Andorra: un paso más hacia la libertad económica
En 2012 se aprobó la ley de Inversión Extranjera, el primer paso para modernizar la economía del país
Hace unos 45 años, el Consell General de les Valls encargó un Estudi preparatori de planificació que fue dirigido por el profesor Bricall. Tuve la suerte de participar en el mismo y de preparar su edición transformando el “Estudi” en un libro que fue distribuido a toda la población con la voluntad de fomentar un debate que contribuyera a la modernización de la economía andorrana.
El título del libro fue Estructura i perspectives de l’economia andorrana (Edicions 62, 1975). El trabajo realizado, intenso y creativo, no consistió solamente en un análisis estructural sobre la base de la escasa información existente. Quiso ir mucho más allá. Para ello se diseñó un esquema sólido que permitiera conocer, con la precisión debida, la situación económica, entender las relaciones intersectoriales y el papel desempeñado por cada sector de la economía.
El objetivo era aconsejar al Consell acerca de los cambios necesarios que permitieran abordar el futuro de la economía andorrana que se suponía rico en cambios. Para ello se llevó a cabo un amplio trabajo de campo con el fin de disponer de una base estadística fiable. De esta forma, fue posible estimar la renta nacional de Andorra y la magnitud de sus principales componentes, amén del valor económico de las actividades económicas más relevantes. Todo ello enmarcado en un esquema intelectual solvente y operativo. El impacto social del Estudi fue grande y todavía son muchos los que recuerdan el debate que suscitó.
Desde entonces, la economía andorrana ha ido modernizándose. Paso a paso, con velocidades distintas según las circunstancias políticas. Sin embargo, los últimos tiempos han sido testigo de una aceleración de las reformas, tan necesarias. Los últimos gobernantes, jóvenes y bien preparados, han ido adaptando la regulación de la actividad económica a las necesidades de una sociedad moderna y globalizada. Ahora, se entiende, mucho mejor que antaño, que la apertura de la economía y la libertad económica, de circulación de personas, capitales, ideas e iniciativas, acompañada de la correspondiente regulación eficiente, son las claves de la competitividad de las actividades económicas, el crecimiento económico sostenido, el bienestar de la población y el progreso.
Los sectores más relevantes son el comercio, el turismo y el sector financiero pero el futuro será, sin duda, distinto. Las actividades de hoy son la plataforma sobre la que se asentarán nuevas profesiones, expresión de un futuro prometedor en el que se articularán los intereses y esperanzas de los ciudadanos andorranos y de otros lugares con la oportuna colaboración de las inversiones y la creación de puestos de trabajo, cada vez más cualificado.
Los datos ponen de relieve la solidez de la economía andorrana. La población estimada se acerca a las 75.000 personas de las cuales, en marzo de 2018, 40.877 eran asalariadas y el salario medio es de 2.111€ mensuales. El PIB per cápita correspondiente al año 2017 era de 35.747€. Con un número de visitantes superior a los ocho millones, la tasa de crecimiento es elevada y la tasa de inflación es baja merced a la eficiencia y la competencia efectiva.
El día 21 de junio de 2012, el Consell General dio un gran paso por la senda de la modernización de la economía andorrana y aprobó una ley importante: la ley 10/2012, de Inversión extranjera en el Principado de Andorra, que modernizaba el texto del año 2008. Su exposición de motivos es elocuente y manifiesta una inequívoca voluntad liberalizadora, condición necesaria para el crecimiento y el progreso económicos en el contexto de un mundo abierto y competitivo. Una de sus afirmaciones lo exhibe con claridad y contundencia: “la apertura económica es el camino que ofrece más garantías de éxito para asegurar una nueva fase de crecimiento y prosperidad a la economía y la sociedad andorrana”. Breve, conciso y robusto. Una excelente plataforma sobre la que asentar el andamiaje jurídico y la voluntad modernizadora de los dirigentes políticos liberales del Gobierno de Andorra.
El Gobierno, tras reconocer las ventajas de la inversión extranjera directa sobre la economía, es consciente de la necesidad de seguir con las reformas estructurales con el fin de ganar competitividad y capacidad de atracción de inversiones extranjeras, con las correspondientes excepciones en defensa del interés general. En todo caso, deberá estar atento a los riesgos que conlleva el posible uso proteccionista de las reservas relacionadas con la salud y el medio ambiente. Lo relevante es que se trata de otro paso más. El proceso de modernización de la regulación económica andorrana no ha detenido su marcha.
Complementando las reformas de los últimos años, se está modernizando el sector financiero y el sistema tributario, que se caracteriza por su baja presión fiscal. Con el fin de reforzar la seguridad jurídica de empresarios y consumidores, se dispone de una ley de defensa de la competencia efectiva y de protección del consumidor. Se trata, tan sólo de unos ejemplos que demuestran que se está articulando una moderna plataforma jurídica que contribuya a asegurar el crecimiento económico, la eficiencia de la actividad económica y la cohesión social, sin barreras innecesarias.
En definitiva, han pasado muchos años desde la publicación de aquel estudio publicado en el año 1975. Han sido años caracterizados por el esfuerzo de una sociedad que ha visto en la modernización y la homologación con su entorno el camino para asegurar su futuro y el de los jóvenes andorranos, bien formados, que requieren el desarrollo de actividades económicas de futuro, complementarias a las que tradicionalmente han configurado la estructura económica de Andorra.
El mejor instrumento que asegura el éxito es, justamente, la libertad económica, tan bien interpretada por los dirigentes políticos en los últimos años. Cualquier ataque a la libertad o cualquier regulación ineficiente, supondrían costes irrecuperables y frenarían el crecimiento económico y la cohesión social. De ahí la necesidad de defenderla con todos los instrumentos del Estado de Derecho.
Amadeu Petitbó es catedrático de Economía Aplicada
