Cuentas públicas

El Presupuesto de 2018 es un espejismo: la época de los ajustes no ha acabado

Bruselas exige un control del gasto público que el Gobierno no acatará de momento

España bajará el déficit público al 3%, pero seguirá sin cumplir el Pacto de Estabilidad

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici.
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici. EFE

España reducirá este año su déficit público por debajo del 3% del PIB, algo que no ocurría desde hace una década. Ello permitirá que el país abandone el Procedimiento de Déficit Excesivo abierto por Bruselas en un contexto en el que España suma tres ejercicios creciendo por encima del 3% y este año su economía avanzará más que los grandes países europeos. Alguien podría pensar que la época de los ajustes ha terminado, y más después de la aprobración del Presupuesto de 2018, que contempla una subida de las pensiones, de los salarios públicos y una rebaja del IRPF.

Sin embargo, se trata de un espejismo. Las finanzas públicas en España siguen presentando desequilibrios importantes, que se reflejan en la elevada deuda pública y el déficit estructural. Cuando España reduzca este año su déficit público por debajo del 3%, abonadonará el brazo corrector de la UE y entrará en el brazo preventivo. Un cambio que tiene importantes consecuncias. En primer lugar, entra en juego una regla de gasto europea que es mucho más estricta que la nacional y, además, el saneamiento de las cuentas públicas ya no se vincula al déficit nominal, sino al estructural.

Las recomendaciones de la Comisión Europea publicadas este miércoles ya anticipan el nuevo escenario que espera a España. Bruselas recomienda que el gasto público primario neto no exceda del 0,6% en 2019. Sin embargo, esa evolución resulta difícilmente asumible en un momento en el que el Gobierno se ha comprometido a subir las pensiones un 1,6% este año y el siguiente y el sueldo de los funcionarios aumentará como mínimo un 1,75% en 2018 y un 2,25% el próximo año, aunque ambas cifras podrían ser mayores en función de la evolución económica. Además, España entra en período electoral, lo que siempre se traduce en mayor gasto público. Con estas variables, resulta muy improbable que el sector público cumpla la regla de gasto europea. De hecho, tampoco se ajustará a la nacional, según las estimaciones de la Airef. La regla de gasto europea, a diferencia de la interna, sí incluye las partidas de las pensiones y eso añade aún más presión. Algo que no impidió que el Gobierno acordara con el PNV retrasar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, ideado para frenar el gasto en pensiones.

Bruselas también exige que el déficit estructural, es decir, los números rojos que presenta España en un situación económica neutral, se reduzcan un 0,65% del PIB el próximo año. Ello exigiría del Gobierno medidas de ajuste por el lado del gasto o de los ingresos. La Comisión Europea prevé que el déficit estructural aumentará este año del 3% al 3,3% y bajará el siguiente al 3,2%. Muy lejos de las exigencias europeas.

Así, el hecho de salir del brazo correctivo y pasar al brazo preventivo no impedirá que España siga incumpliendo el Pacto de Estabilidad. La legislación europea contempla la apertura de un expediente por desviaciones significativas, que incluye sanciones. Sin embargo, si hasta ahora no se ha multado a ningún país, parece improbable que se recurra a castigos.

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