En España hay 12 jueces y 300 abogados por cada 100.000 habitantes

El ratio de jueces es muy inferior a la media de los países europeos Aumenta la confianza de los españoles en la independencia judicial

La Comisión Europea ha publicado este lunes el cuadro de indicadores de la justicia en la Unión correspondiente a 2018, que ofrece un análisis comparativo de la calidad, la independencia y la eficiencia de los sistemas judiciales de los Estados miembros. Los datos reflejan una leve mejoría de España respecto a la media de duración de los procesos y la ratio de resolución de casos, aunque aún hay bastante margen de mejora. Por otro lado, aunque los ciudadanos siguen suspendiendo a la justicia española en independencia, aumenta el porcentaje de españoles que asegura confiar en ella.

Lentitud de la justicia

España tarda de media algo más de 200 días en resolver un litigio en primera instancia, lo que supone un leve descenso respecto del reporte anterior. Es en los procesos civiles y mercantiles donde esta media aumenta hasta los 290 días, aunque este dato también supone una mejora respecto al periodo 2010-2015, cuando el proceso judicial se alargaba de media más de 300 días, según refleja un informe del Consejo de Europa con datos de 2016. En el caso de los procedimientos sobre defensa de los consumidores, los datos no arrojan variación, manteniéndose la media de duración en 200 días.

Este año el cuadro de indicadores presenta como novedad la publicación de datos sobre la duración de los procesos judiciales en todas las instancias. Según los datos aportados por Bruselas en los procesos civiles España está el quinto país a la cola en este punto. Más de 200 días en primera instancia, por debajo de 200 días en segunda instancia y más de 400 en tercera instancia.

En la jurisdicción contencioso administrativa España también se sitúa entre los países que más tardan en resolver litigios. En primera y segunda instancia España está por debajo de los 500 días de media, pero en tercera instancia está cerca de los 1000 días para resolver casos administrativos.

La tasa de resolución de litigios mejora respecto a la del año 2015, situándose en un 100%, salvo en el orden contencioso administrativo en el que baja el porcentaje (del 120 % al 100%).

Otra de las novedades del informe de este año es la inclusión de los datos referidos a los procesos judiciales por blanqueo de capitales. Al ser el primer año que se analiza este indicador no se puede hacer una valoración de la progresión al respecto. En 2016, según el informe de Bruselas, los jueces españoles tardaron 600 días de media en primera instancia en este tipo de procesos, ocupando el quinto puesto desde el final de la lista.

Independencia judicial

El porcentaje de españoles que asegura confiar en la independencia judicial ha aumentado ocho puntos porcentuales en el último año, y el 38 por ciento afirma que ésta es "muy buena" o "bastante buena" frente al 31 por ciento de 2017, según el nuevo informe de la Comisión Europea sobre indicadores de Justicia de los países miembros.

No obstante, casi la mitad de los españoles (49 por ciento) sigue considerando que la situación respecto a la independencia judicial es "muy mala" o "bastante mala", mientras que en 2017 esta cifra se situó en el 58 por ciento, tal y como refleja el último Eurobarómetro en el que se ha basado dicho informe.

España es, en este sentido, el sexto país de la UE en el que existe un mayor porcentaje de 'descontentos' con la independencia del sistema judicial, solo por detrás de Croacia --donde casi 7 de cada 10 ciudadanos dice que la situación es "mala" o "muy mala"--, Eslovaquia, Bulgaria, Italia y Eslovenia, países en los que más de la mitad de los entrevistados se muestra crítico.

Por el contrario, Dinamarca, Finlandia, Austria, Suecia e Irlanda son los Estados miembros donde los ciudadanos confían más en la independencia de la Justicia, con tasas de 'aprobado' que se acercan o incluso superan el 80 por ciento.

Para un 39 por ciento de los mil entrevistados en España, las "interferencias por parte del Gobierno o los políticos" son la principal causa por la que se produce esa falta de independencia, mientras que el 35 por ciento lo achaca a "las presiones de poderes económicos u otros intereses", y un 26 por ciento cree que "la posición o estatus de los jueces" no garantiza esa autonomía.

"Mediante el cuadro de indicadores fomentamos las buenas reformas judiciales y damos ejemplos de ellas. Lo básico en cualquier reforma de este tipo es que no hay Estado de Derecho sin unas normas europeas rigurosas en materia de independencia del poder judicial", ha asegurado en un comunicado la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová.

Número de jueces y abogados

España vuelve a ocupar los últimos puestos en cuanto al número de jueces y magistrados por habitante, un dato que siempre es polémico debido a las diferentes categorías de jueces profesionales existentes en los países de la Unión. En el caso de España, los indicadores no incluyen a los Letrados de la Administración de Justicia, cuya labor realizan los jueces en otros Estados. Nuestro país dispone de 12 jueces por cada 100.000 habitantes, un dato que no varía desde 2014, frente a los casi 45 de Croacia. Solo por detrás de España: Francia, Italia, Malta, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido.

El informe recoge también la presencia de mujeres juezas en las distintas instancias. España alcanza el 60% en primera instancia, pero no llega al 50% en los tribunales de segunda instancia. Nuestro vecino Portugal nos supera ampliamente en juezas de primera instancia y Francia en los tribunales de segunda instancia. Estamos aún muy lejos del 80% de países como Eslovenia, donde los jueces y magistrados son mayoritariamente mujeres. La situación es claramente mejorable en cuanto a la presencia de la mujer en las Cortes Superiores, donde tan solo alcanza algo más del 13%, situándose a la cola de Europa tan solo superado por Reino Unido. En el primer puesto, Rumanía con más del 80% de mujeres en los tribunales superiores; Grecia y Francia alcanzan el 50%.

España es uno de los países europeos que tienen una mayor ratio de abogados por habitantes, en concreto 300 letrados por cada 100.000 habitantes, lo que significa 3 abogados por cada 1000 ciudadanos, una cifra sensiblemente inferior a la del año 2015. Una cifra solo superada por Chipre, Luxemburgo, Grecia e Italia. Por atrás, Suecia y Letonia con apenas 50 abogados por cada 100.000 habitantes. Holanda y Francia cuentan con 100 abogados por cada 100.000 habitantes.

Inversión

El gasto en justicia desciende, y ronda los 80 euros por persona, frente a los 200 de países como Luxemburgo, o los 150 de Alemania. Tomando de referencia el año 2010, en el que la inversión estatal estaba próxima a los 100 euros por persona, en 2016 la cifra es más cercana a los 80 euros, cantidad sensiblemente inferior a la invertida en 2015. Si el gasto en juzgados y tribunales se mide respecto al PIB, España mejora algún puesto, situándose el gasto entre el 0,3 y 0,4% del producto interior bruto.