Por qué es innecesario e inoportuno congelar las tarifas de Aena
El operador no está obligado a la medida y las perspectivas turísticas arrojan sombras
Explicábamos recientemente en estas mismas páginas lo favorable que era para Aena el marco regulatorio aeroportuario, contenido en la Ley 18/2014. Allí contábamos que el Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria (DORA), además de garantizar una rentabilidad sobre sus activos aeronáuticos de un 7% –más de 700 millones de euros anuales–, reservaba los beneficios de su muy lucrativa actividad comercial exclusivamente para el operador aeroportuario, sin que estos repercutiesen positivamente en las tarifas aeroportuarias. Y como prueba de ello, nada mejor que comprobar que Aena había vuelto a superar su propio récord en 2017, con 1.232 millones de euros de beneficio neto, un 22% superior al del año anterior.
El motivo de traer esto a colación viene porque en el citado artículo ya adelantábamos la posibilidad, atisbada entonces por el ahora ex presidente del ente semipúblico, de que las tarifas aeroportuarias se congelasen en 2019, en vez de la reducción del 2,22% prevista en el DORA. Ahora que hemos asistido a la confirmación por parte del nuevo Ministro de Fomento de la intención del Gobierno de que esto se consume, creemos importante el que se sitúe esta presumible congelación en su justo contexto, de forma que se pueda entender lo inoportuno e innecesario de la misma.
El motivo de que la bajada prevista se convierta en congelación no es, como alguno podría pensar, la evolución del tráfico aéreo, ni una deficiente gestión por parte del operador aeroportuario. En cuanto a lo primero, 2017 se cerró con casi 250 millones de pasajeros, cifra que según el DORA se debería de alcanzar en ¡2021! Y en la primera mitad de 2018 el tráfico de pasajeros ha crecido un 6,8%, frente al modesto 1,1% pronosticado en el citado documento. En referencia a la gestión de Aena, es de recibo reconocer que una de las mejores herencias que Maurici Lucena se encuentra en su nuevo cometido como presidente de la entidad, es un equipo directivo, tanto en la sede central como en los principales aeropuertos, de una calidad profesional excelente, y que ha desarrollado una muy buena labor gestionando toda la red, lo cual ha sido uno de los pilares del gran desempeño del operador.
La explicación hay que buscarla en el propio marco regulatorio, ya que la Ley 18/2014 establece que Aena tiene el derecho a recuperar, con cargo a tarifas futuras, la posible dilución de ingresos regulados que pudiese sufrir como resultado de una composición del tráfico diferente a la inicialmente prevista. Dilución que, en su presentación de resultados de 2017, ha cuantificado en casi 58 millones de euros para dicho año, los cuales, capitalizados según lo establecido en dicho marco, se convierten en 66 millones de euros a recuperar con cargo a las tarifas de 2019, y de ahí la congelación. Es decir, aunque las tarifas aeroportuarias bajaron un 2,22% en 2017, el ingreso regulado unitario de Aena bajó todavía más, lo cual no fue óbice para obtener un resultado financiero excepcional, como hemos visto.
Una vez entendida la motivación de esta medida, recientemente aprobada en su Consejo de Administración, es cuando se puede comprender lo innecesario de la misma, toda vez que el operador no está obligado a implementarla: lo que la regulación establece es un ingreso máximo por pasajero, pero nada impide a Aena quedarse por debajo de dicho máximo. Y esto es de especial relevancia cuando la dilución sufrida no solo no ha tenido un impacto reseñable en sus resultados, sino que ha sido totalmente imperceptible. Aunque se podría entender que Aena hiciese uso de dicho derecho en el caso de haber sufrido un menoscabo en sus cuentas, no parece razonable hacerlo en este caso en que, al contrario, el beneficio ha sido excepcional, capaz de recompensar a sus accionistas, tanto públicos como privados, con un más que generoso dividendo.
Porque si analizamos el contexto en el que se encuentra nuestro sector turístico en la actualidad, expuesto en el reciente Informe de Perspectivas Turísticas de Exceltur, este presenta algunos nubarrones en el horizonte: a la ralentización de la demanda turística, se une un entorno de precios crecientes del combustible, así como la recuperación de destinos competidores del Mediterráneo Oriental, como Egipto y Turquía, todo lo cual ya está teniendo un impacto en nuestros destinos, especialmente Canarias y Baleares.
De ahí lo poco oportuno que, en nuestra opinión, supone el convertir una bajada de tarifas aeroportuarias, que ya estaba descontada por todos los operadores aéreos, en una congelación. El Gobierno, como titular de la mayoría del capital de Aena, debería de buscar la conciliación entre el derecho de sus accionistas de obtener unos buenos retornos a su inversión –algo de lo que no creo que ninguno se pueda quejar hasta la fecha, empezando por el propio Estado, que solamente en dividendos ha ingresado 1.000 millones de euros desde la OPV–, con la necesidad de apoyar a la que todavía sigue siendo la primera industria de nuestra economía.
Desde esta asociación ya se instó también en estas mismas página a que el Gobierno recién estrenado no cayese en la tentación de congelar las tarifas durante el primer DORA. En aquel entonces –y con el apoyo del Grupo Socialista– se consiguió convencer al Gobierno Popular de la bondad de la bajada de tarifas, y los resultados posteriores de incremento de tráfico, demanda turística y resultados de AENA, nos han dado la razón, por lo que resulta del todo incomprensible el que ahora, aunque regulatoriamente se tenga la capacidad de hacerlo, se tome una medida que, de facto, anula aquella otra.
Javier Gándara Martínez es Presidente de ALA. Asociación de Líneas Aéreas