Los deberes que Catalá deja a la nueva ministra
Delgado debe decidir qué hace con normas clave como la Ley de derecho de defensa Jueces, fiscales y letrados de justicia exigen más salario y mejores condiciones de trabajo
Dolores Delgado se ha presentado como una “ministra de trinchera” nada más recibir la cartera de Justicia de manos de su antecesor Rafael Catalá. La nueva titular, fiscal veterana en la lucha antiterrorista, tendrá que hacer frente a un mandato breve pero complejo, con muchos asuntos pendientes que no le permitirán un aterrizaje suave.
Por un lado, deberá recoger el testigo en el impulso de iniciativas legislativas clave, como la Ley Orgánica del Derecho de Defensa o la reforma del proceso penal. Sobre su mesa también se encuentran las reivindicaciones de los operadores jurídicos, que reclaman la mejora de sus condiciones laborales y avances en la modernización de juzgados y tribunales. Delgado, que ha anunciado que priorizará la escucha a las víctimas, tiene además el reto de rebajar el clima de preocupación ciudadana por la Justicia y la violencia de género, que se ha disparado en el último barómetro del CIS, bajo el influjo de la sentencia de La Manada.
Agenda reformista
En el apartado de reformas legislativa, Delgado llega al Ministerio con una serie de tareas pendientes. La ministra debe decidir cómo afrontar las normas en trámite, como la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, una norma que pretende recoger los derechos y deberes de los abogados, así como los de los ciudadanos que solicitan los servicios de un letrado. Otro anteproyecto en marcha es el de la reforma del acceso y ejercicio de las profesiones de abogado y procurador.
La reforma de los delitos contra la contra la libertad sexual, sobre la que ya está trabajando la sección penal de la Comisión General de Codificación, que pasa a presidir Delgado, es otro de los asuntos delicados de su mandato. El Código Penal también podría ser reformado como consecuencia de la modificación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género del año 2004, que dejó pendiente el PP y que el Gobierno de Sánchez ya ha anunciado que asumirá como primera medida de las 268 vinculadas al Pacto contra la Violencia de Género.
De los proyectos de Justicia previstos en la hoja de ruta de Catalá para el segundo semestre de 2018, uno de los más complicados es sacar adelante la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que da luz verde a la figura del fiscal instructor. Ello obligaría a revisar el Estatuto Orgánico del ministerio público, para dotarle de suficiente autonomía. El gabinete de Catalá también trabajaba en un nuevo Código de Comercio que modernizara el derecho español en materia de obligaciones y contratos. A ello se suma un texto refundido de la ley concursal y una reforma del registro mercantil.
Rebajar la conflictividad en el sector
El esfuerzo asumido en los Presupuestos del Estado podría resultar insuficiente para satisfacer las demandas económicas que jueces, fiscales y otros trabajadores de la Justicia. Delgado, que respaldó las protestas de los últimos meses, tendrá que hacer equilibrios entre el escaso margen de maniobra que le da la situación política y un listado de reclamaciones va más allá de mejoras retributivas e incluye medidas laborales y de mejora y refuerzo de la independencia judicial. No solo jueces y fiscales exigen un aumento de sueldo, los Letrados de la Administración de Justicia ya habían anunciado movilizaciones y paros para hacer oír sus peticiones sobre salario y carga de trabajo antes de producirse el relevo en el ministerio. Además, Catalá se había comprometido a una subida del 30% de los baremos del turno de oficio.
Por otro lado, Delgado tendrá que tender puentes y pacificar algunas tensiones entre colectivos. La última, la polémica entre registradores mercantiles y notarios a cuenta de quién debe controlar el registro de titulares reales de las empresas.
Enfrentar el ‘procés’
Una parte muy relevante de la estrategia del Gobierno socialista para hacer frente al desafío independentista pasa por el Ministerio de Justicia. La alta judicialización que ha alcanzado el conflicto hace especialmente sensible la elección del nuevo fiscal general del Estado. El actual titular, Julián Sánchez Melgar, permanecerá en funciones hasta que su sucesor sea designado por el rey a propuesta del Consejo de Ministros.
