La gestión de las bajas laborales precisa de un criterio común que reduzca los costes

Las dolencias originadas en accidente común tienen una recuperación que dobla a las ocasionadas en el trabajo

La gestión de las bajas laborales causadas por accidente de trabajo, accidente común o enfermedad profesional no ha tenido nunca en España un criterio unificado, dado que que siempre ha existido un mecanismo doble: el de la sanidad pública y el de las mutuas de accidentes de trabajo, de carácter público pero con gestión privada. El crecimiento desmesurado de las bajas y lo prolongado de su duración fue una práctica común hasta el final del siglo pasado, hasta que la norma racionalizó la gestión. Lo tradicional era que solo los facultativos de la sanidad pública tenían capacidad para dar el alta a los accidentados tras la rehabilitación, lo que llevaba a periodos muy dilatados de la baja, y un sobrecoste para el sistema público de Seguridad Social muy considerable. Tal situación llevó a entregar facultades adicionales a las mutuas de accidentes y enfermedades profesionales, que cubren prácticamente a la totalidad de los asalariados. Entre ellas, además de los procesos de recuperación de los trabajadores, la posibilidad de habilitar las nuevas altas, aunque siempre con la posibilidad del afectado de recurrir.

Esta nueva práctica ha reducido mucho los tiempos de recuperación, y ha estrechado la duración de las bajas por accidentes de trabajo, así como el coste general del sistema. No obstante, en el último año se ha registrado de nuevo un repunte muy importante en este capítulo de gasto (cerca de 8.000 millones de euros al año), y siguen apreciándose diferencias a primera vista injustificables en la duración de las bajas.

Como ejemplo, en las patologías traumatológicas más comunes generadas por accidente laboral, la duración media de los periodos de baja es muy inferior, en algunos casos la mitad, que los de una dolencia similar causada por accidente no laboral y gestionado, por tanto, por la Seguridad Social. Esta situación, que carece de explicación científica más allá de una supuesta saturación de la sanidad pública y las listas de espera en las pruebas diagnósticas, y que únicamente responde a una gestión eficiente en unos casos y deficiente en otros, debe ser unificada, tanto para evitar costes innecesarios al sistema, como para evitar distorsiones a las empresas que registran bajas más prolongadas.

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