Por qué hay que prohibir las amnistías fiscales
Atentan contra la justicia tributaria y además el resultado no cumple nunca expectativas
El entierro de las amnistías fiscales no debería dejar opción alguna para una futura resurrección. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió en su comparecencia ante el pleno del Congreso a prohibirlas, por lo que el anteproyecto de Ley de Prevención del Fraude Fiscal, cuya presentación anunció, recogerá esta propuesta, intentando desalentar a quienes han amasado fortunas, a veces de forma ilícita, y las mantienen a buen recaudo, a espaldas de los ojos de Hacienda, a expensas de poder reflotarlas gracias a estos indultos que, asimismo, constituyen un auténtico fracaso.
Y es que es necesario acabar, de una vez por todas, con las amnistías fiscales. No solo porque atentan contra los principios de justicia fiscal –sobre todo de igualdad y generalidad– recogidos en la Constitución. No solo porque suponen un agravio comparativo y discriminan a quienes se encuentran al corriente de sus obligaciones con Hacienda, propinando un mazazo a la pedagogía y conciencia fiscal. Es que, además, las amnistías fiscales nunca cumplen sus expectativas desde el punto de vista recaudatorio, que a fin de cuentas es el argumento utilizado por los Gobiernos para aprobarlas.
La última, puesta en marcha por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional, apenas logró recaudar la mitad de lo previsto por el exministro Cristóbal Montoro y únicamente afloró el 6% del dinero evadido. Por ello, a tenor de las cifras, fue un fiasco para el fisco. Al margen de que siguió oculto el 94% de la evasión estimada en los tres años de 2008 a 2010 a los que afectó el pago del 10% de la última amnistía, los amnistiados difícilmente cambian su comportamiento evasor, simplemente se vuelven más cuidadosos para no dejar rastro. De hecho, al menos el 11,5% de los acogidos a la amnistía siguieron defraudando después de regularizar su situación, lo que demuestra la poca eficacia que tienen estos indultos de papeles blancos y manos negras.
En este sentido, el anuncio realizado el pasado martes por el presidente Sánchez se encuentra, en principio, en línea con nuestras demandas, ya que los técnicos de Hacienda pedimos en su día incluir en el artículo 31.1 de la Constitución –el que hace referencia a los principios esenciales del sistema tributario– la prohibición de aprobar nuevas amnistías fiscales.
No sellar esta prohibición en la Constitución, sino incluirla en una ley, dejaría la medida como una mera declaración política, puesto que una ley posterior deroga la anterior. Es más, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 1992 recogía una disposición adicional, que hoy en día sigue vigente, que se refería precisamente a la “exclusión de amnistías y regularizaciones fiscales a partir del 1 de enero de 1992”.
Además, en cuanto a los perjuicios económicos que se derivan de estas medidas, el agujero que provocó en las arcas del Estado la amnistía de 2012 fue bastante significativo, dado que la Agencia Tributaria (AEAT) podría haber recaudado hasta 8.700 millones de euros si hubiera aplicado los tipos de gravamen, intereses y sanciones que corresponderían al patrimonio aflorado. De igual modo, la amnistía fiscal hundió hasta prácticamente la mitad el número de declaraciones complementarias realizadas entre 2012 y 2016, que dejaron de tener que presentarse obligatoriamente para, en su lugar, pagar un peaje del 10%.
Por otra parte, entre la lluvia de noticias en materia fiscal y tributaria que mojaron el Congreso el pasado martes e hicieron resbalar a más de uno, destacó la confirmación de que Sánchez no publicará los nombres de las personas que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012, tal y como había prometido desde la oposición. Pues bien, efectivamente, la ley se lo impide, por más que contraríe, seguramente, a la mayoría de los ciudadanos.
En primer lugar, el Gobierno tendría que presentar ante el Parlamento una iniciativa legal para modificar la Ley General Tributaria, incluyendo una medida similar a la que generó el actual artículo 95 bis, para posibilitar la publicación de la lista de morosos, en relación con la publicación de los acogidos a la amnistía fiscal. Iniciativa que, a pesar de que saliera adelante con los suficientes votos, podría ser anulada por el Tribunal Constitucional, en su caso, por infracción de los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de las disposiciones no favorables, recogidos por el artículo 9.3 de la Constitución, de la misma forma que la sentencia que anuló el pasado año la amnistía fiscal mantuvo los efectos desplegados para los acogidos a la misma.
Para más inri, en su día se ofreció a los indultados una absoluta confidencialidad –amparándose en el derecho a la intimidad–, lo que no podría alterarse ahora con una ley tributaria, que casi con absoluta certeza acabaría siendo impugnada y declarada inconstitucional. No obstante, otro gallo cantaría si lo que estuviera sobre la palestra fuera la publicación de los nombres de quienes habiéndose acogido a la amnistía continuaron defraudando después de 2012, lo que quizás sí podría llegar a tener un encaje constitucional, aunque habría que modificar expresamente la Ley General Tributaria.
Paralelamente, pensamos que el anteproyecto de lucha contra el fraude en el que trabaja el Gobierno, y que permitirá publicar los nombres de los administradores responsables de las sociedades incluidas en las listas de morosos fiscales y delimitará los paraísos fiscales, debería incluir otra serie de medidas que contribuyeran a recaudar hasta 40.000 millones de euros a medio plazo. Y es que antes de subir los impuestos, como ha anunciado el Gobierno, habría que exigir su pago a quienes no los abonan o los eluden, teniendo en cuenta que la menor recaudación fiscal, que en buena medida provoca el fraude, hace que el gasto social en España sea 48.000 millones inferior a la media europea, lo que deteriora nuestro Estado del bienestar. En definitiva, los amnistiados hacen que vivamos peor. Por eso hay que asistir sin velas al entierro de las amnistías.
Carlos Cruzado es Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)