Un juez suspende el reglamento anti Uber y Cabify de Ada Colau
El TSJC dice que el AMB no tiene competencias para exigir una licencia extra a las empresas VTC Argumenta que la medida tiene efectos negativos sobre la competencia
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido cautelarmente el reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que regula las licencias VTC (alquiler de vehículos con conductor) y que limita la actuación de compañías como Uber y Cabify. El reglamento, impulsado por Ada Colau, exigía a las empresas VTC una licencia extra, además de fijar una ratio máxima de una licencia VTC por cada 30 de taxis.
La sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal ha hecho público hoy un auto en el que acepta así la medida cautelar solicitada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En paralelo, el TSJC convoca al Área Metropolitana y a la Comisión a una comparecencia en una vista que tendrá lugar el próximo 26 de julio, informa Efe.
El AMB, que preside Colau, aprobó el pasado 26 de junio de manera definitiva un reglamento que limitaba la actuación de vehículos de alquiler con conductor, las denominadas VTC, al exigir a estas empresas una licencia municipal para el ámbito urbano de Barcelona, complementaria a la autorización VTC que, actualmente, requieren para operar y que concede el Gobierno a través de las Comunidades Autónomas.
En la resolución, el TSJC argumenta que el Área Metropolitana de Barcelona no tiene las competencias adecuadas para exigir una licencia urbana adicional de transporte a las compañías citadas. Según el tribunal, dicha competencia recae en el Ministerio de Fomento, y que este delega en las CC AA. El TSJC también apunta que el reglamento puede atentar contra la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.
"El propósito del reglamento impugnado de cercenar sensiblemente el número de autorizaciones VTC operativas en el entorno metropolitano de Barcelona parece, hoy por hoy, bastante claro", dice el auto. Este añade: "Nos enfrentamos a una norma reglamentaria que presenta toda la apariencia de pretender soslayar que las autorizaciones VTC son títulos habilitantes estatales que por sí mismos permiten la realización de servicios tanto urbanos como interurbanos en todo el territorio nacional y que, precisamente, por su naturaleza y alcance no pueden verse cortocircuitados por otros títulos habilitantes indebidamente yuxtapuestos".
Además, el tribunal apunta que la entrada en vigor del reglamento puede "derivar en daños y perjuicios difíciles de restañar aun en la hipótesis de una (lejana) sentencia estimatoria firme" y supondría la "claudicación o pérdida automática de vigencia de buena parte de las autorizaciones VTC que operan en actualmente en el ámbito metropolitano de Barcelona, además de verse perjudicadas aquéllas que se hallan en trance de ser concedidas en ejecución de sentencia". Y todo ello, añade, un perjuicio para los clientes del servicio y pérdida de puestos de trabajo, inversiones y depreciación de los activos de las empresas.
El tribunal añade que no se aprecia que la paralización de la entrada en vigor del reglamento pueda traducirse en un empeoramiento significativo de las condiciones del servicio del taxi. Pese a ello, la resolución supone un golpe al sector del taxi, que veía en este reglamento impulsado por Colau una vía para poner coto a Uber y Cabify. Algunas asociaciones de taxistas ya han anunciado próximas movilizaciones.
El auto ha coincidido con otro recurso contra el reglamento de Colau interpuesto por parte del Ministerio de Fomento, que defiende que la regulación del transporte es competencia del Estado y no de una entidad local. El reglamento también fue recurrido con anterioridad por Unauto, la patronal de las VTC.
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