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El Gobierno da luz verde para que Andalucía emita deuda en 2018

Supone el regreso de la región al mercado de capitales La Comunidad Valenciana podrá formalizar operaciones a largo plazo por valor de 300 millones como parte de su refinanciación

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.EFE
CINCO DÍAS

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a Andalucía para regresar al mercado de capitales. La medida era algo con lo que se venía especulando desde el nombramiento de María Jesús Montero como responsable de Hacienda, pero no ha sido hasta este viernes cuando el Ejecutivo ha dado su autorización para que Andalucía formalice préstamos a largo plazo y emita deuda pública por un importe máximo de 600 millones de euros.

Esto se produce después de que el pasado 5 de julio la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos firmara un acuerdo en el que se establecen el procedimiento para la salida gradual a los mercados financieros de las comunidades que se encuentra bajo el paraguas del Fondo de Liquidez Autonómicas. Con esta medida Andalucía cubriría las necesidades de financiación para el cuarto trimestre.

Las comunidades que quisieran salir a los mercados en 2018 deberían presentar al Ministerio de Hacienda y de Economía un Plan Plurianual de Endeudamiento (PPE) antes del 31 de julio, que cubra el periodo comprendido entre el tercer trimestre de 2018 y diciembre de 2021. Solo Andalucía y Baleares lo han hecho. Para las que quieran acudir al mercado a partir del próximo 2019 tienen de plazo hasta el próximo 30 de noviembre para presentar un plan que cubra los tres años sucesivos.

En paralelo, el Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad de Madrid a formalizar préstamos por valor de 503,12 millones de euros para financiar a largo plazo el objetivo de déficit de 2018. En el caso de la Comunidad Valenciana, el Ejecutivo ha permitido que formalice operaciones de deuda a largo plazo por cuantía máxima de 300 millones. El objetivo es refinanciar préstamos de los mecanismos de financiación del Estado contraídos en los ejercicios 2012 y 2013, aprovechando así la caída de los costes de financiación. En este caso, el endeudamiento se mantendrá sin cambios pues se trata de refinanciación.

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