Urge avanzar hacia una reforma estructural del mercado eléctrico

Ribera ha anunciado la intención de modificar el modelo marginalista, pero no ha puesto fecha

Pese a que se presumía que Teresa Ribera difícilmente tendría margen suficiente para adoptar medidas fiscales sobre la energía, la ministra de Transición Ecológica anunció ayer en el Congreso de los Diputados la suspensión –que no desaparición– del tributo del 7% a la generación eléctrica. El objetivo de la suspensión del impuesto, que fue creado en 2012 por el Gobierno del Partido Popular, es aliviar la subida de los precios de la luz, que ayer registraron el máximo del año: casi 76 euros/MWh. La recaudación de este tributo supera los 1.000 millones de euros, un montante que se puede compensar con los ingresos de las subastas de emisión de cO2, que se han triplicado en lo que va de año, hasta pasar de seis euros por tonelada a 24 euros.

La novedad fiscal anunciada ayer por Ribera fue acompañada de un paquete de medidas urgentes de choque, entre las que destaca la continuidad del actual bono social de la tarifa, así como medidas de mejora para personas solas, protección de la infancia y calefacciones. También se han aprobado mejoras para los domésticos: desde la exigencia de mayor transparencia sobre la potencia contratada hasta medidas contra las prácticas abusivas de las comercializadoras.

La batería de iniciativas que el Gobierno ha puesto sobre la mesa es razonable, pero está por ver si logrará uno de sus principales objetivos: poner coto a la subida de la factura de la luz. Cualquier propuesta temporal en este sentido, como es el caso de la suspensión del impuesto a la generación, no pasa de ser un parche a un problema estructural cuya raíz está en el propio funcionamiento del actual modelo del mercado eléctrico y en su escasa transparencia. Teresa Ribera ha anunciado una reforma estructural del sistema a futuro, cuyo principal objetivo sería modificar el mercado marginalista de la electricidad y avanzar hacia un nuevo modelo, más sencillo y estable, que proporcione también garantías al inversor. Pero no le ha puesto fecha. Se trata de una importante asignatura pendiente para la electricidad en España y resulta urgente abordarla no ya a futuro, sino cuanto antes.

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