Necesitamos una política económica realista

Ni las cuentas ni las previsiones del Gobierno son creíbles: hace falta una reforma fiscal profunda

Necesitamos una política económica realista

La improvisación ha hecho que las cuentas públicas para 2018 de la Administración central sean papel mojado, así como la Actualización del Programa de Estabilidad (APE) 2018-2021. La desviación del déficit en 2018 y 2019 será tal que o bien la UE pedirá medidas adicionales y/o el propio Gobierno no ejecutará parte de los Presupuestos aprobados por el Congreso, y los sospechosos habituales serán las partidas de gasto productivo y las relacionadas con los derechos de los ciudadanos para permitirles ajustar el déficit en alguna medida.

Colateralmente, se provoca una pérdida de credibilidad que se produce justo en el momento en el que crecen los riesgos geopolíticos, se reducen los vientos de cola y la resolución de la crisis política italiana puede afectar a las primas de riesgo de las economías periféricas.

La improvisación tiene su origen en la falta de realismo, que surge del hecho de que la ideología nubla la vista de los dirigentes de la derecha española, la antigua y la nueva. Piensan que las urgencias de la sociedad española y los retos pueden abordarse con unos ingresos públicos, a lo largo de los años, de alrededor de 38 puntos porcentuales del PIB, lo que se ha dado en llamar la España del 38%, y que solo hay que ir reduciendo los gastos hasta situarlos por debajo de ese nivel, para que, en 2021, España goce, de acuerdo con las estimaciones del Gobierno, de superávit. Pero cuando llegan las necesidades de gastos y las demandas, solo las medidas improvisadas, los recortes y los trucos contables ayudan a cuadrar las cuentas. Antes de que el Gobierno presentase el proyecto de Presupuestos, consensuado con Ciudadanos, su socio en materia económica y fiscal, desde el PSOE le expresamos públicamente que las pensiones públicas debían crecer con el IPC, y para ello Pedro Sánchez propuso un conjunto de medidas. Posteriormente el Gobierno reaccionó tarde y de manera improvisada, dándole la razón en parte al PSOE, aceptando un impuesto a las multinacionales digitales que anteriormente había rechazado en el Congreso. Pero la improvisación conlleva parches y llevará a España a tener un déficit público que se alejará del 2,2% de PIB, el objetivo para este año.

La reforma unilateral de las pensiones que aprobó el Gobierno en 2013 es otro ejemplo de esa falta de realismo: cuando ha llegado el momento de la verdad, es decir, cuando la inflación comienza a ser significativa, se aplaza su entrada en vigor.

En definitiva, los Presupuestos de 2018 y la Actualización del Programa de Estabilidad ponen de manifiesto que el Gobierno no tiene una visión realista, ni de futuro, entre otras razones porque no quieren abordar una reforma fiscal en profundidad.

¿Por qué pensamos que en España hay que repensar el proyecto fiscal y social con los pies en el suelo? Varias son las razones.

1. El reto del envejecimiento. En el medio plazo el mencionado desafío podría conllevar unos mayores recursos presupuestarios que se podrían estimar entre 2 y 4 puntos porcentuales de PIB.

2. La cuarta revolución industrial lleva aparejada un incremento de la desigualdad. Es una revolución que favorece a los trabajadores cualificados, lo que exigirá un mayor esfuerzo en políticas redistributivas. Por tanto, y de manera inaplazable, dichas políticas nos deberían acercar a los estándares europeos en gasto social en porcentaje del PIB.

3. Los niveles en gasto público productivo (tangible e intangible) están bajo mínimos.

4. La vulnerabilidad asociada al endeudamiento. De acuerdo con estimaciones realizadas por la Autoridad Fiscal (Airef), retornaremos, en el medio plazo, al 60% de deuda en relación al PIB con un déficit estructural primario del 2%.

5. Los pasivos contingentes de empresas públicas, Sareb y la colaboración público privada, podría incrementar la deuda pública. Por consiguiente, es preciso evaluar las consecuencias sobre las finanzas públicas de dichos pasivos.

6. A la hora de lograr el objetivo de déficit público a lo largo del ciclo hay que tener en cuenta que las crisis financieras, en general y en nuestro país, son periódicas, y de media sufrimos una cada 15 años.

Por todo ello es una irresponsabilidad tener como objetivo situar de manera permanente los ingresos públicos en el 38% del PIB; más irresponsabilidad aún es ir socavando los impuestos directos, tal y como sucedió con la reforma fiscal de 2015 que ha supuesto un merma de ingresos, específicamente en 2017, de 15.000 millones de euros, de acuerdo con Airef.

Los mencionados desafíos exigen una estrategia fiscal para España, que cumpla tres premisas:

1. Una reforma de la imposición, de tal forma que permita que contribuyan más los que más ganan y los que más poseen. El secular incremento de la desigualdad en el siglo XXI, en parte asociada a los cambios tecnológicos, exige una política redistributiva más vigorosa. Ello conlleva un replanteamiento de la fiscalidad óptima, que sigue concluyendo que los impuestos directos, y en concreto que los impuestos sobre el capital, son ineficientes desde el punto de vista del crecimiento económico.

2. Tomarse en serio la lucha contra el fraude, la elusión y la evasión fiscal.

3. Mejorar sustancialmente la eficiencia en el gasto público, y la utilización en ocasiones de medidas selectivas de gasto público para lograr los objetivos perseguidos.

En definitiva, la falta de realismo del proyecto fiscal del Gobierno tiene entre sus consecuencias: la consolidación de las pérdidas de derechos sociales para la mayoría y no preparar a la economía española para el próximo cambio de ciclo.

Pedro Saura es Portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso

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