Respaldar al autónomo en el marco de una política de fomento empresarial

ATA reclama beneficios fiscales tanto en electricidad como en el diésel

Apenas un día después de que el Gobierno anunciase la suspensión del impuesto a la generación de la electricidad con el fin de frenar la escalada del precio de la luz, algunas voces han puesto en duda la suficiencia de la medida y piden ya darle una vuelta de tuerca más. Es el caso de los tres millones de autónomos que representa ATA, la federación del colectivo, que pidieron ayer públicamente a Hacienda la aplicación de un IVA superreducido (4%) a la electricidad, tras calificar de “mendiga” la suspensión del impuesto eléctrico. No es la única medida demandada por los autónomos, que reclaman también que ellos y todos los colectivos que pueden deducirse el carburante del IRPF sean incluidos en la exención (de momento, prevista solo para profesionales del transporte) prevista para el incremento del gravamen del diésel. La argumentación de ATA es que la suma de ambas medidas supondrá en 2019 un coste similar al de las cotizaciones a la Seguridad Social. A todo ello añaden el deterioro de la coyuntura económica, con las primeras señales de desaceleración en el crecimiento de la actividad y del empleo. “No digo que bajen los impuestos”, señalaban ayer desde la federación, “pero que no los toquen”.

Las medidas de protección a los autónomos forman parte de cualquier política de apoyo al tejido empresarial. Dada la estructura de ese tejido en España, constituido mayoritariamente por microempresas, los beneficios concedidos a este colectivo han sido siempre una forma de fomentar la creación de nuevos negocios y el emprendimiento. A principios de año entró en vigor una nueva batería de medidas prevista en la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo que estaban pendientes de aplicación: desde la ampliación de la tarifa plana hasta más deducciones fiscales. A ello hay que sumar la propuesta que estudia actualmente Hacienda para rebajar el tipo del Impuesto sobre Sociedades (del 25% al 23%) a las empresas que facturen menos de un millón de euros y son, en su mayoría, autónomos. La petición que ayer trasladaron al Gobierno debe ser estudiada y, en su caso, aprobada en este marco de respaldo y estímulo a la creación de empresas y riqueza. 

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