El inversor mexicano Del Valle critica la falta de transparencia en el caso Popular
Las dudas sobre el proceso de intervención aumentan La JUR aún no ha dado a conocer gran número de documentos
El próximo miércoles, 6 de junio, se cumplirá un año desde que la Junta Única de Resolución (JUR) decidió intervenir Banco Popular para horas después venderlo por un euro a Santander. Tanto los clientes del banco que entonces presidía Emilio Saracho como sus accionistas se acostaron con una entidad financiera debilitada, pero cotizando en Bolsa, aunque bajo mínimos, para despertarse con la sorpresa de que Popular ya no existía, como tal.
En horas había sido resuelto por Europa, según fijan las nuevas normas de la zona euro, y vendido al único postor que presentó oferta firme, la entidad que preside Ana Botín, ya que BBVA parece que no tuvo tiempo suficiente para presentar una oferta el día de autos. La operación se cerró por 1 euro, aunque Santander tuvo que realizar una ampliación de capital por 7.000 millones de euros en julio.
A las 8.00 del día 7 de junio de 2017 todas las oficinas de Popular abrieron sus puertas con normalidad, pero ya bajo el paraguas de Santander, tras haber inyectado 13.000 millones de euros de liquidez para que el banco pudiera operar. Los depositarios conservaron sus ahorros, pero sus accionistas habían perdido todo su dinero. Sus títulos carecían de cualquier valor. Era la primera vez que un banco entraba en resolución y los inversores, por pequeños que fueran, perdían todo su dinero sin posibilidad de recuperarlo en un proceso muy similar a una expropiación, según varios expertos jurídicos, derivada de una falta de liquidez de la entidad.
Ahora, 360 días después, las dudas sobre por qué el Banco Central Europeo o el Banco de España, o incluso el propio Gobierno, tardaron tanto en actuar para evitar la caída de Popular, crecen, según apuntan todas las fuentes jurídicas consultadas. Tampoco queda claro, según las mismas fuentes y varios expertos, por qué Europa decidió adoptar por primera vez una medida tan drástica con el banco español.
“Es llamativo que un año después de la resolución de Banco Popular, la JUR, el Gobierno español y Banco Santander continúen dedicando esfuerzos para evitar la transparencia respecto al proceso de resolución y la base sobre la cual se ordenó. No obstante, los inversores continuarán luchando para lograr la transparencia que merecen y que los Gobiernos de la UE y España asuman responsabilidades”, declara Javier Rubinstein, abogado de Kirkland & Ellis LLP, que representa a los inversores mexicanos encabezados por Antonio del Valle, que llegó a tener el 4,5% del capital de Popular.
De momento, se mantienen las incógnitas sobre por qué se tomó la decisión de resolución y cómo se llevó a cabo, apuntan varias fuentes jurídicas. Aunque estas mismas fuentes reconocen que el panel de la JUR ha ordenado una divulgación limitada de la resolución, mantienen que los elementos centrales del proceso y de su comunicación se desconocen.
Denuncia penal de Pimco
El juez de la Audiencia Nacional ha aceptado la solicitud de uno de los grupos más importantes de fondos del mundo tenedores de bonos de Banco Popular por unos 850 millones de euros. Este grupo se personó en enero como afectado en la investigación penal abierta por la Audiencia Nacional contra la entidad financiera española, sus dos expresidentes, Ángel Ron y Emilio Saracho, los miembros de su antiguo consejo de administración y la firma encargada de su auditoría, PwC.
El grupo de bonistas incluye a Pimco, Anchorage Capital Group, Algebris Investments, Ronit Capital y Cairn Capital. Los pequeños accionistas, mientras, intentan que la Audiencia Nacional amplíe la investigación contra los antiguos gestores de Popular a partir de la ampliación de capital del banco de 2012, pese a que el juez Fernando Andreu ha decidido limitar a 2016 las denuncias penales. Fuentes jurídicas aseguran que el caso Popular tardará más de dos años en resolverse, mientras que crecen las denuncias penales, civiles y las interpuestas en el Tribunal de Luxemburgo.
Inversores y algunos exconsejeros de Popular aseguran que la resolución se ordenó solo debido a la fuga de depósitos, no sobre la base de falta de solvencia. Y recuerdan que hubo bancos de inversión como Deutsche Bank o Barclays interesados en realizar una ampliación de capital de hasta 8.000 millones de euros.
Popular estudiaba entonces la venta de Total Bank y Wizink para mejorar su solvencia y liquidez. Lo mismo que su ladrillo, el lastre que arrastraba desde casi 2008 y que fue al final la soga que terminó ahogándole. Pero fue Santander el banco que logró rematar estas operaciones, y protagonizó la mayor operación de venta de activos inmobiliarios de Europa el pasado año, tras vender a Blackstone la mitad del ladrillo de Popular y crear una sociedad conjunta con un valor contable de 30.000 millones.
Santander recibió 5.000 millones de euros por esta operación. Exconsejeros de la entidad se quejan aún de que el Banco de España fue informado por la dirección de Popular como mínimo desde marzo de 2017 de la continúa fuga de depósitos y, por consiguiente, del debilitamiento de su liquidez. Y aseguran, según las denuncias, que el Gobierno español fue uno de los responsables de la crisis de liquidez al representar el 38% de los depósitos retirados en los seis meses previos.
Mientras, Popular se ha integrado casi por completo en Santander y los mercados ya han descontado y tenido en cuenta casi todo este proceso, del que únicamente falta la fusión de las redes comerciales de ambas marcas, lo que ocurrirá después del verano, tras la integración tecnológica de sus respectivas plataformas.
La decisión de qué aseguradora trabajará definitivamente con el grupo, si Zurich, que firmó hace años un acuerdo de exclusividad con la red de Santander, o Allianz, que fue accionistas destacado de Popular y socio en seguros, también está pendiente de resolver. Aunque todo apunta a que la aseguradora alemana recibirá una indemnización por romper sus lazos con el grupo que preside Botín.
