Economía quiere tramitar con urgencia la nueva regulación de pagos
La banca considera esta norma la más revolucionaria para el sector, que sufrirá un cambio radical El anteproyecto está pendiente de varios informes, entre ellos el del Consejo de Estado
El ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño, tiene sobre la mesa varias regulaciones pendientes de aprobación, en algunos casos desde hace años, y cuyo paso por el Congreso se ha paralizado en más de una ocasión. Calviño ya explicó ayer en su primera comparecencia en el Congreso, que se ha fijado como prioridad desbloquear el proceso de transposición de directivas comunitarias, en algunos casos “parado desde hacía años”, dando salida a los trámites pendientes relativos a siete normas comunitarias que estaban pendientes en el ministerio.
Entre ellas se encuentra el anteproyecto de ley de servicios de pagos (PSD2 en sus siglas en inglés), norma que tiene a toda la industria financiera revolucionada, ya que supone un cambio radical en la banca. El hecho de que las entidades tengan que dar acceso a terceros a su infraestructura para compartir los datos bancarios de los clientes que así lo autoricen, ya supone un drástico cambio para el sector que trastoca la principal línea de flotación de la banca, la protección de la confidencialidad. Esta normativa, sin embargo, tiene como objetivo mejorar la relación financiera con el cliente.
El anteproyecto fue sometido a audiencia pública el pasado 22 de diciembre hasta el pasado día 16 de enero, en mayo paso por el trámite de Consejo de Ministros, y ahora está a falta del dictamen del Consejo de Estado, entre otros, ya que el actual Gobierno lo ha sometido a nuevos informes de expertos. De esta forma, tendría que pasar nuevamente por el Consejo de Ministros y por el Congreso para su tramitación parlamentaria.
De momento, y según fuentes de Economía, el objetivo es desatascar esta norma con urgencia. Hay que tener en cuenta que la PSD2 es una transposición de una directiva comunitaria que ya entró en vigor en varios países europeos, razón por la que debe intentar aprobarse en España lo antes posible.
La banca ya reclamó a Economía en enero que se diesen todas las garantías de idoneidad y técnicas para que la firma a la que el cliente pueda autorizar para que su entidad le ceda sus datos financieros no solo respete la confidencialidad, sino que sea lo suficientemente robusta y preparada para prevenir ciberataques.
