Una rebaja fiscal a las rentas más bajas que castiga los incrementos de salario

La medida afectará a 2,3 millones de contribuyentes que ganan entre 14.000 y 18.000 euros

La política y la técnica fiscal suelen ir de la mano; la primera sienta los criterios y marca los fines y la segunda los ejecuta. Pero hay veces, aunque no sea una situación frecuente, en que ese engranaje técnico-legislativo experimenta distorsiones y arroja un resultado que trunca finalmente, o incluso contradice, el objetivo inicial. Esto es lo que ha ocurrido con la nueva estructura del IRPF pactada entre el Gobierno y Ciudadanos, que incluye una rebaja del impuesto a las rentas más bajas cuyo diseño provocará que a los trabajadores con renta inferior al salario medio se les aplique por cada euro adicional que cobren (fruto de una subida salarial o del pago de horas extras) un tipo marginal efectivo del 62,5%, es decir, más alto que el de un millonario. Esta anomalía técnica ya existía, pero el cambio fiscal la intensificará, de forma que por cada euro de incremento que cobre el contribuyente de renta baja, su base imponible crecerá en más de dos euros y su marginal se disparará hasta resultar confiscatorio. Para verlo con claridad basta un ejemplo sencillo: si a un trabajador que cobra 17.500 euros brutos se le sube el salario 100 euros adicionales, de estos pagará al Estado 62,5 euros (56,1 a Hacienda y el resto a la Seguridad Social) y se llevará a casa únicamente 37,5 euros.

Pese a que la explicación de esta distorsión esté solo en un problema de técnica legislativa, el cambio convertirá a España en el único país del mundo desarrollado en penalizar fiscalmente las subidas de salario o el pago de horas extras en los niveles más bajos de renta. La legislación española aplicará también el marginal efectivo más elevado de su entorno a los incrementos salariales de los trabajadores que ganan entre 14.000 y 18.000 euros, un tramo en el que se sitúan en torno a 2,3 millones de contribuyentes. Es cierto que los trabajadores en esa horquilla de renta soportarán una presión fiscal que estará entre las más bajas de la OCDE, como también lo es que en principio se ha optado por tolerar esta deficiencia para evitar distorsiones mayores en el conjunto del impuesto. Pero la penalización se producirá y no existe justificación de política fiscal que la respalde. Hacienda debería contar con expertos suficientes como para buscar un modo de aplicar esta nueva rebaja fiscal sin castigar los incrementos salariales.

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