El Gobierno propone exámenes más prácticos para acceder al empleo público
La ministra Meritxell Batet apuesta por pruebas de acceso menos memorísticas, evaluar por resultados y rejuvenecer las plantillas
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha anunciado este martes que el Gobierno va a crear un grupo de trabajo para mejorar y modernizar la Función Pública y adaptarla a la sociedad actual. Entre las propuestas, destacan la modificación de las vías de acceso del funcionariado, la evaluación por desempeño, y el rejuvenecimiento de las plantillas. Batet ha admitido que no dará tiempo a introducir cambios en esta legislatura, pero sí para poner las bases y "hacer reflexiones". El Ministerio que dirige también ha ofrecido a CSIF ampliar el permiso de paternidad de los funcionarios a 16 semanas, para equipararlo al de maternidad.
Durante un acto sobre la Agenda Pública organizado por Esade y Kreab, Batet ha explicado que se va a organizar una comisión sobre esta cuestión en el Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP), para reflexionar sobre "un enfoque distinto" de la incorporación de los empleados públicos. La ministra ha pedido que se acabe con la "visión negativa" del funcionamiento de las administraciones y ha subrayado el compromiso del Gobierno con la rendición de cuentas "clara y constatable y el fomento de la transparencia". “La reivindicación de lo público es fundamental, debemos ponerlo en valor, aunque no podemos perder de vista los estándares de eficacia y eficiencia”, ha insistido.
Sobre las pruebas de acceso a la Función pública, Batet ha subrayado que "lo memorístico no puede desaparecer" ya que concede "robustez en la formación" de los funcionarios, pero ha indicado que existen "otras partes importantes".
Otro de los aspectos que, según Batet, se debe estudiar también es la implantación en las administraciones de evaluación del trabajo mediante desempeño y productividad, "algo que hay que desarrollar" porque, pese a estar previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, "no se ha acabado de aplicar".
La ministra ha asegurado además que otra de las necesidades de la administración pública es rejuvenecer sus plantillas, porque la crisis económica ha provocado una baja tasa de reposición y un envejecimiento del cuerpo. "Necesitamos incorporar jóvenes, a los mejores", ha señalado, al tiempo que ha destacado que era preciso "contar con su empuje y sus valores". "No podemos esperar mucho tiempo", ha insistido.
Junto a esto, Batet ha apostado por una reflexión sobre el trasvase de trabajadores entre lo público y lo privado. En ese sentido, ha valorado que existan empleados que hayan conocido los dos ámbitos, ya que ello puede contribuir a que "desaparezcan los prejuicios", aunque matizando que también son necesarios "limitaciones y controles".
Negociaciones con CSIF
Además, en otra reunión mantenida este martes, el Ministerio también ha ofrecido equiparar el permiso de paternidad y maternidad en la Administración General del Estado en 16 semanas, como punto de partida para las negociaciones que comenzarán en octubre con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), según ha informado el sindicato. Se desconocen todavía los plazos en los que se llevaría a cabo la propuesta, que tendría un coste de 12 millones de euros anuales.
Como punto de partida de las negociaciones, CSIF exigirá al Gobierno que garantice la entrada en vigor de la subida salarial en enero, a través de un real decreto, ante la "incertidumbre" de los próximos Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, Batet ha defendido, en el acto organizado Esade y Kreab, que el crecimiento económico debe verse reflejado en el mercado de trabajo, del que también forman parte los empleados públicos. Algo que pasa, ha dicho, por "restituir los derechos y las condiciones laborales que han perdido".
El sindicato también pide que se "apliquen ya" los fondos adicionales comprometidos para avanzar hacia la equiparación salarial de la Administración General del Estado con las comunidades autónomas y garantizar un salario mínimo de 1.200 euros. Asimismo, solicita la devolución de la estructura salarial previa al recorte que realizó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 sobre las nóminas de los empleados públicos (un 5% de media), lo que permitiría cobrar de nuevo las pagas extras de manera íntegra.
