Una voluntad verdadera por combatir el cambio climático
Si el Gobierno rebaja la retribución de redes y renovables revelará que no hay compromiso
La transición energética es, sin duda, uno de los retos más importantes que ha de afrontar nuestro país a lo largo de las próximas décadas. Y el nuevo Gobierno se ha mostrado contundente, a favor de avanzar sin demora hacia una economía descarbonizada. Pero el proceso no es gratuito, y el reto es avanzar al mínimo coste posible para la sociedad. En este sentido, las fuentes de energía renovable de menor coste y mayor potencial son las renovables eléctricas (en concreto, las instalaciones eólicas y fotovoltaicas), pero actualmente la electricidad solo representa un 25% del total de la energía consumida. Por ello, para descarbonizar al menor coste posible, será necesario impulsar la electrificación de la economía.
La electrificación y la mayor penetración de las renovables conducirán a que el precio del mercado eléctrico sea mucho más volátil; pero gracias al desarrollo de la tecnología (contadores digitales y domótica), los consumidores podrán aprovechar dicha volatilidad en su favor flexibilizando sus decisiones de consumo (desplazando su consumo a horas de precios bajos y vendiendo servicios al sistema eléctrico) e invirtiendo en generación (autoconsumo) y sistemas de almacenamiento distribuidos (baterías). Con ello, se avecina una auténtica revolución en el papel que el consumidor desempeña en el sector eléctrico, pasando de ser un agente pasivo a uno activo.
Pero para que el consumidor pueda realmente asumir ese papel activo las redes eléctricas deberán adaptarse. No solamente deberán acometerse fuertes inversiones para cambiar su diseño (pasando de un diseño radial a uno mallado), sino que será necesario acometer inversiones para convertirlas en redes inteligentes capaces de asumir y gestionar flujos de electricidad que pueden ir no solamente desde los generadores a los consumidores, como ha sido hasta ahora, sino también desde unos consumidores (autoconsumidores o propietarios de vehículos eléctricos que pueden vender electricidad almacenada en sus baterías) a otros consumidores.
Uno de los retos pendientes que el Gobierno tiene encima de la mesa para promover el desarrollo de las redes es el de recuperar la confianza regulatoria por parte de las empresas titulares de estas infraestructuras, fijando una retribución que permita recuperar las inversiones.
No va a ser fácil. Desde la pasada crisis económica, la prioridad del regulador se ha centrado en controlar la tarifa eléctrica a base de reducir el coste de las actividades reguladas (redes y generación renovable), y ello condujo a fijar su retribución en base a una fórmula arbitraria: el rendimiento de los bonos del Estado más un diferencial que fluctúa, según el caso, entre 200 y 300 puntos básicos y que se revisa en cada periodo regulatorio. En concreto, la aplicación de esta fórmula en 2014, condujo a fijar una retribución del 6,5% a las redes, y del 7,5%, a las instalaciones renovables.
En la actualidad, el Gobierno debe decidir en qué nivel fijar la tasa de retribución en el siguiente periodo regulatorio. La rentabilidad de los bonos del Estado se ha reducido notablemente desde el año 2014 por lo que, de aplicarse los mismos diferenciales que en 2014, los titulares de estas instalaciones se enfrentarían a una importante reducción de la rentabilidad. Por su parte, el Consejo de la CNMC ha aprobado sendos informes en los cuales propone que el diferencial se incremente hasta los 557 puntos básicos en el caso de las renovables y 400 puntos básicos en el caso de las redes, lo que también resultaría en una reducción de la tasa de rentabilidad.
¿Puede el sector eléctrico español acometer las inversiones que necesita a partir de 2020 con una nueva reducción en la tasa de rentabilidad? La respuesta es claramente negativa. No hay más que comparar el diferencial sobre la rentabilidad de los bonos que se paga en España con la que se reconoce al mismo tipo de actividad en los países de nuestro entorno. Por ejemplo, en el caso de las redes de distribución, en lugar del diferencial 200 puntos básicos que aplicó el Gobierno en 2014 o los 400 puntos base que propone la CNMC, Alemania ofrece 389; Francia, 421; e Inglaterra, 460.
En estas condiciones, ningún inversor estará dispuesto a aportar financiación para inversiones en España cuando en otros países vecinos se ofrecen diferenciales mucho más altos y, en ninguno, las inversiones soportan más riesgo que aquí.
Para que la transición energética se efectúe a mínimo coste, el Gobierno debe asegurar que el diferencial que fije sea coherente y competitivo con el ofrecido en países de nuestro entorno (lo cual implica que debe ser mayor que en países con menor riesgo). Ello supondrá, sin duda, mejorar la rentabilidad de las inversiones, pero garantizará que la lucha contra el cambio climático tiene lugar al mínimo coste. En definitiva, la lucha contra el cambio climático al mínimo coste pasa necesariamente por invertir en renovables eléctricas (eólicas y fotovoltaicas), lo cual implica impulsar la electrificación de la economía.
Pero, el éxito de esta estrategia ha de venir de la mano de un cambio en el papel desempeñado por los consumidores, que han de convertirse en agentes activos del sector eléctrico. Para ello, será imprescindible modernizar las redes; y eso implica acometer nuevos proyectos de inversión. Si finalmente, en este contexto, el Gobierno opta por reducir la retribución de estas infraestructuras (renovables y redes) ello pondría de manifiesto que la lucha contra el cambio climático no pasa de ser un ejercicio de propaganda electoral.
Oscar Arnedillo/ Jorge Sanz son Director Gerente de NERA Economic Consulting/ Director Asociado NERA Economic Consulting y Presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética