiendo los intereses del colectivo del taxi y por ello llevaremos a los tribunales los puntos del real decreto ley que consideramos negativos para el sector", ha subrayado Sanz.
Lo que dejaron claro algunos partidos políticos nacionalistas es que introducirán enmiendas con la intención de librarse por ley de tener que indemnizar a las VTC en caso de que estas emprendan la batalla legal que han prometido y ganen los pleitos. Así lo expresaron el diputado de ERC, Joan Margall, y el del PDeCAT, Ferran Bel, que apuntaron que el Estado es el que deberá asumir la responsabilidad patrimonial en caso de que exista. "Nos parece un despeje al córner de las comunidades autónomas del problema y no garantiza quien tendrá que asumir las consecuencias económicas de las posibles reclamaciones", insistió en la misma línea Joan Baldoví, de Compromís.
Sobre este punto, Ábalos había resaltado que el contenido del real decreto había sido analizado por la Abogacía del Estado y que es legal. "Esto no son las autopistas", dijo en clara alusión a las indemnizaciones a los operadores de las radiales. Pero sus socios en el Congreso parecen querere quieren atar bien todos los cabos ante las cifras que maneja Unauto, basadas en un informe de EY, que cifra en casi 3.800 millones de euros las posibles indemnizaciones a los propietarios de las licencias VTC, y ante las opiniones de algunos catedráticos y despachos de abogados como Garrigues, que creen que el decreto ley no cumple los requisitos de urgencia y es anticonstitucional.
Ábalos se preguntó en su intervención por qué algunas autonomías tienen "miedo a asumir competencias". "Gestionar los territorios consiste en asumir problemas. Algunos se quieren ir del Estado, pero dejar las VTC", criticó.
A la espera de ver cómo queda todo finalmente y si se suaviza o no el texto final para las VTC, desde Unauto avanzaron este miércoles que si se convalidaba el real decreto tal y como está redactado presentarían acciones judiciales para revocarlo. “No vamos a escatimar ni un euro en asesoramiento jurídico. Estamos convencidos de que lo vamos a ganar y lo va a tener que pagar el Gobierno. Según nuestros letrados el real decreto va contra los artículos 20, 86 y 150 de la Constitución, va en contra de la Ley de garantía de unidad de mercado, la Ley de la economía sostenible, la Ley de procedimiento administrativo y de la tutela judicial”, dijo Martín.
Desde el sector de los VTC también advirtieron que si el real decreto sigue adelante barajan reclamar al Ministerio de Fomento una moratoria para sus licencias de entre 24 y 30 años, el tiempo que han calculado como necesario para amortizar y rentabilizar sus autorizaciones “logradas de manera legal y por tiempo indefinido” o una compensación de 3.800 millones de euros.
Este jueves, algunas asociaciones de taxistas indicaron que ellos también aprovecharán la tramitación como proyecto de ley para tratar de reducir la moratoria de cuatro años (con posibilidades de alargarlo a seis) que fija la norma para restringir o suprimir licencias VTC. Igualmente, buscarán introducir medidas que ayuden al taxi a ser más competitivo como el taxi compartido o la tarifa fija para viajes precontratados.
Más allá del conflicto taxi-VTC, la tramitación como proyecto de ley de la nueva normativa de las VTC supondrá también que las comunidades autónomas podrían ampliar sus competencias normativas. Tanto fuentes del sector del taxi como de las VTC aseguraban ayer a este diario que abrir la LOTT a posibles modificaciones a través de enmiendas, será “abrir la caja de Pandora”.
Competencia catalana lleva a los tribunales la limitación de los VTC
La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el reglamento que limita la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) en el Area Metropolitana de Barcelona (AMB), al entender que implica "graves restricciones" a la competencia.
Este reglamento fue aprobado el pasado 26 de junio por el pleno del AMB con el objetivo de acotar la actividad de los vehículos VTC, que operan compañías como Uber o Cabify, ante las protestas del sector del taxi. La norma exige a los vehículos de alquiler con conductor disponer de una autorización adicional para poder operar y pretende garantizar que en la capital catalana se cumple con la proporción de un coche VTC por cada 30 taxis. La ACCO, sin embargo, considera que el reglamento limita la competencia y hoy mismo ha interpuesto este recurso, haciendo así uso de sus facultades de impugnación de aquellas disposiciones generales de rango inferior a ley que suponen un "obstáculo" a una competencia efectiva en los mercados.
Este organismo de la Generalitat considera que la aplicación de esta norma supondrá la expulsión del mercado de buena parte de los operadores de VTC que ya habían obtenido una autorización de actividad conforme al marco legal vigente.
La ACCO ha subrayado en un comunicado que ha decidido llevar el reglamento a los tribunales ante la "ausencia de respuesta por parte del AMB" al requerimiento previo que formuló para que el ente supramunicipal declarara la nulidad de la normativa o la derogara.