El Tribunal Supremo fija para el 5 de noviembre el pleno para aclarar quién pagará el impuesto de las hipotecas

Los magistrados subrayan que la sentencia del jueves es firme y no será revisada pero la doctrina se clarificará abordando casos similares

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, se ha reunido este lunes con los jueces que dictaron el fallo ante la confusión generada la pasada semana

Sede del Tribunal Supremo.
Sede del Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 5 de noviembre el pleno para aclarar definitivamente quién tendrá que pagar a partir de ahora el impuesto sobre la constitución de las hipotecas, después de que la semana pasada la sala de lo Contencioso-Administrativo determinase en una sentencia que será el banco y no el cliente el que debe abonar esa cantidad.

Pocas horas después del fallo judicial, que suponía un giro en la jurisprudencia, el presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, convocó un pleno "a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado", una situación que ha provocado gran incertidumbre entre bancos y clientes.

La convocatoria del pleno ha sido fijada finalmente este lunes tras una reunión convocada de urgencia por el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ante el revuelo de los últimos días. A la cita han asistido también el vicepresidente del Tribunal y el presidente de la Sala Tercera y los magistrados Nicolás Maurandi Guillén, presidente de la sección segunda de la Sala, así como Ángel Aguallo Avilés, José Diaz Delgado, Francisco José Navarro Sanchís, Jesús Cudero Blas y Dimitry Berberoff Ayuda.

El presidente del Supremo ha querido aclarar, mediante un comunicado, que la sentencia del pasado jueves en la que el Tribunal establece que el impuesto de actos jurídicos documentados debe pagarlo la banca, y no el cliente, es firme y no puede ser alterada por la reunión del Pleno.

Ante las críticas de asociaciones de consumidores que estiman que el Supremo ultima un cambio de criterio para proteger a la banca, Lesmes asevera en su escrito que los magistrados actuaron "con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso" y otros dos similares pendientes de notificación.

La convocatoria del Pleno, explica, responde a la atribución del Supremo de aclarar el criterio sobre una materia, lo que se hará abordando otros asuntos pendientes similares de la misma materia. Esta aclaración de la doctrina se abordará el 5 de noviembre.

La confusión promete seguir reinando durante las dos semanas que restan hasta dicha fecha prevista, dado que la banca se resiste a aplicar el criterio del fallo del pasado jueves, al menos hasta ver si el Pleno se ratifica en el mismo sentido, mientras que los consumidores reclaman que se aplique y sea el banco quien pague. En las últimas horas, la situación ha provocado la parálisis en muchas firmas hipotecarias.

La polémica está alimentada por un fallo anterior del alto tribunal, del pasado febrero, en el que  los magistrados de la Sala Primera de lo Civil concluyeron que era el cliente y no la entidad financiera quien debía correr con los gastos del impuesto.

El monto en juego es de gran relevancia, y su impacto potencial podría superar al del varapalo que sufrió la banca con las cláusulas suelo. Para una hipoteca de 100.000 euros puede oscilar entre los 500 y los 2.000 euros en función de la comunidad autónoma que lo cobre. 

Está por ver, en todo caso, si el Supremo ratifica su nuevo criterio y si establece que tiene efectos retroactivos o no. De mantenerse en firme, el impacto puede afectar también a la administración pública que podría tener que devolver el dinero cobrado a los contribuyentes y reclamarlo a la banca.

En concreto, los técnicos de Hacienda de Gestha estiman que 1,5 millones de contribuyentes podrían reclamar 3.631 millones de euros abonados por el impuesto de actos jurídicos documentados a las distintas comunidades autónomas por los últimos cuatro ejercicios fiscales, que son los que aún se pueden rectificar.

En el caso de quienes han acudido a los tribunales denunciando a la banca por aplicar una cláusula que les impone a ellos todos los gastos de constitución de la hipoteca, lo que el Supremo ya consideró nulo por abusivo en su día, el golpe económico podría trasladarse al sector financiero. En este caso, los analistas de Kepler Cheuvreaux estiman que el coste puede superar los 6.000 millones de euros, llegando a duplicarse si se suman costas e intereses de demora.

 Una decisión "prudente y razonable"

“Esa nueva sentencia es probable que determine los efectos retroactivos que tendrá la decisión, pero [solo] para las administraciones tributarias, lo cual resulta razonable. A mí, pues, me parece lógico y prudente que, debido a la repercusión que esta sentencia puede tener social y económica, principalmente para las arcas públicas, el Presidente del Tribunal Supremo haya decidido que el próximo tema –en lo contencioso administrativo, insisto– lo asuma el Pleno”, expone Patricia Gabeiras, socia directora del bufete Gabeiras & Asociados.

A juicio de la abogada, que ha promovido importantes casos contra las hipotecas multidivisa, la decisión “es prudente y razonable y ello no significa ni que, a priori, se vaya a ayudar a la banca, ni prejuzga los efectos que tendrá o no la sentencia de lo contencioso-administrativo en el ámbito civil”.

Normas