Los Presupuestos más sociales desde la crisis

Ha de ponerlos en marcha un Gobierno al que no le gustaban en la oposición

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer en el Senado.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer en el Senado.

Los Presupuestos vuelven a las Cortes, a unas Cortes cuya primera fila ha cambiado. Los defiende, o al menos los presenta, quien hace tres semanas los combatía. Se trata de los presupuestos más expansivos desde la crisis, en los que el Gobierno –anterior– ha priorizado el gasto social, algo positivo tras años de recortes. Pero hay claroscuros en el horizonte, puesto que la economía española sigue presentando importantes desequilibrios a los que sería necesario hacer frente. ¿Cuáles son las claves y principales magnitudes de los Presupuestos para el 2018? ¿Qué políticas reflejan? ¿Cuáles son los principales desafíos? Será muy interesante ver cómo este Gobierno desarrolla estos Presupuestos.

Porque el presupuesto es la ley económica más importante que un Gobierno promulga cada año. Determina su política en casi todos los ámbitos económicos del país y es la base que sustenta toda la trayectoria a ejecutar en el año en el ámbito económico y en buena medida determina el político. Recoge la totalidad de los ingresos y los gastos del sector público, pero hay que precisar que el nuevo Gobierno podría presentar proyectos de ley que corrijan, amplíen o disminuyan las partidas de ingresos y gastos.

Los ingresos estimados se incrementarán un 3% respecto al año pasado, hasta alcanzar los 300.903 millones de euros. La recaudación de impuestos de distribuye de la siguiente manera: se calcula una recaudación del IRPF un 6,5% superior a la del año pasado, hasta llegar a 82.056 millones de euros. Por otra parte, la recaudación del Impuesto de Sociedades se espera que se incremente un 4,8%, llegando a los 24.258 millones. En el IVA se llegará hasta los 71.575 millones de recaudación, aproximadamente un 5,6% superior. Además, en los impuestos especiales el Gobierno espera llegar hasta los 21.612 millones. En otros impuestos, la expectativa es recaudar hasta 10.515 millones de euros.

Por tanto, se notan los efectos del crecimiento económico por la parte de la recaudación. Las medidas para seguir incrementando los ingresos pasan por redoblar los esfuerzos en minimizar el fraude fiscal tanto de personas físicas como jurídicas, realizar políticas que realmente sean efectivas a la hora de crear empleo, conceder más facilidades a la creación de nuevas empresas y aumentar el atractivo para que empresas extranjeras se instalen en España.

En cuanto a los gastos, estos ascenderán a 451.119 millones de euros, un 1,8% más respecto a las cuentas del año 2017, y de ahí la principal partida son las pensiones, un gasto que se incrementa año tras año y que es, de largo, la mayor partida del Presupuesto. Suponen 40,9 euros de cada 100 gastados. Sería interesante que el Gobierno pensara medidas en este aspecto, como podrían ser un mayor fomento de la natalidad, políticas de inmigración o facilitar que las personas que quieran puedan seguir trabajando independientemente de la edad.

La segunda mayor partida son las transferencias a otras administraciones. Si investigamos dentro de ellas vemos que los mayores gastos se dirigen a las comunidades autónomas y entidades locales, que es donde más se podría racionalizar el gasto, puesto que no es ningún secreto que la gestión económica de algunas comunidades y ayuntamientos es, cuanto menos, mejorable. No en vano la deuda pública, que financia el gasto de las administraciones, es la tercera partida en orden de magnitud.

A la vista de los ingresos y los gastos examinados constatamos la situación de déficit público que el Gobierno vuelve a afrontar este año, uno de los más graves problemas de la economía española. La previsión del Gobierno del crecimiento del PIB está en torno al 3%, siempre que las subidas del petróleo y los tipos de interés de la deuda pública se acerquen a los cálculos del Ejecutivo.

Los presupuestos del 2018 tienen un acentuado sentido social, dado que cerca del 56% del gasto se destina a políticas sociales, llegando hasta los 196.782 millones de euros. Además, contribuyen también a reducir el déficit público con el objetivo de alcanzar el 2,2% de PIB, lo que permitiría a España salir del déficit excesivo, evitando así el control financiero de Bruselas. Todo ello intentando reducir a la vez el objetivo de deuda hasta el 97% del PIB, desde el 98,3% del año pasado.

Por otra parte, sería importante repensar el tamaño y función del Estado dentro del sistema de las autonomías. ¿Es eficiente? En vista de las duplicidades y del reparto de competencias de ciertos organismos públicos a nivel local, provincial, autonómico y estatal, existe un amplio margen de mejora. Una parte muy importante del gasto público va destinada a este apartado y no se ha reformado ni racionalizado tras la crisis.

Podemos concluir que son los presupuestos más sociales desde la crisis, lo cual es positivo. A cambio, los ha de poner en marcha un Gobierno al que no le gustaban en la oposición. Desde el punto de vista de la ortodoxia económica deben considerarse los serios problemas del déficit y la deuda, así como sus efectos futuros. De ahí la importancia de seguir haciendo políticas estructurales, que optimicen los ingresos y sobre todo que racionalicen los gastos, poniendo el foco en los desembolsos superfluos. En esta cuestión aún existe, también, un amplio recorrido. Hay que utilizar estos tiempos de crecimiento para sanear la economía y estar preparados para los retos futuros.

Jorge Hernando. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nebrija

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