Plan en seis meses para erradicar la pobreza energética

El Gobierno elaborará un plan basado en criterios reales de renta Se amplía la cobertura del bono eléctrico y se crea el bono térmico

El Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera ha optado por mantener el bono social de la tarifa eléctrica, que aprobó el extitular de Energía, Álvaro Nadal, pese a que, en un buen número de supuestos, no está ligado a la renta (ver gráfico). Este bono convive, además, con otro anterior, también del Gobierno del PP, y así seguirá en tanto los beneficiarios que tengan derecho, lo renueven.

 Para ello, el real decreto ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la subida de la luz, que entra hoy en vigor, ha ampliado el plazo que concluía el lunes, hasta fin de año.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ribera reconoció que la inclusión de las familias numerosas sin límite de renta como beneficiarias de unos descuentos que financian las comercializadoras, “es uno de los elementos que más nos llamó la atención”. Sin embargo, tras consultar con distintas asociaciones, “y dado que conviven dos bonos eléctricos”, el Gobierno no consideró prudente cancelarlos “de golpe”.

Por el momento, su ministerio gana tiempo hasta finales de año, en que desaparece el viejo bono.Por otro lado, el RDL fija un mandato al Gobierno para que en seis meses elabore una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. “Hemos optado por un periodo transitorio”, afirmó Ribera, quien añadió que dicha estrategia se elaborará “con verdaderos criterios de renta”. En este sentido, la ministra aludió también a una reforma en profundidad del mercado eléctrico. En esta Estrategia colaborarán las comunidades autónomas y ayuntamientos y su objetivo será la erradicación de la pobreza energética. Según el Gobierno, esta afecta a 4,6 millones de personas.

Por el momento, se da más cobertura al actual, con la ampliación en un 15% de los límites de consumo que dan derecho al mismo. Estos límites se modularán a lo largo del año. Además, se incluye un nuevo colectivo, el de las familias monoparentales (el 85% son mujeres), con un tope de renta, pero mayor al estándar. Como “defensa de la infancia”, se prohíbe el corte de suministro por impago a los vulnerables con menores de 16 años en la vivienda.

Tal como se había anunciado, se crea un bono térmico para compensar la factura de la calefacción, el agua y la cocina. Se trata de una ayuda directa, financiada por los Presupuestos del Ministerio de Transición Ecológica, que pagarán y gestionarán las comunidades autónomas. Este cheque se entregará a principios de año y para recibirlo es imprescindible ser beneficiario del bono eléctrico. Su disfrute será compatible con el cobro de otras subvenciones.

El bono está condicionada “a la existencia de disponibilidad presupuestaria”, según el RDL, y se otorgará en función de la vulnerabilidad del consumidor y la zona climática. Según el ministerio, para un presupuesto de 100 millones y 1,5 millones de beneficiarios, las cuantías serían de 25 euros para los vulnerables de zonas cálidas y 130 euros para las zonas muy frías.

Otras medidas de protección al consumidor en general, son prohibición de las comercializadoras de hacer contratos de gas o electricidad, así como publicidad, puerta a puerta cuando el consumidor no lo haya solicitado. Se refuerzan, asimismo, las sanciones a las empresas en caso de incumplimiento de los requisitos para ejercer de su actividad. Incluso se las podrá inhabilitar como comercializadora por un plazo de un año. Por otro lado, se regulan las prácticas fraudulentas en la comercialización que crean alarma social. En estos supuestos la inhabilitación será automática.

Una medida que puede ayudar al ahorro de los consumidores con menos de 15 kW de potencia contratada, es la reducción de los escalones para contratar dicha potencia. Estos pasan de 1,1, a 0,1kw, lo que se ajustará a las necesidades del consumidor, pues a menor potencia menor tarifa. A finales de 2017, un 40% tenía contratados entre 4 y 6 kW, por lo que “existe un margen para el ahorro”, según el ministerio.

También se establecen medidas para que las comercializadoras faciliten la contratación de la tarifa de discriminación horaria (con dos precios, según las horas punta o valle). En la actualidad, solo 660.000 usuarios domésticos con precio regulado, de un total de 11,1 millones tiene contratada esta tarifa.

¿Una medida para bajar los peajes en enero?

Una novedad relevante del RDL de medidas energéticas aprobadas por el Gobierno es la que figura en la disposición adicional primera. Según esta, el superávit del sistema eléctrico, que, por ley, solo se puede destinar a reducir la deuda (aún se arrastran unos 23.000 millones de euros), se permitirá utilizar también para cubrir prosibles desajustes temporales entre costes e ingresos en 2018 y 2019. Se desconoce si es que el Gobierno teme que se produzca un déficit o deja la puerta abierta a bajar el próximo enero los peajes (congelados en los últimos años).

El Gobierno del PP incluyó también excepciones a esta norma en las dos últimas leyes de Presupuestos del Estado. En ese caso, estableció que los 1.500 millones de superávit que llegó a acumular el sistema, se podrían destinar a pagar el coste de los fallos judiciales contra el Estado o el sistema eléctrico, etre ellos, los laudos condenatorios por los arbitrajes de las renovables. De esta amnera, pagó de esta caja la indemnización de 500 millones a las eléctricas por el bono social.