El Europarlamento revisará la protección del consumidor ante los abusos bancarios

Europa habilitará reclamaciones colectivas y nuevas sanciones a las entidades que engañen a sus clientes

La Eurocámara admite que hay mecanismos de control sin utilizar

abusos bancarios
Sede del Parlamento Europeo.

La audiencia pública celebrada ayer en el Parlamento Europeo para analizar los fraudes financieros y los abusos bancarios producidos en los últimos años, y ampliamente referidos en los cinco informes encargados por la Cámara a expertos independientes, devuelve a la agenda legislativa comunitaria la necesidad de reforzar la protección del consumidor financiero. Las denuncias de irregularidades en la comercialización de hipotecas, créditos al consumo o participaciones preferentes, entre otros productos, prometen marcar la revisión de la labor de los supervisores europeos e impulsar el nuevo proyecto de crear un canal de reclamaciones colectivas de consumidores con severas multas contra las compañías infractoras.

“Ahora mismo estamos revisando las autoridades europeas de supervisión y si hay que ampliar sus poderes para que puedan intervenir en estos productos, lo examinaremos”, concluyó la eurodiputada socialista Pervenche Berès, que presidió el tramo final de la audiencia. “Pero lo primero es aplicar lo que tenemos porque de momento no se ha aplicado”, expuso Berès, haciéndose eco de algunas de las críticas contenidas en los informes, que recogen la falta de imposición de sanciones por parte de los supervisores a las entidades financieras que han cometido abusos, como es el caso del Banco de España, según ha advertido también el Fondo Monetario Internacional.

“La discusión parlamentaria sobre los fraudes bancarios refuerza la propuesta de la Comisión Europea de crear en cada Estado miembro una autoridad de protección del consumidor, que funcionarían de forma coordinada a nivel comunitario”, explica el abogado Fernando Zunzunegui, profesor de Derecho de mercado financiero en la Universidad Carlos III y responsable de uno de los cinco informes, el que aborda las cláusulas abusivas en las hipotecas.

En esta misma línea se pronunciaron durante la sesión otros de los expertos, varios parlamentarios, así como representantes de las autoridades financieras europeas (Eiopa), las nacionales (como el italiano Consob o el galo AMF) o la asociación de accionistas financieros Better Finance, que pusieron de manifiesto la necesidad de elevar la protección del consumidor financiero y de combatir los abusos.

Más allá, este debate parlamentario da alas a la reciente propuesta de la Comisión Europea de facilitar las reclamaciones colectivas de consumidores europeos, al estilo de las class action estadounidenses, lo que permitiría generar grandes mecanismos de compensación a los afectados por abusos comerciales. La principal diferencia con el sistema estadounidense es que no serán los bufetes de abogados quienes podrán interponer las reclamaciones, sino asociaciones de consumidores y usuarios sin ánimo de lucro, que por su representatividad sean acreditadas para ello en cada país. “Las grandes empresas tienen una enorme ventaja sobre los consumidores individuales, es preciso igualar las posiciones”, expuso la comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Věra Jourová el pasado abril, cuando presentó la propuesta, argumentando que el modelo busca “mayor equidad para los consumidores, no mayores negocios para los bufetes de abogados”.

Una premisa que ya ha sido denunciada por el Consejo General de la Abogacía, que tratará de modificar este punto durante la tramitación del proyecto. Este se articulará mediante dos directivas que serán impulsadas en otoño, según la asociación de consumidores Adicae, uno de los órganos que viene consultado la Comisión. De momento, esta ha pedido a cada Estado miembro que fije su posición respecto a la propuesta a fin de celebrar un debate sobre la misma en el Parlamento Europeo a finales de noviembre. Aunque en otros países ya se ha comenzado a analizar, en España es previsible que el asunto no se aborde hasta después de verano. Mientras tanto, el Consejo de Consumidores se reunirá el próximo martes para abordar qué asociaciones españolas son representativas, en pos de articular modelos de reclamación extrajudicial.

El objetivo de las directivas es crear un marco de reparación de abusos de grandes corporaciones (sean de banca, energía u otros sectores), “evitando al mismo tiempo el riesgo de litigios abusivos o no justificados”, que en países como España han generado una suerte de industria litigiosa con cerca de mil demandas diarias contra la banca.

En paralelo, se establecerán sanciones de hasta el 4% del volumen anual de negocios de las empresas que vulneren la protección del consumidor. Cifra que los Estados miembros podrán elevar al trasponer las directivas. Una de las ideas que se baraja es crear un fondo común para abonar las indemnizaciones a los afectados, si bien este modelo y su gestión están generando controversia entre los socios comunitarios.

Cinco informes demoledores

El origen. A solicitud de los Verdes, el Europarlamento encargó hace meses a un grupo de expertos independientes que analizaran los abusos contra consumidores financieros en la UE.

El contenido. Sus informes, presentados ayer al Parlamento de la UE, se dividieron en cinco áreas: el uso de cláusulas abusivas en las hipotecas; la comercialización irregular de participaciones preferentes y deuda subordinada entre particulares; las malas prácticas en créditos al consumo; los engaños en la publicidad y comercialización de otros productos bancarios; y el sistema de compensación de países como Bélgica.

El diagnóstico. La demoledora conclusión de los informes es que en España, Bélgica, Rumanía y otros países se han producido masivos “fraudes” bancarios que exigen tomar medidas para proteger al consumidor financiero.

Críticas. Desde la banca alegan que algunos de los expertos elegidos son parte interesada en el área de litigación contra la banca y defienden que lo que se presenta como “fraude” eran prácticas admitidas por las legislaciones nacionales que luego tumbó la justicia de la UE.

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