La línea seguida por el Ministerio Fiscal, desde la querella presentada bajo el mandato de José Manuel Maza, ha sido la de máxima severidad con las presuntas ilegalidades cometidas por los dirigentes independentistas. Prueba de ello es la calificación como delito de rebelión de los hechos ocurridos desde septiembre de 2017. Una tipificación que suscita dudas en algunos sectores jurídicos y que ha chocado con los tribunales alemanes, que, de momento, no han aceptado la solicitud de la euroorden dictada en relación a Carles Puigdemont.
También tendrá incidencia en el devenir de las causas abiertas en relación al procés los cambios que puedan producirse al frente de la Abogacía General del Estado
Lexnet: culminar la digitalización
El exministro Catalá quiso que la implantación de Lexnet fuera uno de sus grandes legados pero, ciertamente, se trata de una obra inconclusa. La opinión de los actores jurídicos es unánime: la digitalización es un acierto, pero esta se ha hecho de forma atropellada y sin contar con los medios suficientes. A los cortes en el servicio hay que sumar la brecha de seguridad que sufrió el sistema el verano pasado que, si bien no afectó a ficheros jurisdiccionales ni expedientes completos, tal y como declaró la Agencia de Protección de Datos en su resolución sobre el incidente.
Culminar el proceso de la implantación de las comunicaciones electrónicas, logrando una adecuada interconexión de los sistemas de las autonomías que tienen uno propio, es una tarea ineludible.
Independencia de la Justicia
Otro de los retos pendientes de nuestro sistema judicial es superar la percepción ciudadana de falta de independencia. Es probable que lo que queda de legislatura y la frágil mayoría parlamentaria que respaldó a Pedro Sánchez no permitan abordar una reforma de este calado (exige cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial), pero el nuevo Gobierno puede avanzar algunas propuestas.
Entre ellas, Delgado se enfrenta al perenne debate sobre si modificar el sistema de elección de los 12 miembros entre jueces y fiscales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que la Constitución no exige que sean elegidos por las Cortes Generales, para que sean designados por los jueces y magistrados. Además, también es crónica la reclamación de la mejora de la transparencia y el refuerzo de los principios de mérito y capacidad en las designaciones que provienen del órgano de gobierno de los jueces.
Una ministra “de trinchera”
Entusiasmo. En su toma de posesión, la nueva titular de Justicia, Dolores Delgado, quiso trasladar el entusiasmo con el que asume la cartera. En su discurso insistió en el calificativo que ya se había atribuido como fiscal y aseguró que sería una ministra “de trinchera”. Además dijo enfrentar la nueva etapa con “empeño, ganas, ilusión y fuerza”.
Experta en yihadismo. Después de dedicar muchos años a luchar contra el yihadismo, la ministra defendió el diálogo con las confesiones religiosas como vía para enfrentar y solucionar algunos “grandes problemas” como el terrorismo. Pasan por “comprender al otro, lo diferente”, manifestó.
Cooperación internacional. En su toma de posesión, también reafirmó su “militancia activa” en la cooperación internacional, tanto con Europa como con America Latina. Además, Delgado también respalda la jurisdicción universal. No en vano, tiene experiencia en el Tribunal Penal Internacional.
Contra la “corrupción sistémica”. La nueva ministra también ha exhibido en las redes su beligerancia contra la falta de integridad de la clase política. De hecho, aseveró que resultaba “insoportable” la “corrupción sistémica”.
Lexnet. El sistema de comunicaciones electrónicas puesto en marcha por Catalá también ha sido objeto de críticas por parte de Delgado en su etapa de fiscal. Tras el fallo de seguridad que sufrió el verano pasado Lexnet, no dudó en calificarlo de “chapuza”.
Contar con las víctimas. La ministra también tuvo una mención expresa a las víctimas, con quien dijo que contará, al igual que con las asociaciones.