El 42% del software en las empresas españolas es ilegal

El valor comercial de los programas sin licencia llega a 717 millones El porcentaje cae dos puntos respecto a 2016 gracias a la aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual y la cooperación empresarial

El 42% del software instalado en los ordenadores de las empresas españolas (cuatro de cada diez) no cuenta con las licencias pertinentes. La cifra está incluida en la Encuesta Global de Software 2018, que hará pública hoy, martes, a nivel mundial BSA/ The Software Alliance, y a la que ha tenido acceso Cinco Días.

Aunque el porcentaje representa una ligera mejoría (2 puntos menos que el 44% detectado hace dos años, fecha de la última encuesta bianual), este sigue muy por encima del registrado por la media de la Unión Europea (28%), según el mismo informe. En Alemania, país muy concienciado en esta materia, el porcentaje de software ilegal es de solo el 20%, mientras que en Grecia, en el extremo opuesto, alcanza el 61% de los paquetes informáticos. Fuera de Europa, destaca el bajo  porcentaje en Estados Unidos (15%) y Japón (16%), frente a China (66%), país con escaso cultura de respeto a la propiedad intelectual.

En cuanto al valor comercial que supone el software sin licencia instalado en ordenadores de empresas en España, la cuantía asciende a 859 millones de dólares (717 millones de euros). Un coste nada desdeñable.

Los autores del informe indican que la reducción del 44% al 42% se ha conseguido gracias a las acciones puestas en marcha en los últimos años por el sector para afrontar un problema que afecta a fabricantes y desarrolladores de software, el canal de distribución y a la propia Administración.

Desde BSA destacan la cooperación entre el Gobierno y la industria a través de la iniciativa “Software legal, valor Seguro” cuyo fin es promover la gestión de activos de software en las organizaciones, concienciar a las pymes sobre el valor del software y de los riesgos de utilizar software sin licencia.

Costes penales e imagen pública

Entre las primeras consecuencias del uso de software ilegal se encuentran las legales (indemnizaciones a los perjudicados y multas por el mal uso informático), agravadas tras la reforma del Código Penal en 2015. Y es que, además de los riesgos penales para sus responsables (puede llegar a penas de prisión), las propias empresas pueden enfrentarse a la sus pensión de su actividad, la inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas e incentivos fiscales.

“A ello se le debe sumar el impacto negativo sobre su imagen pública y reputación, efecto muchas veces fundamental para la empresa”, indica Carlos Pérez, socio responsable del área de IT, Risk & Compliance de Ecija Abogados.

Y por último, algo nada desdeñable: el software ilegal favorece los ciberataques. Cuanto mayor es el índice de software sin licencia instalado en los equipos mayor es la probabilidad de que exista malware en dichos equipos, con los graves riesgos que conlleva, recalcan desde BSA. La consultora indica que solo en 2015 (último año con datos comparables), los ciberataques a empresas a representaron un coste de 400.000 millones de dólares. Según KPMG y Harvey Nash, un tercio de las empresas ha sufrido un ciberataque en los dos últimos años.

El otro factor importante para impulsar el compliance en los últimos dos años ha sido la sensibilización sobre los problemas de ciberseguridad relacionados con el uso de software sin licencia. La mitad de los responsables en inteligencia artificial encuestados mencionan en el informe la ciberseguridad como la principal razón para evitar el software sin licencia.

“La reducción de los niveles de software ilegal es una buena noticia. La iniciativa está calando en las empresas con el apoyo de Cepyme y CEOE. Esperamos mejorar resultados en próximos años, gracias a la renovación del acuerdo hasta 2021”, apunta Andrés Pi, portavoz del Comité Español de BSA.

El estudio concluye que España es un "mercado en proceso de maduración", con un creciente uso de software por suscripción así como con una mayor conciencia de los problemas de seguridad con software sin licencia. Además, el país ha reforzado la legislación de propiedad intelectual centrada en la piratería online.